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Impedir un Consejo de Ministros puede costar hasta 5 años en prisión

LA LONJA BARCELONA

Impedir a los miembros del Gobierno asistir a un Consejo de Ministros o poner obstáculos para evitar que éstos puedan llegar a la reunión está considerado un delito contra las instituciones del Estado que puede castigarse con un máximo de cinco años de prisión en función de si el delito es contra los asistentes o contra el lugar donde se celebra y de si se emplea o no la violencia.

Este viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez se reunirá en Barcelona para celebrar el último Consejo de Ministros del año, y aunque habrá un amplio despliegue policial ante las concentraciones previstas, cualquier disturbio que pueda provocar que se cancele la reunión del Ejecutivo puede ser motivo de delito.

¿QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL?

Según el artículo 503 del Código Penal, se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión para aquellas personas que "invadan violentamente o con intimidación" el lugar en el que esté reunido el Consejo de Ministros, así como para quien coarte o ponga obstáculos para la celebración de la reunión de los miembros del Ejecutivo.

El siguiente artículo, el 504, hace referencia a impedir a los asistentes acudir al Consejo, de manera que el empleo de fuerza, violencia o intimidación contra ellos está castigado con entre dos y cinco años de prisión.

Una de las ocasiones en las que se aplicó el delito con las instituciones del Estado fue en 2015, cuando el Tribunal Supremo condenó a tres años de prisión a ocho personas tras un asedio al Parlament de Cataluña en el que impidieron la entrada de más de una decena de parlamentarios, entre ellos el entonces 'president' Artur Mas, cuyo coche oficial fue golpeado y zarandeado y tuvo que acceder a la cámara en helicóptero.

LUGAR Y DISPOSITIVO POLICIAL

La reunión del equipo de Pedro Sánchez tendrá lugar en la Llotja de Mar, una ubicación elegida por Moncloa que no ha convencido al Govern, ya que según su portavoz, Elsa Artadi, "si la preocupación del Gobierno es la movilidad, la reunión en medio del centro de Barcelona seguramente no es la mejor opción".

En total estarán desplegados unos 9.000 efectivos policiales que prevén incidentes simultáneos en distintos puntos de Cataluña y problemas de movilidad por las protestas convocadas. El cuerpo de los Mossos d'Esquadra será el principal encargado de garantizar la seguridad durante la jornada y contará con la colaboración de casi 1.000 agentes de la Policía  Nacional y la Guardia Civil compuestos por 15 grupos de la Unidad de Intervención Policial y 200 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad desplazados desde todo el país.

Los mandos de los tres cuerpos policiales (Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional) permanecerán en una misma sala del interior de la Consellería de Interior y desde ahí dirigirán el dispositivo en torno al Consejo de Ministros para proteger no solo el edificio de la Llotja de Mar sino también otros puntos como la Delegación del Gobierno o la Jefatura Superior de Policía y vigilar las infraestructuras ante posibles cortes de carreteras o vías de tren.

El viernes está previsto que una veintena de entidades se manifiesten a las 18:00 en la ciudad condal desde los Jardinets de Gràcia hasta el cruce del Paseo de Gracia con la Gran Vía de las Cortes Catalanas por "los derechos sociales, el derecho a la autodeterminación y contra la represión" y bajo el lema "Tumbemos el régimen". En esta marcha participarán ANC, Òmnium, CUP, CDR, ERC y las juventudes de PDeCAT, entre otros colectivos como Universitats per la República o Intersindical CSC que aseguran que el Gobierno va "a provocar otra vez" y que por ello van a responder con "paz y tranquilidad".

Por su parte, los CDR han convocado varias movilizaciones desde primera hora de la mañana del viernes (8:30 horas) que han llamado "columnas", distribuidas en tres puntos de Barcelona alrededor de Llotja de Mar y todos situados a escasos 700 metros del edificio.

También por la mañana, Òmnium Cultural ha organizado a las 11:00 horas frente a la Estación de Francia un 'Consejo Popular de Ministros' como alternativa a la reunión del Gobierno central y donde se "expondrán las problemáticas y los retos de los diferentes sectores" de la sociedad catalana.

 


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