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La Guardia Civil en Cuba. Objetivos y misiones de la Guardia Civil en la paz

  • Escrito por Redacción

Guardias Civiles en Cuba

En el primer momento, el cometido de la Guardia Civil era triple: primero, vigilar las carreteras y los caminos, los campos, perseguir a los « malhechores » y por fin conducir a los presos en cordilleras. Pero la primera compañía del primer Tercio cumplía su misión en la ciudad de La Habana y el ancho extrarradio, paralelamente –para la parte intramuros- a la nueva policía.

Esta, organizada por decreto de primero de mayo de 1851, como cuerpo autónomo, estaba repartida por barrios como en Madrid, pero sin funciones de justicia de paz y con sueldos fijos, que no podían ser aumentados, insistía el decreto, con el servicio, es decir las multas o el pago de trámites y autorizaciones. El decreto insistía además en la disciplina y la « esquisita vigilancia » que ejercería « la Autoridad superior civil » sobre los inspectores, los 200 salvaguardias y los 230 serenos. La buena armonía con la Guardia Civil podía considerarse garantizada por la elección para jefe de policía del Comandante Fructuoso García Muñoz, excombatiente de la guerra carlista igual que su homólogo Agustín Jiménez Bueno, y aunque cierto solapamiento de funciones pudiera aparecer, las dos instituciones eran más bien complementarias.

Aunque desde nuestro presente, el concepto de policía no plantea grandes problemas, su aplicación a los dos cuerpos de manera indiferenciada sería anacrónica y no permitiría comprender su fundación simultánea. La resignificación del concepto durante la primera mitad del siglo XIX fue en función de la necesidad sentida por la máxima autoridad de la Isla y por el Gobierno español, de un control más directo sobre la población de las ciudades y los conflictos rurales. Las viejas instituciones de mediación que mezclaban lo que nosotros llamamos justicia y policía llegaron a ser consideradas como trabas por una administración que no quería considerar más jurisdicciones y abogaba por una relación directa con los habitantes y eficaz en términos económicos y de control del territorio. La policía urbana velaba por lo que se llamaba « tranquilidad pública », desde alborotos callejeros hasta conflictos en los mercados o control de los lugares de ocio y de pública concurrencia, con un interés renovado por el control de los individuos (idas y venidas, alojamiento en posadas o albergues, etc.). La Guardia Civil se limitaba a la persecución de los malvados y a la protección de las instituciones, es decir el « orden público », función más política y de control del territorio: era el brazo armado del Estado.24

La insistencia, en todos sus documentos y en los comentarios de José Gutiérrez de la Concha, en su disciplina rigurosa la situaba como el modelo capaz de imponer la lógica administrativa a la de los poderes locales, incluso de los Pedáneos (Capitanes de partido y Comisarios de barrio) y Celadores. Su amparo por el fuero militar se imponía por encima de los problemas y disputas jurisdiccionales.

Para la historiadora del derecho Marta Lorente, la creación de la Guardia Civil en España significó la quiebra definitiva de un « modelo esencialmente municipal, corporativo y, en definitiva « autodefensivo » » de las comunidades.25

Su creación en Cuba permite añadir un elemento importante al examen del progreso de la razón administrativa: en los textos oficiales del cuerpo como en su historiografía institucional producida desde sus primeros años de funcionamiento, su misión era resumida así : era la encargada y la garantía de la aplicación de las leyes. Sin embargo, por las condiciones especiales de Cuba en cuanto a los dispositivos legales, en particular desde 1837, en contraste con la Península donde, desde 1845, la razón administrativa podía imponerse a cualquier jurisdicción, esa « aplicación de la leyes » tenía mucho de fórmula retórica.26

Se resumía a la aplicación del bando de gobernación de 1842, reeditado en 1864, y a la afirmación de la autoridad central, sin tocar el difícil problema de la armonización legal entre el corpus jurídico del Antiguo régimen y las disposiciones contemporáneas.27

Quedaba pues la tarea de disciplinarización de la población y de represión de los « malvados ».

Desde por lo menos el último tercio del siglo anterior, en Cuba como en la Península, cuando aparecía una cuadrilla de ladrones, se movilizaba a la milicia o se pagaba a un hombre de experiencia para levantar una partida encargada de detenerlos bajo la autoridad del Pedáneo. La creación de la Guardia Civil permitía zanjar las posibles complicaciones locales de la persecución de los « bandidos », quitando a los vecinos cualquier responsabilidad en el asunto y simplificando al extremo una figura delincuente reducida rápidamente a los vocablos de « criminal » o « bandido ». En una época que inventaba la figura del delincuente, la desvinculación social producida por unas guerras con fuerte contenido ideológico hacía más difícil que de costumbre la reintegración de los ex combatientes ; la importancia de las guerrillas en la guerra de independencia y luego en la guerra carlista volvió habitual la figura de la « partida », rejuveneciendo el viejo bandol catalán citado a menudo como origen etimológico de « bandolero».28

Sin embargo, el amalgama sistemático entre oposiciones políticas y crímenes comunes fue realizado desde el poder central en la figura del bandido.

El traslado a Cuba de este vocabulario se realiza sobre todo a partir de los años 1850: las condiciones naturales, la presencia de ex-soldados desvinculados y de vegueros arruinados añadieron razones; pero el interés gubernamental por el control del territorio y de sus conflictos locales contaron sin duda también. Los años 1860, antes del estallido de la guerra de los diez años, vieron según la historiografía un notable desarrollo del bandolerismo, a pesar de las medidas de José de la Concha, especialmente en la jurisdicción de Cárdenas o en la de Camagüey.29

No será una casualidad que en 1863, el Gobierno propusiera que fueran juzgados por Consejo de guerra los bandoleros aprehendidos en la isla.30

La razón expuesta era simplemente que poco después de ser aprehendidos, «vuelven a aparecer libres en las comarcas donde fueron presos» y se vengan asesinando a quienes consideran culpables de su prisión. La gestión local de ese problema era severamente atacada: « Es preciso arrancar de ese cenagal de corrupción los presos por robos en despoblado en cuadrilla o aislados. » Esa medida significaba en cierto modo prolongar las Comisiones militares que durante la década ominosa habían servido en la Península para reprimir a los liberales so pretexto de lucha contra el bandolerismo. Dos años antes, José de la Concha había obtenido la formación del Consejo de Administración, lo que ya le había liberado de cierta dependencia hacia la Audiencia y el entramado de los poderes locales en materia de justicia.31

La politización de la lucha contra el crimen, publicitando las acciones anti bandoleros como pruebas del compromiso público en protección a la propiedad, y la criminalización de las oposiciones políticas, ofrecía el cuadro en el que se iba a enmarcar la visión de las protestas rurales y de la lucha independentista a partir de los sesenta. El amalgama que iba a permitir rebajar sistemáticamente la categoría del enemigo y llevar una guerra total, borrando la distinción entre tiempo de guerra y tiempo de paz, estaba servido.

Por sus reducidos efectivos, hay dudas que la Guardia Civil pudiera ser muy útil para proteger a los propietarios de ingenios contra revueltas serviles. Sin embargo, el miedo a los negros era un dato político que la Capitanía General y el Gobierno español sabían que podían manejar en su juego con la sacarocracia y con la sociedad criolla en general. La regularización del dispositivo policial en La Habana y las grandes ciudades ya era importante : el miedo a los negros libres y esclavos urbanos gananderos más o menos cualificados era un aspecto mayor del problema.32

En el campo, la presencia de los puestos de la Guardia Civil podía tranquilizar relativamente a los propietarios pero si analizamos un cuadro sintético de su actividad en 1865, vemos que no se enfocaba directamente la cuestión del color.33

De un total de 1693 detenciones, las que tenían consecuencias penales como robo (115), homicidio (10) o heridas (40), eran minoritarias. Entre las demás el número de cimarrones aprehendidos aparece muy limitado (30) y lo más importante era la infracción a los bandos (140), los juegos prohibidos (112), las riñas (83) y la ebriedad (67), y sobre todo los prófugos (235), desertores (50) y una borrosa categoría de « sospechosos » (368).34

Una parte sustancial de la actividad del cuerpo consistía en la conducción de presos en cordilleras (1971 presos conducidos).

Si bien podemos considerar que el orden urbano era tratado por el trabajo combinado de la Guardia Civil y de la policía, la vigilancia efectiva de las dotaciones de esclavos en la gran región azucarera occidental quedaba en manos privadas. La existencia de la Guardia Civil podía servir sin embargo los deseos oficiales de multiplicar la presencia armada en los campos y de encuadrar de manera más estrecha las fuerzas de los vecinos. El 16 de junio de 1858 José Gutiérrez de la Concha decidió instituir somatenes en Cuba « a ejemplo de lo que en algunas provincias de España que más se distinguen por su carácter levantado ».35

Se trataba de partidas de « Guardia Civil y rural », bajo el control de la Guardia Civil, « constantemente dispuestas a dar auxilios a cuantas personas se lo reclamen, ya sea por robo, incendio, y otro acontecimiento aflictivo », habilitadas incluso para « formar las primeras diligencias sumarias ».36

Aunque parece que esa Guardia rural no pasara mucho de ser un proyecto – retomado por el Capitán General Salamanca treinta años más tarde –, era una tentativa de suplir la inadecuación de la dotación de Guardias civiles respecto a los peligros sentidos por los propietarios rurales.37

Constituye además una señal de que el objetivo proclamado, al constituir la Guardia Civil, de aliviar a los vecinos de la persecución de los bandidos escondía en realidad la voluntad de controlar mejor la constitución de las partidas armadas susceptibles de restablecer el orden.

Como lo escribía en 1858 Díaz Valderrama en la conclusión de su libro homenaje a la Guardia Civil, « allí [en Cuba] como aquí [en la Península], repetimos, los propietarios piden el aumento [de la fuerza] a toda costa. »38

Nos lo confirma un expediente de petición de refuerzos promovido desde la ciudad de San Antonio de Baños en 1861 « para que se establezca en el pueblo de San Antonio de los Baños un destacamento de fuerza de la Guardia Civil por existir en las inmediaciones de este pueblo varias fincas con dotaciones fuertes ya de esclavos, ya de colonos asiáticos ».39

La petición, cursada por el Teniente de Gobernador de San Cristóbal, surgía a raíz de un pequeño motín en una finca (la finca Alamo), el 11 de agosto de 1861, durante el cual unos colonos asiáticos habían herido al mayoral, a su hermano y a un ingeniero. Los propietarios reclamaban un puesto con un cabo y cuatro guardias, argumentando que la finca se encontraba aislada, distante de tres leguas de la Capitanía de partido (en Paso Real). En su respuesta negativa, el Coronel jefe del Tercio argumentaba que sus efectivos apenas bastaban ya para vigilar los caminos y la costa y que no podía haber un puesto en cada finca para vigilar a la mano de obra sierva, aunque admitía que hubiera sido deseable multiplicar el número de puestos.

La institución de fuerzas de seguridad en esa época por parte de la Capitanía General no consideraba sólo los peligros sociales sino también el refuerzo del control político sobre la Isla y una política de equilíbrio de fuerzas. La reactivación de las Milicias de Color por José Gutiérrez de la Concha – 2000 hombres repartidos en todo el territorio –, al mismo tiempo que reformaba las milicias blancas – 2000 hombres a caballo en el distrito de La Habana- permitía luchar contra posibles revueltas esclavas pero jugaba también con la inquietud de la sacarocracia, tradicionalmente recelosa hacia los soldados negros y mulatos.40

La reducción a casi nada, desde hacía mucho tiempo, de la capacidad operativa de la Milicia blanca en cuanto infantería – los cargos se habían vuelto únicamente honoríficos – creaba una dependencia mayor de los vecinos hacia las fuerzas profesionales del Estado. Por otra parte, la institución en 1854, del cuerpo de los Voluntarios, encargado del « sostenimiento del orden y tranquilidad pública en la población » con un reglamento que lo hacía depender del Ejército y de los Gobernadores provinciales y sus Tenientes, apuntaba a establecer « una seguridad, una continuidad, una estabilidad política a largo plazo ».41

Financiados principalmente por el cabeza de fila del grupo propeninsular, Julián Zulueta, sus 16 452 hombres, entre los cuales 2000 montados cubrieron los puntos que el Ejército no podía atender, especialmente en la campiña y las costas occidentales.

24 La imitación de la Gendarmería francesa tenía un fuerte límite en las diferencias básicas de concepciones de la « policía » y del « orden público ». Los significados de estas palabras en la Francia post revolucionaria y en su evolución decimonónica distan mucho de ser los mismos que en España. Cf. François Godicheau, « Orígenes del concepto de orden público en España: su nacimiento en un marco jurisdiccional », Ariadna Histórica, n°2, 2013,http://www.ehu.es/ojs/index.php/Ariadna/article/view/8959.

25 Marta Lorente Sariñena, « Orden público y control del territorio en España (1822-1845) », Op. cit.

26 A partir de 1845 sin embargo, los jueces y tribunales fueron incapaces de abrir causa a administradores sin mediar autorización de su superior jerárquico, lo que produjo una cascada de consecuencias que destrozarían definitivamente el paradigma jurisdiccional. Cf. Marta Lorente Sariñena, « Justicia desconstitucionalizada. España 1834-1868 », en Marta Lorente Sariñena (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes. Op. cit., p. 245 et sq.

27 Sobre el marco legal de Cuba, ver en particular Marta Lorente Sariñena, « La suerte de la Recopilación de 1680 en la España del siglo XIX », en, misma autora, La nación y las Españas. Op. cit., p. 217-260.

28 Sobre la aparición de la figura del delincuente, ver Pedro Trinidad Fernández, La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX), Madrid, Alianza, 1991, p. 203-247. Sobre el amalgama entre crimen y oposición política en la construcción de la figura del bandido en la primera mitad del siglo en España, no existe estudio sistemático que rompa con la visión romántica tradicional pero se puede consultar Manuel González de Molina Navarro y Antonio Herrera González de Molina, « El bandolerismo en la historiografía andaluza, cambios en la significación de un mito » y Juan Carlos Torres Jiménez, « Bandolerismo de implicación política en Sierra Morena », en Rafael Merino Rodríguez (ed.), El bandolerismo en Andalucía (Actas de las V Jornadas). Jauja, 20 y 21 de octubre de 2001, Lucena, Ayuntamiento de Lucena, 2002, p. 23-43 y p. 259-274 respectivamente.

29 Manuel de Paz Sánchez et alii, Op. cit., p. 83-89.

30 Archivo Nacional de Cuba (en adelante ANC), Gob. Sup. Civil, leg. 1064, exp. 37930.

31 En Cuba no se habían extinguido esas Comisiones militares. Cf. Romy Sánchez, « La Commission Militaire de Cuba et les exils forcés : Quitter la Grande Antille pour raisons politiques entre 1837 et 1868 », working paper. Sin embargo, su desaparición en España en 1826 no significó que no volvieran a aparecer, en 1835, contra carlistas y obreros bullangueros, en 1852 en Estepa, contra los « bandoleros » y en 1854, de la mano de Manuel Gutiérrez de la Concha, Capitán General de Cataluña, contra los « incendiarios de fábricas y ladrones ». Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer durant el bieni progressista (1854-1856), Barcelona, Curial, 1976, T. 1, p. 237, n. 69; José Sidro Surga, op.cit., p. 694. Sobre el Consejo de Administración y la interpretación sobre su creación, ver Josep María Fradera, op.cit., p. 604.

32 Manuel Moreno Fraginals, op.cit., p. 171 et sq.

33 ANC, Gob. Sup. Civil, leg 1396, exp. 54479.

34 Finalmente vienen los « servicios humanitarios », intervenciones para apagar incendios (84), auxilios prestados en caso de accidentes (163) y servicios de recogida de animales extraviados, igual de numerosos (168), hasta la recogida de prendas extraviadas, más testimonial (23) Por ejemplo, las Crónicas de la Guardia Civil, de Elisardo Ulloa, en 1864.

35 José Gutiérrez de la Concha, Memoria dirigida al Excmo. Sr. Don Francisco Serrano y Domínguez, Capitán general de la Isla de Cuba, por el Excmo. Sr. Don José de la Concha, Madrid, Imprenta de La Reforma, 1867, p. 37.

36 Reglamento para el servicio que deben prestar las partidas volantes de Guardia Civil y rural, Habana, Imprenta del Gobierno y Capitanía General, 1858.

37 Cf. Imilcy Balboa Navarro, op.cit., p. 102.

38 Op.cit., p. 467.

39 ANC, Gob. Sup. Civil., leg. 1036, exp. 35964.

40 José Gutiérrez de la Concha, 1867, Op.cit., p. 33-34; José Cayuela Fernández, op.cit., p. 224-226.

41 Reglamento para los cuerpos de Voluntarios de la Isla de Cuba, Habana, Imprenta del Gobierno y Capitanía General, 1856 y José Cayuela Fernández, op.cit., p. 219 et sq.

Por François Godicheau, « La Guardia Civil en Cuba, del control del territorio a la guerra permanente (1851-1898) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 04 septembre 2014, consulté le 26 décembre 2015. URL : http://nuevomundo.revues.org/67109 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.67109

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