Menu
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
logo-circulo-ahumada
España, una sola nación

España, una sola nación

Interesante articu...

NO MIENTE EL CORONEL, COMO NO MIENTE LA HISTORIA DEL PNV

NO MIENTE EL CORONEL, COMO NO MIEN…

Señor Esteban, no ...

DOMINGOS BENEMÉRITOS

DOMINGOS BENEMÉRITOS

SUMARIO: DOMINGOS FE...

Sábados culturales en Benemérita al Día

Sábados culturales en Benemérita a…

SUMARIO SÁBADOS MES ...

LA HIPOCRESIA DE LOS SINDICATOS DE MOSSOS Y SUS MENTIRAS SOBRE LA EQUIPARACION

LA HIPOCRESIA DE LOS SINDICATOS DE…

Aunque era mi “gue...

El NOM

El NOM

El ser humano es m...

DOMINGOS BENEMÉRITOS

DOMINGOS BENEMÉRITOS

SUMARIO: DOMINGOS EN...

Prev Next

NUEVOhospimedicalpatrocinador

La Guardia Civil acredita que la Generalitat negoció la compra del sistema de recuento de votos por dos millones de euros

  • Escrito por Redacción

2017093011524331661

La empresa SCYTL (Secure Electronic Voting) sospechó que el equipo del ex presidente catalán Carles Puigdemont quería la tecnología para celebrar la consulta ilegal del 1-O y se negó a proporcionársela.

Las pretensiones de la Generalitat y las conversaciones de sus responsables con los posibles clientes han podido ser acreditadas en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil a petición del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

Según estas la Generalitat estuvo dispuesta a pagar hasta dos millones de euros para obtener una plataforma propia de software que le permitiese gestionar sin necesidad de intermediarios ni proveedores las elecciones y consultas ciudadanas que convocase. Para ello uno de los responsables del Centre de Telecomunicacions del Govern (CTTI) se puso en contacto con una de las empresas de mayor especialización en el recuento de votos, que finalmente se negó a cerrar un acuerdo con el Gobierno catalán.

La empresa SCYTL (Secure Electronic Voting) sospechó que el equipo del ex presidente catalán Carles Puigdemont quería la tecnología para celebrar la consulta ilegal del 1-O y se negó a proporcionársela. Las pretensiones de la Generalitat y las conversaciones de sus responsables con los posibles clientes han podido ser acreditadas en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil a petición del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Los agentes buscaban pruebas sobre los pasos dados por la Generalitat para articular la convocatoria electoral y se encontraron con esa cifra de dos millones de euros como eventual presupuesto para pagar un sistema de recuento electoral. Según los datos que arrojan las pesquisas, SCYTL fue contactada el pasado mes de abril por el CTTI. Desde el Gobierno catalán se les requirió, a través de Josué Sallent, funcionario del referido departamento, para llevar a cabo "el posible desarrollo de un software de recuento de votos para su uso en elecciones al Parlamento de Cataluña y consultas ciudadanas".

Ambas partes celebraron varias reuniones y en ellas el representante del Gobierno catalán trasmitió que "la Generalitat deseaba adquirir una plataforma permanente propia, hecha a su medida, para poder gestionar ellos mismos, sin necesidad de ningún proveedor, las elecciones autonómicas y consultas ciudadanas que se realizaran". En otro de los encuentros el CTTI envió a una persona "de perfil más técnico con el fin de tratar las necesidades y capacidad para llevar a cabo la solicitud". Una de las exigencias de la Generalitat pasaba por que "el encargo del proyecto se finalizara antes de finales de agosto", es decir, un mes antes del referéndum ilegal. Por parte de la empresa se le respondió en un principio que "el plazo era ajustado" y que el precio rondaría los dos millones de euros. Pero no se desestimó la propuesta.

La empresa sin embargo estudió con detenimiento la oferta del Ejecutivo catalán y al comprobar que pretendía celebrar un inminente referéndum ilegal solicitó un informe jurídico al bufete Garrigues "para evitar problemas". Según ha declarado uno de los trabajadores de la empresa especializada en trabajos electorales a la Guardia Civil, "el informe indicaba que la realización del encargo no era ilegal". Sin embargo, precisó que la empresa proveedora "decidió no llevar a cabo el proyecto".

De manera paralela los investigadores también han descubierto la operativa para contratar varios dominios informáticos mediante el uso de testaferros con el fin de despistar el control del Estado. No en vano, la puesta en marcha de una campaña para la captación del voto de residentes en el extranjero, que es lo que se perseguía con los referidos dominios, podría constituir un delito de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.

La Guardia Civil ha documentado en esta línea los métodos empleados por los responsables de la Generalitat para presionar a las empresas contratadas para adquirir estos servicios. Sobre todo con aquellas a las que se encomendó la entrega de trabajos dirigidos a poner las bases para la independencia de Cataluña y que se estaban retrasando en las entregas. «Estoy en la Conselleria de Exteriores y están cansados de vosotros porque no saben si vuestra empresa ayuda o boicotea. Os la estáis jugando», es el tono con el que un responsable del CTTI se dirigió, por ejemplo, a Rosa Rodríguez Curto, alto cargo de la empresa T- Systems Itc Iberia, S.A.

En el sumario también se demuestra que la Generalitat empleó varios subterfugios para ocultar su vínculo con dominios que eran de su propiedad y que el día de las votaciones fueron cerrados por los agentes. Es el caso de pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu.

Según los correos y las declaraciones aportadas, un técnico particular, Ibon Ontarría, recibió el encargo de crear los citados dominios por parte de Roc Fernández Badiella, el responsable de contenidos digitales en la Presidencia de la Generalitat. Lo que le explicó Fernández fue que esos dominios estaban disponibles, que quería adquirirlos y que «si se encargaba de hacerlo la Generalitat el trámite era muy farragoso y durante ese tiempo podían perderlos». Según Ontarría, adquirió los dominios y los traspasó a la Generalitat a través de Eulalia Vilaseca, cuyo correo muestra su vínculo laboral con Hewlett- Packard. Acto seguido facturó el importe de su trabajo no a la Generalitat sino a una proveedora habitual del Gobierno catalán.

Con otro de los dominios cerrados por la Guardia Civil, garanties.cat, se detectó una operativa similar, con la diferencia de que el dominio no pasaba a ser de la Generalitat, sino del grupo parlamentario de Junts pel Sí. El dominio y el diseño de la página web fue encargada en junio de este año a una empresa por Aitor Sampere, miembro de Òmnium Cultural, según relatan los agentes. Cuando la empresa que recibió el encargo, llamada IndianWebs S.L. le pasó la factura, éste replicó que se la enviaran de nuevo a nombre de Junts pel Sí. Finalmente, el grupo político pagó la factura del diseño de la web, y cuando el juzgado número 13 de Barcelona preguntó al socio de Òmnium si él era el titular del dominio garanties.cat, éste contestó que no, que el dominio pertenecía a Junts pel Sí.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

WEBS RECOMENDADAS

logo gc copia22  logo policia logoministeriodefensa logodiaper

grandes batallas

pronunciamimnetos militares2

LOGO BLOG

soy Radio 2018         beneméritaaldía

     OPF Investigation        Logo

logo-graciela e-mas

 

 

 

    EscudoRegulares     logo aispc     thumbnail LogoIPAMadrid

cabecera web 2      LOGO FINAL 1       

Benemérita al día

Actualidad

Cultura y Sociedad

Otras Secciones

Boletín de Noticias

SUSCRÍBETE >> Recibe gratis todas las noticias en tu correo
Términos y Condiciones