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Noticias Política

Asociaciones cívicas de toda España exigen al Gobierno central que recupere las competencias educativas que dio a la Administración independentista catalana

  • Escrito por Redacción

libertad-educacion

Recientemente, varios partidos políticos nacionalistas catalanes (CiU, ERC, ICV, CUP) participaron activamente en Mataró en un deleznable acto de acoso hacia una familia de la Escuela Pía Santa Anna.

Esta familia simplemente había pedido para sus hijos un modelo educativo en el que hubiera un mayor equilibrio en el número de asignaturas impartidas en las dos lenguas oficiales. El sistema actual excluye sistemáticamente el castellano de las aulas, reduciéndolo al nivel de una lengua extranjera.

Es inadmisible que estos partidos pidan impunemente el desacato de las sentencias y, lo que es peor, que fomenten a través de sus asociaciones afines y subvencionadas con el dinero de todos el acoso y el aislamiento de ésta y otras familias que simplemente reclaman unos derechos pisoteados por la Administración catalana, tratándolos como si fueran unos inadaptados, cuando no unos apestados y enemigos de Cataluña.

¿Sería socialmente admisible una actitud semejante de acoso contra cualquier persona o colectivo que reclamara sus derechos reconocidos por la Constitución y amparados con sentencias judiciales?

¿Se toleraría impunemente en cualquier país de nuestro entorno un desacato reiterado a las sentencias firmes de los Tribunales de Justicia por parte de un organismo oficial?

Es impresentable que un partido como el PSOE, que puede ser alternativa de gobierno, siga aún defendiendo, a través del PSC, la inmersión lingüística forzosa en catalán y la exclusión del castellano, y que se alinee con estos partidos criticando al gobierno de la nación por haber presentado un recurso contra el modelo de inscripción en las escuelas catalanas.

Dicho modelo es a todas luces ilegal, ya que no pregunta a los padres en qué lengua materna y oficial de Cataluña quieren la escolarización de sus hijos en los primeros años de la enseñanza, tal como prevé la ley.

Las diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), corroboradas por el Tribunal Supremo (TS), obligan a que se imparta, como mínimo, un 25 % de las clases en lengua castellana, incluyendo una asignatura troncal, lo cual no supone ningún ataque contra la lengua catalana, por mucho que así lo quieran vender los políticos nacionalistas que, disfrazados de su habitual victimismo, arremeten de forma antidemocrática y con métodos de presión que rozan el más puro fascismo contra los que no comulgan con su credo.

Las asociaciones y partidos abajo firmantes exigen el cumplimiento de las sentencias que suponen el fin de la inmersión forzosa en catalán, y piden que si el Gobierno de la Generalidad se mantiene firme en la deslealtad institucional y el desacato a las sentencias, les sean retiradas las competencias de educación y que sean devueltas al Gobierno Central.

FIRMANTES

Asociación por la Tolerancia

Asamblea por una Escuela Bilingüe

Agora Socialista

Círculo Balear

Círculo Cívico Valenciano

Foro España Hoy

Galicia Bilingüe

Impulso Ciudadano

Libres e Iguales

Mesa por la Libertad Lingüística

Movimiento Cívic d'Espanya i Catalans

Movimient Cívic 12-0

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C's)

Partido Popular de Cataluña (PPC)

Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Vox

LA TRIBUNA DEL PAIS VASCO

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