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Medidas para mantener el orden legal en caso de una declaración de independencia

  • Escrito por Redacción

El Ejecutivo lleva algunos meses estudiando las herramientas que, llegado el caso, podrían aplicarse en Cataluña. Algunas de ellas nunca han sido aplicadas en democracia.

Las fuerzas independentistas lograrán, probablemente, la mayoría absoluta el próximo 27 de septiembre. Junts pel Sí y las CUP sumarán, según la mayoría de las encuestas, 68 o más diputados en el Parlament. Con semejante resultado, el full de ruta prevé declarar la independencia en menos de 18 meses. Para ello habrá que rebasar la legalidad en algún momento. Así lo confesaba el presidente de la Assemblea Nacional Catalana hace algunos días y así lo contemplaba la organización cuando, por escrito, preveía “ejercicios de soberanía” que llevarán al control de “grandes infraestructuras y fronteras —puertos y aeropuertos—, la seguridad pública y las comunicaciones”. También la Generalidad, a través del llamado Consell Nacional Transició Nacional, maneja documentos en los que se valora la posibilidad de hacerse con el “Aeropuerto del Prat y otras infraestructuras”.

Así las cosas, el Gobierno de España lleva meses preparando su batería de acciones legales para que, en caso necesario, el Estado frene una eventual declaración unilateral de independencia. Estas son las herramientas que maneja el Gobierno:

Tribunal Constitucional

El Gobierno está tramitando por vía urgente una reforma del Tribunal Constitucional que quedará definitivamente aprobada a mediados del próximo mes de octubre. La reforma busca evitar que se produzcan nuevas vulneraciones de los fallos del Tribunal, como ocurrió el pasado 9N con el pseudorreferéndum independentista. Con las nuevas competencias el TC podrá suspender a “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquier administración o poder público para “garantizar la efectividad de sus resoluciones”. Para algunas voces críticas, la reforma implica una dejación de responsabilidades del Gobierno, que cedería al Alto Tribunal la decisión última.

Código Penal

El Gobierno podría aplicar el título XXI del Código que regula los delitos contra la Constitución y, en concreto, el que tipifica el de rebelión. Para algunos juristas el delito de rebelión sólo sería tal en el caso de que se produjeran episodios de violencia. El Código Penal también prevé el delito de desobediencia grave - incumplir una orden directa, expresa, personal y reiterada, según la jurisprudencia- y de sedición, que requiere un alzamiento público, tumultuario y no violento (de serlo, se trataría probablemente de un delito de rebelión). Por último, dentro del mismo Código Penal figura también el artículo 544, pensado para quienes, al margen de las normas legales, impidan la aplicación de las leyes a cualquier autoridad. Todos los delitos arriba citados acarrearían una pena de prisión, una posibilidad que, como ya adelantó este periódico, está sobre la mesa del Gobierno.

Artículo 155

Al contrario de lo que viene apuntándose, la aplicación del Artículo 155 no implica necesariamente la suspensión de la Autonomía. Llegado el caso, el Gobierno podría asumir competencias parciales del Ejecutivo regional que actuase contra derecho. Podría recuperar poderes en Hacienda, en seguridad y, sólo en el caso más extremo, aplicar la citada suspensión de autonomía. Todo ello sin necesidad de pasar por los tribunales. Eso sí, su aplicación requiere de la aprobación del Senado, y la Cámara Alta permanecerá cerrada durante aproximadamente dos meses, el tiempo que transcurrirá desde la convocatoria de las elecciones generales y la constitución de las nuevas Cortes.  

Estado de excepción

Establecimiento de un régimen de excepción, durante el cual se suspende el libre ejercicio de algunos derechos fundamentales tales como el derecho a la huelga, derecho de reunión en lugares públicos, de manifestación, de inviolabilidad del domicilio o de la libre circulación, entre otros. El Estado encargaría al Ejército el control del orden. De aplicación cuando resulte gravemente alterado el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el de los servicios públicos esenciales, y las potestades ordinarias del Estado resulten insuficientes para mantenerlos. Se precisa de la autorización del Congreso; nunca se ha aplicado en democracia (sí el estado de alarma, aplicado por el Gobierno de Zapatero en 2010 con motivo de la huelga de controladores), y de llevarse a cabo tendría una duración limitada a 30 días, prorrogable a 30 días más.

Estado de sitio

Su aplicación resulta harto improbable, pues se establece, por lo general, en caso guerra, de invasión o guerra civil. Quedan suspendidas todas las garantías constitucionales, el Gobierno asumiría todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y designará a la autoridad militar que, bajo su dirección, haya de aplicar las medidas oportunas. Algunos delitos podrían quedar sometidos a la Jurisdicción Militar si así lo establece el Congreso de los Diputados. Su aplicación estaría justificada “cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios”. El Gobierno establecería la duración, condiciones y ámbito territorial donde habría de aplicarse.

Rafael Núñez Huesca

LA GACETA

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