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Los instigadores del asedio a la Guardia Civil, y el Mayor Trapero en libertad sin medidas cautelares

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El mayor de los Mozos, Jose Luis Trapero, y los otros tres imputados por sedición han quedado en libertad con cargos (es decir, continúan imputados) tras declarar en la Audiencia Nacional en relación al asedio a la Guardia Civil en la operación contra los preparativos del 1-O en la Consejería de Economía de la Generalidad. La Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar para ellos, por lo que la juez Lamela no las puede acordar.

En la mañana de este viernes los Mozos han aportado un nuevo informe de la Guardia Civil que la Fiscalía quiere estudiar para decidir, en su caso, si vuelve a pedir la comparecencia de los imputados.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que la decisión sobre la adopción de medidas cautelares debe realizarse, en su caso, valorando todo el material obrante en las actuaciones y con todas las garantías para los acusados. Y el nuevo atestado puede resultar «trascendente» para determinar el alcance de la imputación

Recuerdan que la Fiscalía está «plenamente comprometida con la defensa de la legalidad» y que ha solicitado a la magistrada instructora que fije una nueva fecha «a la mayor brevedad posible» para continuar las declaraciones, tras las que solicitará, en su caso, la celebración de la comparecencia de medidas cautelares.

La Fiscalía velará por que en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado.

Comitiva nacionalista

Mientras el presidente de Omnium Cultural, Jorge Cuixart, se ha negado a declarar (al no reconocer la competencia de la Audiencia Nacional, según ha manifestado ante los periodistas), el presidente de la ANC sí ha contestado a las preguntas de su defensa.

Sánchez ha señalado que la manifestación frente a la consejería de Economía de la Generalidad el pasado 20 de septiembre (la que ha motivado la apertura de esta causa por sedición) fue pacífica y no distinta a otras convocadas por la Asamblea Nacional Catalana. «Nuestro objetivo era protestar por unas actuaciones que los ciudadanos no entienden ni sabemos hasta qué punto son proporcionales», ha dicho.

Trapero ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8.30, media hora antes de su cita, vestido de uniforme y acompañado de dos mossos también uniformados. Tras cerca de una hora de declaración, el mayor de los Mozos ha abandonado la Audiencia Nacional entre los aplausos de diputados de PdeCat y gritos de espontáneos de «traidor, pesetero y cabrón».

Sánchez y Cuixart han llegado a las 8:50 horas, entre aplausos de un grupo de diez personas compuesto por miembros del PDeCat, ERC y En Comú-Podem. Quien finalmente no ha acudido es la intendente de los Mozos Teresa Planas, que tras acreditar un problema de salud declarará por videoconferencia.

Quince días después de la macrooperación policial que se saldó con la detención de altos cargos de la Generalidad y un golpe a la logística del 1-O, el mayor de los Mozos ha comparecido en calidad de investigado (antes imputado) en una causa abierta por sedición, delito castigado con entre 8 y 15 años de prisión.

«Extrema tensión»

La Fiscalía situaba a Trapero y los otros tres citados como instigadores de las protestas de unas 40.000 personas ante la Consejería de Economía de la Generalidad. Se trataba de impedir la salida de la comisión judicial, integrada por guardias civiles y la letrada de la administración de justicia, una vez practicados los registros. Los manifestantes, azuzados por Sánchez y Cuixart desde el capó de un coche de la Guardia Civil altavoz en mano, se emplearon a fondo en destrozar los vehículos de los agentes y en intimidarlos.

En la querella que motivó la apertura de esta causa, el Ministerio Público recuerda que el pasado 20 de septiembre una muchedumbre de personas, convocada por las redes sociales, se concentró ante los edificios que se estaban registrando «con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones».

Cuando la comitiva judicial terminó su trabajo horas después, era tal la situación de «extrema tensión» que el juez que ordenó los registros «se puso en contacto con el mayor de los Mozos (Trapero) para ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad», lo que hasta el momento no había hecho. La letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) tuvo que abandonar el edificio por la azotea «al impedir los manifestantes su salida por la puerta» y los agentes de la Benemérita no pudieran salir del inmueble hasta las siete de la mañana del día 21.

Perímetro vallado

Diputados y senadores del PDeCAT, ERC, En Comú Podem y EH-Bildu han acudido a la Audiencia para prestar su apoyo a los imputados. Su intención era acompañar a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural hasta la puerta de la Audiencia, pero, según ha denunciado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, la Policía Nacional se lo ha impedido.


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