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El juez imputa a mandos de los Mozos por su pasividad durante el referéndum del 1-O

  • Escrito por Redacción

inaccion mossos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha comenzado a imputar a inspectores, subinspectores y comisarios de los Mozos de Escuadra por permitir el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El magistrado ha ordenado a la actual dirección del Cuerpo identificar «en un plazo máximo de cinco días» a los responsables de algunas de las denominadas Salas Regionales del Cuerpo que se encargaron de transmitir las órdenes operativas a los agentes desplegados en los puntos de votación.

A todos ellos les emplazará para que declaren de inmediato acusados de un delito de «desobediencia a la autoridad judicial». Al mismo tiempo, también ha otorgado el mismo plazo de cinco días al cuerpo de Mozos de Escuadra «para que remitan al juzgado copia de las instrucciones que por escrito se hubieran entregado a los agentes».

La decisión del juez tiene lugar después de que numerosos juzgados de Cataluña hayan tomado declaración durante las últimas semanas a policías autonómicos que intervinieron. Todos ellos han desvelado, tal y como afirma el diario EL MUNDO, que se pusieron en contacto sin éxito con sus responsables a lo largo de la jornada a través de la emisora. En dichas comunicaciones solicitaron, una y otra vez, «instrucciones y refuerzos» y recibieron la callada por respuesta.

Este periódico ha tenido acceso a nuevos testimonios, cuyo contenido se repite de manera constante. Según los agentes interrogados, los mandos no les dieron indicación alguna durante los briefings matinales «ni de requisar urnas, ni de dónde entregarlas, ni de precintar los colegios electorales». Únicamente, precisan, se limitaron a «prohibirles» el uso de la fuerza para «garantizar la paz social».

«Se remarcó que no se hiciese uso de la defensa para no provocar situaciones que alterasen la paz social». Subrayando que la utilización de la misma sólo debía producirse en «situaciones límite».

Asimismo, han explicado que en ningún momento les fue notificado por parte de sus superiores, en aquellas reuniones, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impidiendo la consulta ilegal del 1-O. «Tampoco se nos leyó ni se nos dio copia», agregan.

Una vez sobre el terreno, los mozos relatan que se encontraron con concentraciones de decenas de personas que se negaban a identificar a los responsables de las votaciones y que les prohibían el acceso a los centros escolares. «Comunicamos a la Sala Regional lo que sucedía», ha especificado uno de los agentes al juez durante los últimos días. «Lo hicimos a primera hora, a media mañana, al mediodía y a las cinco de la tarde. En total, en unas cinco ocasiones, y en otras tres o cuatro tuvimos comunicaciones fallidas. La Sala nos dio por respuesta 'recibido' sin más indicaciones», aseguró al magistrado.

«Éramos conscientes de que la información que dábamos a la Sala se transmitía a un Centro de Coordinación (CECOR) formado por unos mandos que eran quienes decidían si había que enviar refuerzos o no, según las informaciones recibidas», prosiguen.

Esta situación de indefinición desembocó en que los agentes de la policía autonómica se vieron obligados a decidir el plan de actuación unilateralmente, sin contar con sus superiores. «Las decisiones sobre el terreno fueron nuestras dentro de nuestra capacidad», agregan los mozos. «De haber habido allí un par de furgones de orden público las cosas hubieran ocurrido de modo diferente», denuncian. «Por nuestra experiencia, cuando se prevé que va a haber una concentración de gente no se manda sólo a una patrulla sino que se envían unidades de intervención o de orden público».

En su detallado relato destacan asimismo la «falta absoluta de medios» que padecieron. «El material se nos dio a posteriori, no en el primer momento, y tuvimos que utilizar una pegatina para el precinto de una puerta», ejemplifican. «El precinto tuvieron que traérnoslo otros compañeros porque no estaba en el material que nos dieron en la Sala Regional para ese día».

De manera paralela a la citación de los mandos policiales, el Juzgado de Instrucción número dos de Sabadell, uno de los más activos en la investigación del 1-O, ha dado además un plazo máximo de cinco días para que se identifiquen y sean citados como imputados los responsables de los colegios electorales «entre los días 27 de septiembre y uno de octubre de 2017».

Permisos concedidos a los agentes

Estos testimonios se suman a los revelados hace unos días en otros juzgados catalanes. En ellos, los mozos acusan a los «altos mandos y comisarios» de «abocarles a una situación ingobernable» provocada por «las instrucciones recibidas por parte de los superiores jerárquicos del cuerpo». Viéndose envueltos en consecuencia, tal y como han descrito, «en unas condiciones absolutamente inimaginables».

Dichas declaraciones han permitido conocer que por parte de los mandos del cuerpo «fueron concedidos todo tipo de permisos a los agentes de las unidades de intervención en casos de alteración del orden público (Brigada Móvil y el Área de Recursos Operativos)». Sus integrantes «podrían haber dado un importante soporte policial a los compañeros». De esta forma se impidió, por culpa del deficiente dispositivo, «un mejor cierre de los colegios electorales y la incautación de los efectos pertenecientes al referéndum».

El sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha solicitado formalmente a la Fiscalía Superior de Cataluña que requiera al Departamento de Interior de la Generalidad para que «emita un informe definitivo sobre el dispositivo organizado y planificado para el 1 de octubre de 2017, con aportación de las instrucciones, normas, criterios o indicaciones proporcionados por los agentes». Pero también ha requerido, a través de su letrado Javier Aranda, que se proceda a la citación de «los máximos responsables del Departamento de Interior o a aquellas personas encargadas de la confección y coordinación del operativo del 1 de octubre».

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