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Técnicos de Hacienda avisan que la Junta financió academias fantasma

  • Escrito por Redacción

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Fondos públicos para la formación de desempleados terminaron en cuentas corrientes de empresas tapadera creadas con un único objetivo: «Quedarse con la subvención y posteriormente desaparecer sin dejar rastro».

Según el sindicato que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ésta es la triste «realidad» que se esconde detrás del fraude de los cursos financiados por la Junta de Andalucía que investigan la Fiscalía de Málaga y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Judicial. «Nos tiene muy sorprendidos que a la hora de adjudicar subvenciones a las sociedades se les exigen en las convocatorias los mismos requisitos que para constituirse; es relativamente fácil acceder ayudas y luego disolverse», declaró a ABC Manuel Redal, auditor nacional y consejero de Gestha. «Se constituían empresas exclusivamente para eso, para quedarse con el 75 por ciento de la subvención» que le adelantaba la Administración autonómica y ni siquiera llegaban a cobrar el 25 por ciento restante, que estaba condicionado a la presentación de una auditoría sobre las clases impartidas.

Esta situación explica el rentable negocio que se movía en torno a la formación en la comunidad con la tasa de paro más alta de España (36,3%). El sistema, que adolecía de falta de control, alentó el fraude en Andalucía, donde se encuadra la denominada operación «Edu», pero también, a juicio de Gestha, en otras comunidades. En Madrid, donde las pesquisas del caso «Aneri» están más avanzadas, la UDEF detuvo a trece personas por el diseño de cursos falsos para cobrar dinero público destinado a la formación.

La Junta de Andalucía relajó los mecanismos administrativos de control y seguridad de las subvenciones. Una situación que pretende enmendar el Ejecutivo que preside Susana Díaz con la aprobación de una nueva normativa «más garantista». Prueba de este descontrol es el hecho de que tarde años en revisar los expedientes. En enero de 2013, como reveló ayer ABC, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acumulaba 634,62 millones de euros en expedientes de subvenciones sin revisar, según el informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta correspondiente a 2012. Con posterioridad, hace siete meses, el Gobierno andaluz ordenó una revisión de oficio de las ayudas, paralela a la investigación de la UDEF. La Consejería de Educación, donde han recalado las competencias de formación que antes estaban en Empleo, ha pedido 480 requerimientos de documentación y ha abierto 56 expedientes de reintegro parcial o total de la ayuda, según indicó ayer la Junta.

La Administración relajó los mecanismos administrativos de seguridad y control. Este caldo de cultivo «propició» las irregularidades, a juicio del consejero de Gestha. Añade que suele ser común en las administraciones «contribuye a eludir los controles, que ya de por sí son poco eficaces, la creación de muchas entidades como fundaciones o sociedades» que no están sometidas a los rigores de la vigilancia de la Intervención de Fondos.

De confirmarse la malversación de fondos, estas sociedades y sus responsables estarían cometiendo un doble fraude, recordaron desde Gestha: por un lado, la percepción indebida de una subvención y, por el otro, la evasión fiscal del dinero apropiado que está por cuantificar. «La pérdida del dinero si ya está desaparecida la sociedad puede llegar a constituir un fraude fiscal, dependiendo del volumen», señala Redel. Durante el periodo de 2007 a 2013 se repartieron 2.000 millones de euros, muchos de ellos procedentes de fondos europeos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, aseguró ayer, respecto al presunto fraude en los fondos para formación de parados, que «no es conveniente que tenga tanta repercusión» un caso que «no está judicializado».

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mostró su disposición a organizar un equipo de trabajo para dar el mayor impulso posible a la investigación de supuestos fraudes en la concesión de cursos de formación relacionados con la Seguridad Social en Andalucía.

Eduardo Torres-Dulce, que hizo estas manifestaciones durante un acto celebrado en el Congreso de los Diputados, afirmó que, según le ha comunicado el fiscal jefe Anticorrupción, al menos hasta ayer la Fiscalía todavía no había recibido los informes de la UDEF. Cuando la Fiscalía los examine, anunció que ya ha expresado a los fiscales jefes Anticorrupción y de Málaga su criterio de «la máxima disposición de organizar un equipo de trabajo para dar el mayor impulso posible a la investigación» para determinar si estos hechos son delictivos.

Benemerita al Dia/ABC

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