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Junts pel Sí y la CUP presentan en el Parlamento catalán la Ley de Transitoriedad Nacional

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Junts pel Sí y la CUP presentarán hoy al mediodía en el Parlamento catalán la Ley de Transitoriedad Nacional, la principal de las “leyes de desconexión”, prevista para, en caso de que ganara el ‘sí’ a la independencia en el referéndum anunciado por el Govern, crear un marco legal alternativo al español.

Según han informado en un comunicado a primera hora de este lunes, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP ofrecerán a las 12 horas del mediodía una rueda de prensa conjunta para presentar la ley de transitoriedad jurídica.

Dicha rueda de prensa se celebrara en la sala de conferencias de prensa del Parlamento catalán, según han explicado los dos grupos parlamentarios independentistas.

La ley de transitoriedad, mantenida hasta ahora en absoluto secreto –filtraciones a la prensa aparte-, es la principal “ley de desconexión” prevista por el Govern y los partidos independentistas, pues deberá establecer el nuevo marco legal que regirá en Cataluña en caso de que el ‘sí’ a la independencia se impusiera en el referéndum que la Generalitat pretende celebrar el 1 de octubre.

Mientras que el PDeCAT se ha mostrado partidario de que la ley se apruebe una vez se haya celebrado el referéndum y se haya dado esa eventual victoria del ‘sí’, tanto ERC como la CUP son favorables a que la norma se apruebe ya en septiembre, antes del eventual referéndum del 1-O.

El borrador de la ley, filtrado el mes pasado por el diario El País, permite analizar los puntos claves de la llamada ‘ley de ruptura’ catalana, que prevé, entre otras cuestiones, una declaración inmediata de la independencia de Cataluña si el Gobierno impide que se celebre el referéndum separatista del próximo 1 de octubre.

El documento aprobado este lunes funcionaría, según se puede percibir por los textos no definitivos, como ‘Constitución catalana‘ durante dos meses y como ley necesaria durante el proceso de formación la ‘República catalana’.

Respecto a la organización de la Justicia, elimina la división de poderes y da un control absoluto al Govern catalán sobre el poder judicial, de manera que el presidente de la Generalitat nombraría al Fiscal General de Cataluña -ahora es potestad del jefe del Gobierno español y del fiscal general del Estado- y al presidente del Tribunal supremo catalán. Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español “podrán -según el borrador de la ley- concursar en las plazas que se convoquen” en el hipotético Estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Cataluña y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.

La amnistía para todos los imputados y condenados por causas secesionistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta independentista de 2014); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.

También establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Cataluña en el pasado. En todo caso, dice, ello “no exige” renunciar al pasaporte español.

En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de “cualquier clase de derecho real” sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se “subrogaría” los contratos de obras y servicios formalizados por el estado y que afectan a Cataluña.


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