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ANTECEDENTES A LA GUARDIA CIVIL: CARABINEROS, Parte-I

  • Escrito por Redacción

carabineros

EL CUERPO DE CARABINEROS

Haciendo un poco de historia sobre los impuestos arancelarios, ya los reyes de Castilla y León idearon y establecieron el pago de los derechos de puertos "secos y mojados". También por aquel tiempo, los árabes -bastante más avanzados- tenían reglamentado en Sevilla y demás partes de Andalucía el impuesto del "almojarifes", que fue mantenido y aceptado por el rey Fernando III el Santo después de conquistada la ciudad del Betis en el año 1248. Años después, su hijo el rey Sabio extendió por todos los dominios de Castilla sus "almojarifes", cuyas atribuciones reglamentó en el Código de las Siete Partidas.

En el reinado de Aragón se le concedía poca importancia a la cobranza de los aranceles en los siglos anteriores al reinado de los Reyes Católicos, los que muy acertadamente redactaron el documento conocido en la historia con el nombre de Acta de Navegación, con el cual consiguieron un aumento muy considerable en los ingresos para la buena administración de sus estados.

El cobro de aranceles tomó con el tiempo un creciente interés, reflejado en los beneficios económicos experimentados por la Administración. Durante siglos se usó el sistema de arriendo de los impuestos de Aduanas, sistema muy censurable, pues los contratistas carecían por lo común de los conceptos éticos acordes con su misión, y estaban más atentos a los intereses propios, marginando los del bien de la nación. La ineficacia y corrupción del procedimiento obligaba a los gobiernos a tener que hacer use reiteradas veces de tropas del Ejército, unas veces para perseguir a los contrabandistas y defraudadores, y otras para vigilar a los que ejercían el disfrute de la contrata de determinada recaudación de impuestos arancelarios.

Se comprende fácilmente que dada la extensión de nuestro inmenso imperio colonial las rentas aduaneras debieron ser muy considerables, y para conseguir el mayor beneficio de estos ingresos, la Hacienda estatal publicó su Ley de aranceles en el año 1733, reformándola en 1784, por la que se creaba, además de la Dirección de Rentas, la organización de los empleados suficientes para velar por el cumplimiento de las leyes fiscales. La nueva organización tampoco dio resultado, pues los funcionarios o, al menos, la inmensa mayoría estuvieron más pendientes de su riqueza personal, hasta el punto que la inmoralidad profesional tomó "carta de costumbrismo".

Para poner el remedio se creó en el año 1799 el Resguardo General de Rentas, que a decir de algún cronista de la época, "en lugar de mejorar los ingresos, incrementó el contrabando". Fueron famosos y legendarios los años anteriores a la Guerra de la Independencia (1808-1814), periodos de apogeo de organizaciones de contrabandistas como los "Cerratos" (Zamora), "Chesos" y "Ansotanos" (Pirineo aragonés) o "Escopeteros" (Andalucía Baja), las que disponían de reservas económicas importantes para hacer frente a cualquier eventualidad que en tan lucrativo oficio pudiera sobrevenir, con inclusión de la más corriente: el soborno.

El mal fue tan endémico que se apeló al Ejército, y creóse en 1820 el Resguardo militar, de escasa duración. Fue disuelto por presiones políticas, pues su existencia implicaba "una vigilancia molesta y arbitraria" en las atribuciones de los recaudadores. Para cubrir apariencias se mantuvieron destacamentos con tropas de Infantería y Caballería en zonas criticas o "calientes", pero del todo -por su escasez- ineficaces para solucionar un problema de tanta envergadura. El contrabando se ejerció, pues, de forma organizada y a gran escala, siendo -según opiniones muy autorizadas- la causa de no pocos males de gran influencia económica para la nación.

Para poner un eficaz remedio, durante el reinado de Fernando VII, se pensó en la creación de un Cuerpo específico a nivel nacional, y así por Real decreto de 9 de marzo de 1829 fue fundado el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, "para hacer la guerra el contrabando, para prevenir o atacarlo vigorosamente en sus puntos de generación, y perseguirlo en todas las direcciones hasta su exterminio".

I. CREACIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS DE COSTAS Y FRONTERAS. EL MARISCAL RODIL. CARABINEROS DE LA REAL HACIENDA. CARABINEROS TORREROS.

La organización del Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras y la coordinación de los medios empleados para velar por el Resguardo de Rentas arancelarias y persecución de los defraudadores se sujetaron a los principios ingeniosos de una bien meditada economía nacional. A pesar del considerable aumento de la fuerza distribuida por las costas y fronteras y el resultado de las regularidades debidas para la organización del denominado Resguardo de Caballería "ordinariamente mal montados y otras veces desmontados", según la relación de sus sueldos y la verdadera y principal penuria de esta organización, no podía compararse la graduación del incremento de los beneficios que debía procurar, con la eficacia de los servicios a prestar.

El artículo 2 ° del primer Reglamento del Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras exponía: "que para la seguridad y vigilancia, hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones y reprimir a los contrabandistas" y para afianzar con respetable fuerza el favor de la industria y comercio nacionales, la protección y fomento que procuran las leyes de aduanas, se organizará un Cuerpo militar con este especial Instituto, compuesto -artículo 3.°- por 12 Comandancias principales, en acuerdo con la división militar de las provincias fronterizas y marítimas, subdividiéndose en compañías, tenencias, subtenencias y brigadas con el número de tropas proporcionado a la extensión y condiciones peculiares de cada distrito. La primera distribución de fuerzas comprendía doce primeros comandantes, jefes de las comandancias principales. El total de hombres sería de diez mil, encuadrados en 38 compañías. El carabinero tendría que sufragarse su armamento, uniforme y equipo.

Para la organización y puesta a punto del Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras se solicitó el concurso de un prestigioso general, don José Ramón Rodil, Mariscal de Campo, más tarde Capitán General con antigüedad de 9 de octubre de 1841.

El Marqués de Rodil, oriundo de Santa María del Trobo (Asturias), se alistó el 15 de junio de 1808 en el Batallón de Cadetes literarios, incorporándose poco después a la vanguardia del Cuerpo de Ejército que mandaba el general Blake. Era, por tanto, uno de los muchos jóvenes que abrazaron la carrera de las armas a causa de la Guerra de la Independencia.

Rodil estuvo presente en los ataques a Durango y en la batalla de Espinosa de los Monteros; se distinguió en la defensa del Puente de San Payo, donde fue rechazada varias veces la Caballería francesa. Durante la Guerra de la Independencia destacó por su arrojo y valentía en los ataques a Bornos y Estepona y también en la defensa de Tarifa. Actuó con preferencia en las provincias de Cádiz y Málaga. Concluida la Guerra de la Independencia y deseoso de mayores glorias, en febrero de 1816 embarca en Cádiz rumbo a Perú. Va encuadrado en el Regimiento Infante Don Carlos, expedicionario de Ultramar. Ya en tierra americana fundó el Batallón de Arequipa, unidad que pronto alcanzó fama.

En 1820 lo encontramos, destacado por el Virrey, mediante solicitud del consulado de Lima, con la fuerza que considere necesaria para impedir "el escandaloso contrabando" que se realizaba impunemente desde la cala de Ancón hasta la del Asín. Digamos de paso que en el ejercicio de este contrabando, preferentemente de armas, tuvo mucho que ver y entender la Marina inglesa y las logias masónicas controladas por su influencia para provocar los movimientos insurreccionales en aquellos dominios españoles. En 1821 atraviesa los Andes guiando la retaguardia del Cuerpo de Ejército expedicionario. En 1823 repasa nuevamente la cordillera andina y ostenta el cargo de jefe interino de la Plana Mayor del Ejército expedicionario, simultaneado con el de Gobernador Militar y Político de Lima.

Pero cuando Rodil alcanza verdadera fama es en el año 1824 después de destrozar varias facciones del enemigo, se adelanta con sus hombres para la protección de la plaza del Callao, auxiliándola cuando se pronunció por Fernando VII. En Lurín se reúne con una División y se dispone para apoderarse de las fortalezas. Una vez en su poder, se confiere a Rodil el mando superior y la responsabilidad política y militar de la bahía del Callao, anexo con el de la Comandancia General de Lima. Con sólo una compañía de Cazadores y un escuadrón atacó personalmente a la Ermita de la Legua, destruyendo una columna enemiga de quinientos jinetes.

Concedida a Perú la independencia, todavía defendió Rodil la fortaleza del Callao por espacio de catorce meses, estando falto de hombres y vivieres. Aislado de todo y de todos, logró que el resto de las tropas embarcase para España con todos los honores en 23 de enero de 1826. En el mes de agosto llegaban a La Coruña. Por su heroico comportamiento le fueron otorgadas varias e importantes condecoraciones.

A su regreso a la Península desempeñó destinos de gran relieve. Fue tres veces Ministro de la Guerra, Comandante general del Cuerpo de Alabarderos y Capitán general de Valencia, Extremadura, Aragón y Castilla la Nueva. También fue jefe del Gobierno por breve espacio de tiempo. En el campo político, Rodil fue esparterista, diputado por los liberales (progresistas), perteneció al grupo de generales llamado "los ayacuchos", adictos a Espartero, a quien tuvieron por jefe nato.

A pesar de las serias oposiciones con que tropezó para fundar el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, por estar todavía establecido el Resguardo Civil, dependiente de la Dirección General de Rentas que, ocasionaba, como es de prever, cuestiones de competencia, el nuevo Cuerpo se creó bajo la dependencia y amparo del Ministerio de la Guerra, siendo de su competencia todo lo concerniente al servicio específico, haberes, gratificaciones, fuero militar, retiros y recompensas. Muy pronto se notaron los resultados. Así, recordaremos en 1830 un importante servicio en Torre del Mar (Málaga), donde el teniente Rodríguez, con un sargento y cuatro carabineros, presento batalla a unos sesenta contrabandistas que con el fin de proteger sus alijos se hallaban emboscados. El teniente Rodríguez logró poner en fuga a la mayoría de los matuteros; pero rehechos de la sorpresa, volvieron poco después a hacer frente a la patrulla de Carabineros, aunque tuvieron que dar por perdidas doscientas setenta cargas de tabaco y otras tantas caballerías. Los choques entre contrabandistas y carabineros tuvieron en aquella época características a veces de verdaderas acciones de guerra, sobre todo en la zona del Campo de Gibraltar y otros puntos de Andalucía. Así, en 1832, en Nerja, fue muerto un carabinero, y el teniente González, jefe de la patrulla, resultó herido, cuando intentaron oponerse a una partida de contrabandistas, que para proteger el alijo hicieron varios disparos desde sus barcos con dos cañones. Destaca también entre los servicios de aquel tiempo la acción de Torremolinos, en la que el teniente de Carabineros Francisco Serrano Domínguez -más tarde Duque de la Torre-, por una aprehensión efectuada en Torrox, fue recompensado con la Cruz de San Fernando de primera clase.

Al iniciarse la Primera Guerra Carlista (1833-1840), concluida a medias con el Abrazo de Vergara, la casi totalidad del recién creado Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras fue empleado en aquellas campañas, formando columnas y batallones, con sus mandos propios. Prestaron servicios en primera línea en Cataluña y Vascongadas, lo que obligó a los capitanes generales de los distritos a organizar Compañías Francas en las provincias de su mando, estando mandadas por oficiales y clases licenciados del Ejército, con lo que las unidades encargadas de perseguir el fraude perdieron prácticamente su empaque y fuero militar.

Causas múltiples, intrigas políticas, situación del país, inmoralidades de los funcionarios de la Hacienda y defectuosa recluta dada a una Institución militar que exigía desde el principio un personal con ciertas condiciones especiales, hicieron que las vacantes producidas fuesen cubiertas a la buena de Dios. Los mandos recibían, como reconocimiento de fórmula, el nombre de sus empleos, pero carecían de tales derechos como militares, puesto que habían perdido el carácter de tales al sufrir el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras una transformación, pasando a denominarse Carabineros de la Real Hacienda, que aunque tenían la misma organización que sus antecesores dependían en todo y para todo de la Dirección General de Rentas Estancadas. Puede que este cambio de la concepción inicial lo originase de un lado el empleo por el Estado de las unidades en la guerra civil entablada, la ausencia de mandos que, deseosos de gloria y ascensos, marcharon a combatir al carlismo, principal problema por que atravesaba el trono de Isabel II. Pero la resolución buscada, como medida transitoria, careció de acierto. Los resultados fueron que cualquier autoridad administrativa por modesta que fuese tenía atribuciones para tomar sus providencias contra los Carabineros de la Real Hacienda. La mayoría de los oficiales y jefes pidieron inmediatamente su reintegro en el Ejército -caso del futuro general Serrano-, continuando tan sólo aquellos de escaso ánimo y apocado espíritu. Prácticamente, puede aseverarse que el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras que creara Rodil en 1829, desapareció en 1833, al sustituirle el de Carabineros de la Real Hacienda, organismo totalmente de patente civil.

La situación, por entero incomprensible, a causa de la impunidad gozada por alcaldes, jefes políticos y recaudadores, colocó a jefes, oficiales, clases y carabineros en postura verdaderamente censurable. En cuanto se efectuaba una aprehensión, los pueblos se amotinaban, porque no era extraño que en el valor de aquellas mercancías había implícitamente intereses creados de funcionarios y autoridades, dándose casos como el acaecido al entonces coronel Prim que, enviado como representante del Poder central, con plenos poderes, a Estepona (Málaga) -aunque no pertenecía al Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda-, tuvo que escapar "a una de caballo para Madrid", luego de intentar la detención de varios contrabandistas.

La dependencia en que los componentes del Cuerpo de Carabineras de la Real Hacienda habían sido colocados con respecto a los funcionarios civiles hacía que mientras los individuos de las brigadas y destacamentos de los pueblos debían dedicarse a su específico cometido, eran con insistencia ocupados por cualquier funcionario de Hacienda, por modesto que éste fuese, para sus servicios particulares, tales como "llevar pliegos, cobrar contribuciones o hacer recados".

Lo que es de alabar es que a pesar de tal estado de abandono en que los Carabineros de la Real Hacienda fueron colocados, se hiciesen todavía servicios destacados, como el realizado por el teniente coronel Martín Puigdulles, que en 1835, auxiliado por unos cuantos carabineros, llevó a cabo una importante aprehensión de tabaco, interviniendo medio centenar de Caballerías cargadas. O el más famoso de que tenemos noticia, conocido como "la acción de la Carrasquilla" (agosto de 1837), en las playas de Almería. Al saberlo el jefe de aquella Comandancia solicitó ayuda del Ejército y la Milicia Nacional, pues unos ¡ochocientos contrabandistas! se disponían a alijar un importante cargamento. El encuentro de unos y otros tuvo características de verdadera batalla; los contrabandistas disponían de cuatro cañones, con los que "bombardearon previamente" la zona de desembarco.

En 1840 fue necesario aumentar el contingente hasta 11.500 hombres, creyendo erróneamente que el número supliría las muchas deficiencias ya patentes. Los nuevos ingresos se hicieron bajo los mismos auspicios hasta entonces en uso, medida, insistimos, que no solucionó el importante problema de la persecución del contrabando. Los aspirantes eran ingresados nada más que lo solicitasen, sin tener en cuenta para nada sus antecedentes ni si eran o no analfabetos.

En 1842, siendo Rodil Presidente del Consejo de Ministros, ordenó la organización del Cuerpo de Carabineros del Reino, para sustituir al de Carabineros de la Real Hacienda, totalmente inoperante y desacreditado. La misión fue encomendada al Inspector General de Resguardos, Mariscal de Campo don José Martín Iriarte, afecto políticamente al bando esparterista, al igual que Rodil. Iriarte presentó un proyecto que, en honor a la verdad, fue calcado del primitivo, o sea del puesto en marcha por Rodil en 1829. Se dio principio a una verdadera "depuración" del personal disponible. Se realizó una prolija selección en aptos para reemplazo, aptos para destinos y cesantes. La mayoría de los componentes del Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda fueron licenciados. El nuevo Cuerpo, es decir, el de Carabineros del Reino, tuvo un despliegue inicial de trece Comandancias: Barcelona, Zaragoza, Vizcaya, Asturias, La Coruña, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia y Madrid; con dos independientes: Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, con 26 jefes, 367 oficiales y 8.555 individuos de Infantería y Caballería.

Sin embargo, a pesar de los buenos deseos del Marqués de Rodil y del Inspector General Martín Iriarte, el nuevo Cuerpo de Carabineros del Reino siguió con los mismos defectos de naturaleza interna; es decir, la total dependencia de éstos a los funcionarios de Hacienda que, ante la dificultad de marcar la competencia de unos y otros, las reclamaciones y quejas ante las autoridades superiores entre Jefes de Carabineros a Intendentes de Hacienda, por la intromisión en asuntos ajenos al servicio que se cometían de una y otra parte, se hicieron incontables.

Citaremos -sin ánimo ni intencionalidad- un caso famoso en su tiempo. El Intendente de Hacienda de la provincia de Santander dio una orden a los jefes y oficiales de Carabineros de aquella Comandancia, prohibiendo que acompañasen al Comandante General de la provincia -según dicha autoridad tenía ordenado- para cumplimentar al obispo de la Diócesis, a cuyo acto habían sido convocados todos los jefes y oficiales de la guarnición. Tuvo que tomar cartas en el asunto el Poder central, sin que el incidente quedase desde luego perfectamente aclarado para casos sucesivos, en cuanto a quien debían obedecer los mandos de Carabineros, si a la autoridad militar de la Plaza o Región o al Intendente de Hacienda.

La inestabilidad de los gobiernos, la ideología política de la mayoría de los mandos (bando liberal) y causas como, la qua acabamos de referir acaecida en Santander, fueron motivos fundados para la difusión de un ambiente de discordia, qua culminó precisamente al iniciarse la Década Moderada (1844-1854) con la sublevación del coronel de Carabineros Pantaleón Bonet, jefe de la 12.ª Comandancia (Valencia), quien se apoderó de Alicante y se hizo fuerte en dicha plaza. Lo curioso es que Bonet fue en otro tiempo carlista entusiasta, pues durante la primera Guerra Civil (1833-1840) había sido ayudante del general Cabrera. Para sofocar la sublevación acudieron en socorro de la plaza alicantina los generales Roncalí, La Rocha y Pardo. Tras un mes de asedio, Bonet se rindió. Hubo otros intentos de sublevación en Zaragoza y Barcelona. Se pensó, pues, en la desaparición del Cuerpo de Carabineros del Reino y su sustitución por Resguardo de funcionarios civiles con dependencia absoluta de intendentes y recaudadores. Pensamiento qua no se llevó a efecto, gracias al buen criterio, del general Narváez.

En aquel tiempo el servicio fiscal se realizaba en una sola línea qua nunca podía cubrirse en su totalidad, ni siquiera parcialmente. Su característica más acusada fue la falta de personal y el empleo de éste en la represión de motines, algaradas, luchas intestinas y acciones de guerra.

Para eliminar estas deficiencias fue organizado el Cuerpo de Celadores de Hacienda Pública, con carácter completamente civil, pero qua dio colocación a no pocos jefes y oficiales "excedentes del Ejército", con motivo de la reducción de plantillas decretada por el general Narváez. Los celadores, aunque habían perdido por entero su rango militar, como encargados de la vigilancia de una segunda línea y en el interior del país, "siempre a retaguardia de Carabineros", pretendían en ocasiones justificar algún desacierto en el servicio, evocando categorías pretéritas. Nada es de extrañar que a pesar de los muchos deseos de los mandos y de los directores generales para conseguir una autoridad qua los gobiernos no supieron darles, como el de combatir la enorme "vía de agua" del reglamento del Cuerpo, al conceder en sus artículos atribuciones omnímodas a los intendentes de Hacienda para nombrar los servicios, se diesen casos de abultada rapacidad, como el acaecido en Navarra, considerado como de "muy aventajado"; pues hacía propagar noticias de grandes operaciones contrabandistas para efectuar alijos por ciertos pasos, ordenando "cándidamente" masivas concentraciones de carabineros en dichas zonas y dejando al descubierto las demás, por donde efectivamente se realizaban los alijos.

La admisión de paisanos poco habituados a la ingrata vida del carabinero, dado lo penoso de su servicio, "el estar mal pagados y peor acuartelados" y el estar también sujetos a leyes y sanciones civiles, los convertía en unos funcionarios siempre a merced de intereses, maniobras sucias y rapacerías. Por otra parte, los gobiernos, más ocupados en revoluciones románticas que en mejoras administrativas, tenían marginados los problemas internos del recién creado Cuerpo y se desentendían, dejando plena libertad y atribuciones a los funcionarios de la Hacienda. Siendo Director General el general don Luis Armero, mejoró algo la recluta del Cuerpo. Se comprobó escrupulosamente la moralidad de los aspirantes, aunque es fácil comprender el escaso campo existente para la elección, pues el número de solicitantes no bastaba en absoluto para cubrir las bajas. En honor a la verdad, y en sentido puramente objetivo, los intendentes de Hacienda tuvieron por costumbre abusar de los mandos de Carabineros hasta en los detalles más insignificantes y ajenos -desde luego- al servicio específico de la Institución, pero que tenía implícito hacer valer su autoridad. Así ocurrió con el comandante don Francisco Cadaval, Jefe de la Comandancia de Baleares, que habiendo recibido una orden del Intendente de Hacienda, citándolo en su casa para marchar en unión de los demás jefes administrativos a cumplimentar al Capitán General con motivo del santo de la Reina y dándose el caso de que dicho jefe había recibido por conducto militar otra con el mismo contenido, deseoso -a pesar de todo- de no suscitar polémicas, se presentó en casa del Intendente exponiéndole sus razones de considerar preferente la orden de la Autoridad militar, hecho que calificó el jefe de Hacienda de "escandalosa insubordinación", procesando al comandante. Aunque el incidente se resolvió favorablemente para el jefe militar, pues fue defendido por el Capitán General, no se tomó, en cambio, ninguna determinación contra el intendente de Hacienda. Casos como el reseñado fueron frecuentes. Las razones, a nuestro entender, no eran otras que las del ejercicio de maniobras solapadas, para que las fuerzas encargadas de la represión del contrabando tomasen definitivamente un carácter completamente civil, pretensión que ya venía de antiguo. Sin embargo, a finales de 1849, siendo Jefe del Gobierno el general Narváez, el Cuerpo de Intendentes de Hacienda fue disuelto, creando para sustituirle el de Visitadores, compuesto por cuatro "Visitadores Generales" y veinte Inspectores de Aduanas, con atribuciones similares, pero debido al mucho gasto del nuevo organismo y al nulo rendimiento fueron suprimidos al año de haberse establecido.

Fue organizado el servicio en una estrecha zona periférica y en una sola línea a todo lo largo de las costas y fronteras; en el interior fueron establecidos una serie de puestos denominados de retaguardia y contrarregistro, con la misión de romper los precintos de las Aduanas, recoger las guías y efectuar una segunda fiscalización sobre el peso y características de las mercancías.

La escasez de fuerza vino a incrementar, al hacerse el Cuerpo de Carabineros del Reino cargo del servicio de las Torres Vigías por extinción del Cuerpo de Torreros de Costas, nuevo cometido dado a Carabineros, y que si implicaba la satisfacción de un éxito moral, en verdad fue perjudicial para el servicio, ya que no hubo aumento de plantilla. Para contribuir a su remedio, por Real Orden de 4 de octubre de 1850 fue creado el Cuerpo de Carabineros Torreros, dependiente de la Inspección General de Carabineros del Reino, con un contingente de 350 individuos.

Las plazas fueron cubiertas con carabineros retirados o licenciados a petición propia que no tuvieran notas desfavorables. Se les asignó el haber diario de una peseta y "el aprovechamiento de las tierras anejas a las torres".

En 1851 fueron suprimidos los Visitadores generales y los Inspectores de Aduanas, ya que tampoco dieron el resultado que se esperaba. En sustitución fueron establecidos cuatro Visitadores Generales de Hacienda de primera ciase para Barcelona, Sevilla, Madrid y Granada; cuatro de segunda para La Coruña, Valencia, Vizcaya y Zaragoza y cinco de tercera para Salamanca, Gerona, Oviedo, Badajoz y Burgos. Medida que tampoco solucionó el problema de las recaudaciones arancelarias, pues en verdad sólo se hizo cambiar de nombre, prevaleciendo los mismos principios y normas.

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