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La consultora de la equiparación salarial reclama a Interior el pago de los 120.000 €

MARASKA BOTELLA

Ernst&Young Abogados pide por carta el abono del informe sobre la igualdad retributiva con los Mossos / La Administración tendría que haberlo pagado antes del 10 de agosto, un mes después de que el Ministerio hubiera recepcionado el trabajo

La consultora externa que ha realizado el informe sobre la equiparación salarial ha reclamado al Ministerio del Interior que le pague los 120.516 euros en que se pactó el encargo, al haber transcurrido más de dos meses desde que entregó el trabajo y no habérsele abonado la factura.

Interior adjudicó a Ernst&Young Abogados SLP en julio de 2018 el contrato para la realización de un estudio comparativo de las retribuciones y puestos de trabajo existentes en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra. La multinacional fue una de las seis empresas que pujaron por el encargo, siendo la suya la segunda oferta más económica (120.516 euros, incluido el IVA) de las presentadas.

Tras devolver el primer informe a finales de marzo, el departamento que dirige en funciones Fernando Grande-Marlaska recepcionó favorablemente la nueva versión el pasado 10 de julio. Ese mismo día está fechada la factura presentada al cobro por el proveedor, numerada como PESL0200191351.

A la vista de que el trabajo seguía sin abonarse tras las vacaciones de agosto, el área de Administración de Ernst&Young se dirigió el pasado 6 de septiembre a Interior interesándose por el cobro de la factura. El responsable de Tesorería envió una carta ese día reiterando que se les abonara el servicio bien mediante transferencia a una cuenta bancaria que la empresa tiene abierta en una sucursal de La Caixa en la madrileña calle de Diego de León o bien mediante un cheque nominativo.

No ha sido la única gestión que ha realizado la compañía. Según ha podido conocer El Independiente, Ernst&Young presentó en el Registro General del Ministerio del Interior el pasado 19 de septiembre la factura para que se le abonen los servicios prestados, llevados a cabo por técnicos de la empresa durante varios meses.

Silencio de Interior

Este diario ha intentado conocer si el departamento que dirige Grande-Marlaska ha pagado ya el trabajo desde que la empresa registró la factura por última vez el pasado 19 de septiembre y cuál ha sido el motivo del retraso, pero no ha obtenido respuesta.

El pliego de cláusulas administrativas que reguló el concurso público para la contratación de la consultora externa que hiciera el informe sobre la equiparación salarial remite a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público en lo que se refiere a las condiciones de pago del servicio contratado.

En su artículo 198.4, dicha norma fija que la Administración está obligada a abonar el precio pactado entre los 30 días siguientes «a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acreditan la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados».

Teniendo en cuenta esta disposición y la fecha en que la Secretaría de Estado de Seguridad dio por recepcionado de forma favorable el trabajo (10 de julio), Ernst&Young tendría que haber percibido el dinero antes del 10 de agosto. El retraso sobre la fecha máxima rozaba el mes y medio cuando la multinacional presentó la factura en el registro general el 19 de septiembre.

Plazo de 30 días

La Ley de Contratos del Sector Público prevé también que, en caso de que la Administración se demore en el pago respecto a los plazos previstos, el contratista pueda reclamar intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro. Para ello, el proveedor debe haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación del servicio.

En la documentación correspondiente a la licitación, Interior reconocía tener «crédito suficiente» para responder al trabajo que quería contratar, cuyo valor estimó en 193.600 euros (IVA incluido). En el cuadro de características se detalla que el gasto se imputaría a la aplicación presupuestaria 16.02.132A.227.06.

La Secretaría de Estado de Seguridad entregó a finales de julio a los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil firmantes del acuerdo de equiparación salarial una copia del informe elaborado por Ernst&Young, que se consideraba clave para determinar si los 807 millones de euros comprometidos por el Ministerio del Interior para el trienio 2018-2020 eran suficientes para alcanzar la igualdad retributiva total de policías y guardias civiles con los Mossos d’Esquadra.

Las organizaciones no dan por bueno el documento, dado que la consultora externa reconoce que -por imposición de Interior- su trabajo se ha limitado a establecer el reparto de los 807 millones de euros. En la primera versión entregada sí reconocía que el citado montante era insuficiente para alcanzar el objetivo de acabar con la brecha salarial, al incluir conceptos indemnizables y no salariales.

Rechazo de sindicatos y asociaciones

Sindicatos y asociaciones profesionales han presentado alegaciones al trabajo de Ernst&Young al considerar que no da respuesta al encargo que se le hizo -la Generalitat no ha ofrecido los datos requeridos sobre retribuciones y puestos de empleo en la Policía Autonómica a fin de hacer la comparación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado- y a que no ha tenido en cuenta otras particularidades, como el incremento de las plantillas que se ha producido desde que se calculó inicialmente para establecer el reparto.

Interior debe decidir ahora si admite algunas de estas observaciones y poner fecha al pago del tercer y último tramo de la equiparación, cuando tendrá que desembolsar los 247 millones restantes para completar los 807 prometidos. El equipo de Grande-Marlaska ha asegurado que hará todo lo posible para que se abone, si bien no oculta que el hecho de que no haya presupuestos y que el Gobierno esté en funciones dificulta la tramitación administrativa.

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