Menu
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
logo-circulo-ahumada
MI RESPETO A LA GUARDIA CIVIL

MI RESPETO A LA GUARDIA CIVIL

Quiero hablaros so...

Sábados culturales en Benemérita al Día

Sábados culturales en Benemérita a…

SUMARIO SÁBADO 10 de...

El Guardia Civil Dani Diaz prepara un nuevo reto solidario para ayudar al hijo de un compañero en 2017

El Guardia Civil Dani Diaz prepara…

Nuestro compañero ...

Cartas al Director

Cartas al Director

Envíe su carta...

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. ARTÍCULO 2 (CUIDADO CON LAS COCES)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. ARTÍCULO 2 …

‹‹La Constitución ...

El gran encierro

El gran encierro

No, no me refiero ...

DOMINGOS BENEMÉRITOS

DOMINGOS BENEMÉRITOS

SUMARIO: DOMINGO 04 ...

Prev Next

hospimedicalpatrocinador

DANDO LA CONDICIÓN DE CENTINELA PERMANENTE A LOS HOMBRES DE LA GUARDIA CIVIL (9 de octubre de 1878)

  • Escrito por Redacción

1883

DANDO LA CONDICIÓN DE CENTINELA PERMANENTE A LOS HOMBRES DE LA GUARDIA CIVIL (9 de octubre de 1878)

Ministerio de Gracia y Justicia. Circular–Las agresiones de que frecuentemente han sido objeto individuos del distinguido y benemérito Cuerpo de la Guardia Civil no han podido menos de llamar poderosa mente la atención del Gobierno de S.M. La importancia del objeto a que aquel Instituto está destinado, los relevantes servicios que desde su creación ha prestado al país, y la gran confianza que universalmente inspira, merecen toda la protección de las leyes y el más eficaz apoyo por parte del Gobierno, de los tribunales y de toda clase de autoridades para que, conservando su fuerza moral y el prestigio de que ha gozado desde su creación, pueda continuar siendo sólida garantía de todos los intereses de la sociedad. Procurando el Gobierno como era su deber penetrar en el orden de aquellas agresiones para poner el oportuno remedio, ha llegado a persuadirse, y esta es también la opinión de los jefes superiores de tan respetable Cuerpo, que nacen en parte de que algunos tribunales ordinarios, creyéndose competentes para conocer de los delitos de agresión o resistencia a los individuos de dicho Cuerpo inician los procedimientos y promueven infundadas competencias a la jurisdicción militar, única competente según nuestras leyes para conocer en todos los casos sin excepción alguna de esa clase de delito, retardándose así el condigno y ejemplar castigo de los culpables.

Importa, por tanto, que el ministerio público, a quien está encomendada la defensa de las leyes y pedir enérgicamente ante los tribunales su recta aplicación, no sólo no coopere a que prevalezca error tan infundado como peligroso, sino a remover por su parte cuanto se oponga al libre y desembarazado ejercicio de la jurisdicción militar en todos los delitos que deba conocer. En todas las épocas de nuestra legislación, sin exceptuar una sola, se ha sometido a la jurisdicción militar todo ataque, agresión o resistencia a los institutos armados, o sea, a la fuerza militar organizada. Ya el señor don Carlos III, de gloriosa memoria, en su Real instrucción de 19 de junio de 1784 para la persecución de malhechores y contrabandistas, que es la ley 5.ª del título 17 del libro 12 de la Novísima Recopilación, sentaba exactamente, y aun adelantándose a su propia época, los mismos principios que hoy rigen sobre la materia. «Para que en caso –decía– de haber hecho resistencia a la tropa, mande el Capitán o comandante general de la provincia formarles luego proceso (a los presuntos reos) y sentenciarles por el Consejo de Guerra de Oficiales; pero si no hubiere ocurrido resistencia a la tropa, dispondrá la misma autoridad que sin la menor dilación entreguen los reos y lo que se les hubiese aprehendido a la justicia real ordinaria.»

Según esta disposición legislativa, que rigió hasta 1868, los delitos comunes, cualquiera que fuese su clase y la forma en que se cometiesen, quedaban sujetos a la jurisdicción ordinaria; pero toda resistencia a la tropa, es decir, a los diversos Institutos de la fuerza armada, deba juzgarse exclusivamente por la militar o de guerra. El decreto ley de 6 de diciembre de 1868 por el cual se abolió por punto general todo fuero privilegiado, estableciendo la unidad de jurisdicción, aunque esta inspirado en los principios más contrarios a toda clase de privilegios y a la diversidad de fueros, no pudo menos de pagar un tributo de respeto a la indicada soberana disposición de Carlos III, consignando en su artículo 4.º exactamente lo mismo que en la ley citada se consignó y aun ampliándolo en sentido favorable a la jurisdicción militar. Dice así el artículo 4.º de aquel importantísimo decreto: «La jurisdicción de Guerra y la de Marina serán las únicas competentes para conocer, respectivamente, con arreglo a las ordenanzas militares del Ejército y de la Armada. Cuarto. De los delitos de espionaje, insulto a centinelas, salvaguardias y tropa armada, atentado y desacato a la autoridad militar.» De modo que, mientras por la ley recopilada sólo se sometía a la jurisdicción militar el delito de resistencia a la tropa, por el decreto ley de diciembre de 1868 quedan sometidos a la misma jurisdicción no sólo los delitos de resistencia a la tropa, sino los de insulto a centinelas, salvaguardias y tropa armada (sin distinción de clases) y los de atentado y simple desacato a la autoridad militar. Esta disposición, digna no sólo de respeto, sino de aplauso, lejos de estar derogada, se confirmó después por todas las disposiciones posteriores sobre la materia. El decreto ley de primero de febrero de 1869, dictado también como el anterior por el Gobierno provisional de la nación, hizo extensivas todas las disposiciones del de 1868 a nuestras provincias de Ultramar.
El artículo 350 de la ley provisional sobre organización del Poder Judicial, que es la que verdaderamente rige en materia de competencia de jurisdicción, dice así: «Las jurisdicciones de Guerra o de Marina, en sus casos respectivos, serán las únicas competentes para conocer de los delitos siguientes. Cuarto. De los delitos de espionaje, insulto a centinelas, a salvaguardias y tropa armada de tierra o de mar y de atentado o desacato a la autoridad militar.»

Se ve, pues, que no sólo esta inspirada esta disposición en los mismos excelentes principios que el decreto del Gobierno provisional de 6 de diciembre de 1868, sino redactada exactamente en los mismos términos. Según una y otra ley, siempre, y sin distinción ni restricción alguna, que haya no sólo resistencia, sino insulto a tropa de mar y tierra, o salvaguardias, o mero desacato a la autoridad militar, no hay más jurisdicción competente que la de Guerra; en ningún caso la ordinaria. Cierto es que el artículo 329 de la ley orgánica del Poder Judicial establece que «la jurisdicción ordinaria será la competente, con exclusión de toda otra, para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados»; pero el artículo siguiente, 330, limita, como no podía menos, la extensión del precedente. «Lo establecido –dice– en el artículo anterior se entiende en el caso de que sea competente la jurisdicción ordinaria para juzgar de los delitos conexos. Si alguno de estos fuese, por su índole y naturaleza, de la competencia exclusiva de otra jurisdicción, esta deberá conocer de la causa que se forme sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se instruya sobre los demás.»

Y como queda demostrado que la jurisdicción militar es la única competente, según las leyes de unificación de fueros y orgánica del poder judicial, para conocer en todo caso de los delitos de insulto a centinelas, resistencia o agresión a la fuerza armada, y de atentado o desacato a la autoridad militar, es evidente que en ningún caso puede conocer de ellos la jurisdicción ordinaria, aun cuando estén conexos con otros delitos comunes, sino que, en tal caso, como determina el párrafo 2.º del citado artículo 330 de la ley orgánica del Poder Judicial, de los últimos conocerá la jurisdicción ordinaria; de los primeros, la militar. Ni puede haber en esta división de continencia de la causa ni el más leve obstáculo a la recta aplicación de las leyes en los diversos ramos de la jurisdicción. Si hay un alboroto, una sedición, un robo a mano armada, de todo esto debe conocer la jurisdicción ordinaria, con exclusión de toda otra; pero si con motivo u ocasión de ellos se comete el de insulto a centinela o salvaguardia, resistencia a la fuerza armada o desacato a la autoridad militar, de éstos solos, que son especiales, independientes de los otros, porque sin ellos pueden existir, la jurisdicción de Guerra es la única competente para conocer.

Y si esto es aplicable sin excepción alguna, como la ley determina, a los diversos Institutos del Ejército propiamente dichos, lo es doblemente respecto a la Guardia Civil, porque esta no sólo es Instituto armado, sino que tiene el carácter de «centinela permanente»; de suerte que, según las citadas disposiciones legislativas, no ya de la agresión o resistencia a la misma, sino el simple insulto a cualquiera de sus individuos en el ejercicio de sus funciones, esta sometido a la jurisdicción militar, ya sea que obre en apoyo de autoridad de esta índole o ya en el de la autoridad civil, como casi siempre sucede, porque en ningún caso pierde su carácter de Instituto armado y de centinela permanente.

El artículo 73, capítulo VII del reglamento del citado Cuerpo, dice así: «La Guardia Civil, en el servicio especial de su Instituto, se halla constantemente de facción, y por consecuencia, así los militares de cualquiera graduación que sean como otras personas constituidas o no en autoridad, deberán siempre a los individuos de este Cuerpo la consideración y respeto que para todo centinela determinan las ordenanzas generales.» Y en Real Orden de 28 de agosto de 1848, dictada de conformidad con lo consultado por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, se decía «que se tenga presente la clase de servicio continuo que desempeñan los guardias civiles, considerados en él como los "centinelas de una guardia".»

Es, pues, evidente que dondequiera y en cualquier ocasión que la Guardia Civil preste sus servicios, tiene el carácter, que jamás puede perder, no sólo de Instituto armado, sino de centinela permanente, y por consecuencia, que toda agresión o insulto que se le dirija esta exclusivamente sometido a la jurisdicción militar; en ningún caso, nunca, a la ordinaria.

Por último, la orden dictada en primero de abril de 1874, de entera conformidad con la acordada del Consejo Supremo de la Guerra, establece la misma doctrina y confirma las resoluciones anteriores a su fecha que quedan citadas: «En efecto –dice–, la resistencia a la Guardia Civil como Instituto armado, desde el momento que produce desafuero y se somete al conocimiento de los tribunales de Guerra, no puede ser castigado por la legislación común, ni del Código Penal, ni de la Novísima Recopilación», y más adelante: «Es lo cierto que el de resistencia a la fuerza armada o insulto a centinelas o salvaguardias no es un delito común, sino especial y de índole puramente militar, pues es en daño de las instituciones armadas y un ataque a la inviolabilidad de que debe estar siempre investida la fuerza pública para la conservación de todo su prestigio.»

Esta breve reseña de nuestra legislación acerca de la materia que nos ocupa demuestra que en todo tiempo y bajo cualquier régimen político, siempre y constantemente ha imperado el principio de que la resistencia, la agresión a toda fuerza militar organizada y aun a los salvaguardias que no tengan ese carácter, debe someterse exclusivamente a la jurisdicción militar, y de que ni por su conexión con otros delitos de que deban conocer los tribunales del fuero común, ni por otro motivo alguno, pueden estos someterlos a su conocimiento. Carecen, pues, absolutamente de jurisdicción los jueces de primera instancia para conocer de cualquier delito de resistencia, agresión a la fuerza armada, insulto a centinelas y, por consiguiente, a la Guardia Civil, que lo es permanente; y que si tales delitos tienen conexión con otros, reservados a la jurisdicción ordinaria, debe, con arreglo al artículo 330 de la ley orgánica del Poder Judicial antes citado, limitarse a conocer de éstos, dejando expedita a la jurisdicción militar para que conozca de los que a ella, por las preinsertas disposiciones, corresponda.

r de los delitos que por la ley de Unificación de fueros, por la orgánica del Poder Judicial y por la orden del presidente del poder ejecutivo arriba preinsertas corresponden a la misma, sino que cuide de que en caso necesario se pida por los funcionarios del ministerio público al tribunal ante el cual ejercen sus funciones que se inhiba del conocimiento de tales delitos, sin suscitar el menor obstáculo ni dificultad a la libre acción de los tribunales militares dentro de su esfera legal, y que si contraviniendo las clarísimas y determinantes disposiciones legales vigentes el juez o tribunal continuasen conociendo de delitos reservados al conocimiento de la jurisdicción militar, den a este ministerio cuenta detallada para promover el juicio correspondiente de responsabilidad y adoptar las demás disposiciones que sean conformes a las leyes y aconseje el interés general del país. El ministro de Gracia y Justicia. Calderón Collantes.

Fernando Calderón Collantes, Marqués de Reinosa, 14–01–1877 a 6–01–1879

 

Benemérita al día

Actualidad

Cultura y Sociedad

Otras Secciones

Boletín de Noticias

SUSCRÍBETE >> Recibe gratis todas las noticias en tu correo
Términos y Condiciones