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Desbandada de agentes en la comisaría de los Mozos de Escuadra en Hospitalet de Llobregat por miedo a las causas judiciales del 1-O

  • Escrito por Redacción

hospitalet mozos escuadra

Las últimas revelaciones sobre la denominada comisaría de  los Mozos de Escuadra en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y la actuación de su alto mando han provocado un aluvión de solicitudes de traslado por parte de decenas de agentes, que temen las consecuencias penales que se puedan dilucidar tras la investigación de su actuación el 1-O.

La Guardia Civil cuenta ya con abundante material sobre comunicaciones y órdenes impartidas en las comisarías de las siete regiones policiales en que se estructura la policía autonómica de Cataluña en sus cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. La Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y más de una veintena de juzgados catalanes investigan a los Mozos por presunta inacción y pasividad durante la jornada del 1-O.

Así lo afirma el digital OKDIARIO que una de las comisarías que está registrando más peticiones de salida a otros destinos es la conocida como la comisaría ‘talibán’ de Hospitalet, y en concreto en dos de sus unidades.

Las unidades más radicalizadas

Se trata de las dos más cercanas a la cúpula (radicalmente independentista y que ha sido denunciada por sus propios agentes) y también las que más se han distinguido en la puesta en práctica de las directrices del imputado por sedición, su ya exjefe, Jose Luís Trapero.

Son la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) que dirigen el subinspector, Jaime Monterde, y su mano derecha, el sargento Jose Luís Vidal Bul, de cuya “deliberada actitud de no enviar refuerzos” a Policía Nacional y Guardia Civil (con insultos por la emisora de radio incluidos), de obstaculizar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de su “fanatizante adscripción ideológica”.

Además de ellos, la otra unidad de la comisaría de Hospitalet que ha visto exponencialmente aumentado el número de peticiones de permuta a otras comisarías, como también de bajas médicas es el Grupo de Investigación, que, al igual que la USC, tiene como responsable máximo  a otro de los denunciados, el ’intendente’ (o comisario) Jose Luis Grasa.

Las fuentes que ha contactado OKDIARIO informan de que “la espantada está siendo muy importante, y en gran medida por el miedo que existe ante las consecuencias de la actuación de sus mandos y de su actitud el pasado 1-O”.

Más de un centenar de solicitudes

Algunos hablan de “más de un centenar de solicitudes entre peticiones de comisión de servicio, de permuta o de bajas médicas. Todo para salir de allí, algo muy poco frecuente en cualquier cuerpo de policía, de ámbito local, autonómico o estatal”. Para otros, “hay mucho nerviosismo y  desconfianza, sobre todo en los Mozos proindependentistas, que han cumplido sin vacilar las órdenes de sus superiores, y de las que una gran parte de la plantilla dudaba o directamente cuestionaba su legalidad”, señalan.

Estos días, los de “desbandada” o “espantada”, o “sálvese quien pueda” son expresiones que se escuchan en el entorno del Cuerpo de Mozos de Escuadra (CME ) de Hospitalet. Y es que, nos explican, “todo el mundo empieza a señalar a otros como los culpables para evitar ser sancionados por su deslealtad con la Fiscalía y el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado “.

Miedo a la inhabilitación y a la cárcel

El clima de sospecha es creciente, porque los agentes que más han colaborado con las directrices de los golpistas temen acabar ante un juzgado. Por ejemplo, por obstrucción a la labor de Policía Nacional y Guardia Civil, en flagrante incumplimiento de lo que dictan las leyes: la Ley de Policía de la Generalidad, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ)

Además de un expediente interno, que posiblemente terminaría con su inhabilitación, los Mozos que han colaborado con la causa separatista se enfrentarían a un juicio por un delito de desobediencia contemplado en el Código Penal (el artículo 412 fija una multa de 12 a 18 meses de cárcel y una expulsión que podría alargarse hasta 5 años).

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