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Los informes de la Guardia Civil acorralan a Trapero

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La Guardia Civil ha recabado pruebas para conseguir que el ‘major’ se siente en el banquillo, no solo por desobediencia por no rescatar a los agentes acorralados por la multitud en los registros del 20 de septiembre, sino también por sedición el 1 de octubre.

Trapero regresa al tribunal de la calle Génova junto a la intendente del cuerpo, Carmen Laplana, y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ‘major’, a diferencia del pasado 6 de octubre cuando declaró por primera vez, se enfrentará ahora a más de 300 folios de atestados y anexos, muchos de los cuales están elaborados para probar la «inacción flagrante» de los 16.000 agentes a los que dirige a la hora de cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum.

Entre las pruebas de cargo que el instituto armado ha remitido a la juez Carmen Lamela para sostener sus gruesas acusaciones contra Trapero se encuentra un vasto apéndice fotográfico en el que los investigadores -y solo a modo de adelanto porque el atestado no se ha dado por concluido- incluyen una treintena de grabaciones y fotogramas en los que se aprecia la actitud de los agentes del cuerpo autonómico en la votación del 1-O en las cuatro provincias catalanas.

No solo, apunta la Guardia Civil, hay muestras de «inacción total» de los Mossos para impedir el referéndum, las imágenes, sostiene, van mucho más allá porque evidenciarían la supuesta «colaboración» con el referéndum.

Para la Guardia Civil, «a la vista del número del material que se aporta», no cabe duda de que la actuación de los policías catalanes el 1-O «respondería, más que a conductas aisladas individuales de alguno de los componentes de ese cuerpo policial, a unas instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando y que encontrarían su último eslabón en el mayor Josep Lluís Trapero Álvarez, el máximo profesional policial de los Mossos».

El instituto armado señala directamente a Trapero cuando afirma que la cúpula del cuerpo autonómico llegó a «enmascarar esa inacción» con «instrucciones» para cumplir «los principios de actuación policial ampliamente conocidos de proporcionalidad, congruencia y oportunidad», cuando «en la práctica» se ordenó esa «inacción flagrante» que fue la que dejó solas el 1-O a las fuerzas de seguridad del Estado.

Para la Guardia Civil, lo de Trapero no fue solo desobediencia, sino encabezar un delito de sedición dentro de un «plan estratégico hacia la independencia».

La Guardia Civil lleva varios días instando con estas pruebas a la Fiscalía para que hoy reclame medidas cautelares contra Trapero.


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