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Caso "Juntos por el 3%": Los papeles de Sumarroca delatan a Mas

  • Escrito por Redacción

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El juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) y la Fiscalía anticorrupción disponen de documentos que prueban el pago sistemático de comisiones a Convergencia a través de algunos ayuntamientos controlados por el partido y también vía fundación "CatDem" por la adjudicación de obra y contratos públicos a las empresas del grupo Sumarroca.

El mecanismo es el del 3 por ciento ampliado, un nada sofisticado sistema por el que los Sumarroca eran socios preferentes de las administraciones convergentes y el partido que preside Mas se nutría de fondos procedentes de las arcas públicas. Los sobrecostes redondeaban el negocio.

El pasado 25 de julio, en coincidencia con el primer aniversario de la confesión de Jordi Pujol, Jordi Sumarroca, a la sazón consejero delegado de la constructora Teyco ingresaba en prisión sin fianza por el pago de 1,4 millones de euros al exalcalde convergente de Torredembarra. Pocos días después, el 11 de agosto, era puesto en libertad tras el pago de una fianza de seiscientos mil euros. La defensa alegó que no había riesgo de destrucción de pruebas y que Sumarroca había colaborado y proporcionado toda la documentación solicitada por los investigadores.

Los pelotazos municipales

Dos semanas después, agentes de la Guardia Civil entraban en la sede de Convergencia, de su fundación y en los ayuntamientos de Figueras, Lloret de Mar, Sant Cugat y Sant Celoni. En el primero de ellos fue alcalde Santi Vila, consejero de política territorial de Mas y quien cierra la plataforma "Juntos por el sí" en Gerona. En Lloret de Mar otro insigne convergente, Xavier Crespo, fue alcalde hasta que estalló su vinculación con un empresario ruso que operaba en la localidad de la Costa Brava. En ese momento, Crespo era una figura en alza y sonaba para consejero de Interior. La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, es también presidenta de la Diputación de Barcelona y portavoz del partido. La construcción de la piscina cubierta de Figueras, varios edificios municipales en Sant Celoni y Lloret de Mar y una promoción de vivienda en Sant Cugat están bajo la lupa de fiscales, el juez y los investigadores de la Guardia Civil. Todas las obras fueron adjudicadas a Teyco y de todas se deduce el desvío de fondos hacia el partido de Mas y los Pujol.

El grupo Sumarroca es la clave que puede desenmarañar el tejido clientelar de CDC. La defensa de Jordi Sumarroca afirma que su patrocinado está colaborando en todo momento con la Justicia, lo que ha desatado el pánico en Convergencia. Artur Mas le ha pasado la patata caliente a su número dos, Josep Rull, y a la portavoz Conesa. "Los dirigentes de Convergencia ya han hecho declaraciones", respondía cuando se le interperlaba por la cuestión antes del primer mitin de la candidatura en la que figura como número cuatro y teórico aspirante a la reelección.

 Un partido en descomposición

Las pruebas sobre la financiación ilegal de Convergencia son contundentes, pero llueve sobre mojado. El caso Sumarroca es el caso Palau, el caso Pujol, el caso ITV, el caso Innova, el caso Torredembarra, el caso de las prótesis de cadera y columna caducadas y un largo etcétera. Las sedes de Convergencia están embargadas. Mas, Josep Rull y Jordi Turull dirigen una formación rota tras la confesión de Pujol, cada vez más escorada hacia el radicalismo, inmersa en una fuga en la que se ha encontrado con el inesperado apoyo de ERC y la "sociedad civil" para esconder sus siglas y tratar de eludir sus responsabilidades.

Carles Sumarroca i Coixet, el patriarca del clan fundó Convergencia con Pujol. Su esposa y Marta Ferrusola eran íntimas y socias en el negocio de Hidroplant (el césped del Camp Nou y los arreglos florales de los grandes despachos empresariales y públicos de Barcelona). Los hijos de unos y otros, íntimos desde niños. Ahora, a las duras, en Convergencia no se quiere saber nada de Jordi Sumarroca, ex tesorero de Òmnium (uno de los grupos "cívicos" de "Juntos por el sí") y cónsul de Lituania.

El declive de Sumarroca: de Ómnium a la trena

En el registro realizado en julio en las oficinas de Teyco, Sumarroca advirtió a los agentes que parte del espacio pertenecía a la representación diplomática de Lituania en Cataluña y que por tanto debía quedar al margen del barrido. En su casa, un perro policía detectó una caja con dinero. Había 69 billetes de quinientos euros, 34.500 euros en cash. Una de las figuras típicas del nacionalismo, prohombre de Òmnium, mecenas de CatDem, empresario al servicio de la causa separatista comenzaba su declive.

En la caída arrastra una parte del cada vez menguado crédito de Artur Mas, que se enfrenta a una doble pinza: la corrupción y las operaciones de ERC para derribarle. Ayer, en pleno mitin de "Juntos por el sí", la Guardia Civil aún estaba registrando la sede de Convergencia. Nadie dijo nada en sus discursos. Este sábado, Junqueras, en declaraciones a la radio oficial de la Generalidad, balbuceaba que Mas debía dar explicaciones más allá de atribuir los registros a la supuesta "guerra sucia" del Estado contra el proceso.

Osàcar y la destructora de papeles

Una "guerra" en la que destaca la imagen de Daniel Osàcar, exgerente del partido y dimitido como consecuencia del expolio del Palau de la Música, a los mandos de una destructora de documentos que cuando llegó la Guardia Civil echaba humo, según informaba Esteban Urreiztieta en "El Español". Una "guerra" dirigida por un juzgado de la comarca del Bajo Penedés. Una "guerra" en la que se habría urdido una astucia a menos de un mes de las elecciones "plebiscitarias" para atacar el proceso. Sea como fuere, el temblor convergente se agudiza con la sospecha de que Sumarroca podría haber pactado tirar de la manta y asestar el golpe definitivo al partido de Pujol y Mas con la documentación del 3% que explicitara Maragall hace una década.

El golpe, sin embargo, no afecta a la capacidad de movilización de Mas, que se presenta como un mártir sometido a toda clase de infundios y acusaciones por haber puesto las urnas en el referéndum ilegal del pasado 9 de noviembre. Sus partidarios insisten en vincular las pruebas contra Mas y Convergencia a la antedicha "guerra", una excusa que no cuela de puertas adentro.

Pablo Planas (Barcelona)

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