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SOBRE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACÉUTICA (23 de noviembre de 1903)

  • Escrito por Redacción

GC1903

Ministerio de la Gobernación.

Real Orden–A este Ministerio corresponde, por los preceptos del artículo 3.º de reglamento vigente de la Guardia Civil, cuanto afecta a los servicios que deba prestar este Benemérito Instituto, como también y por modo especial, lo que a su acuartelamiento se refiere.

Para realizar estos fines, y por virtud de numerosas y distintas disposiciones, se ha procurado hasta hoy instalar a fuerza en las condiciones más convenientes, así por lo que respecta a las exigencias de la higiene y la salubridad, como a las de amplitud y desahogo de los locales, tan necesarias para que vivan sus individuos y as familias con la debida y más conveniente independencia, atendiéndose a la vez, por cuantos medios se han estimado oportunos y legales, a que puedan cubrir, por estas legítimas concesiones, del mejor modo posible, las más precisas atenciones de la vida los que bien lo merecen como encargados que son de velar por la tranquilidad y seguridad públicas.

Estudiados y analizados por este Ministerio los importantes servicios que a diario tiene que realizar dicho respetable Instituto, con fuerza escasa, dada la extensión del territorio, sobre todo para la custodia del campo y policía rural, ha podido apreciarse fácilmente que dichos servicios, por las condiciones en que se llevan a efecto, resultan penosos, sin que las retribuciones se hallen en armonía con las necesidades materiales más perentorias, por la imposibilidad de aumentar los créditos a estos fines consignados en presupuesto.

Reconociéndolo así muchos municipios, interesados en sostener la instalación de sus puestos, han acordado con patriotismo digno del mayor elogio, facilitar a la expresada fuerza aquellos elementos materiales que pueden reportarle ventajas, sin menoscabo de la dignidad y el prestigio que le corresponden. Entre las exenciones de arbitrios e impuestos concedidos por los ayuntamientos de referencia, se ha considerado conveniente reconocer el derecho de los individuos de la Guardia Civil y sus familiares a disfrutar gratuitamente del servicio médico–farmacéutico que dichas corporaciones sostienen, cumpliendo las prevenciones y mandatos del artículo 72 de su ley orgánica como asunto propio de su exclusiva competencia.

Admitidos estos hechos, que obedecen a móviles justificados y que demuestran celo plausible en las corporaciones populares, este Ministerio, inspirándose en los mismos propósitos, ha procedido al más detenido examen de la cuestión en su aspecto legal, a fin de que esas manifestaciones, hasta hoy individuales y de carácter gracioso, que responden evidentemente a una necesidad reconocida, se reglamenten por virtud de las facultades propias de Gobierno, declarándolas de observancia general, en armonía con lo prevenido en el apartado 2.º de las disposiciones adicionales de la ley orgánica citada, con el firme propósito de generalizar tan justa y provechosa medida, extendiendo por igual el beneficio a las clases y contingentes armados del benemérito Instituto, como asimismo a sus familias, puesto que resultando la asistencia médico–farmacéutica imperioso deber de las corporaciones, no es justo privar de ellas a los directamente encargados de misiones tan importantes como las que a dicha fuerza corresponde cumplir.

Por distintas disposiciones dictadas por el Ministerio de la Guerra, y entre ellas por las reales órdenes de 16 de septiembre de 1890, 26 de octubre de 1891 y 3 de agosto de 1892, se establece que todo individuo del Ejército cuyos haberes sean satisfechos por el presupuesto de dicho Ministerio, cualquiera que sea su situación y destino, tiene derecho a la asistencia facultativa, así como sus familias, hallándose por tanto comprendida en tales beneficios la fuerza de la Guardia Civil, siempre que en el punto de su residencia haya médico militar o civil encargado de prestar servicio a una unidad orgánica o parte de ella. Reconocido este justo derecho, del que disputan, como es natural, todos los contingentes armados, es deber ineludible de este Ministerio procurar que las fuerzas diseminadas de la Guardia Civil sean asistidas en sus enfermedades sin que esta asistencia les resulte gravosa imponiéndoles sacrificios metálicos, bien difíciles, si se tiene en cuenta lo escaso de sus haberes.

Los ayuntamientos, por el precepto imperativo de la ley anteriormente citada, tienen el deber de atender al servicio benéfico sanitario en los pueblos, organizado en la actualidad por el reglamento sancionado por el Real Decreto de 14 de julio último, y ratificado en lo que a la contratación de servicios se refiere, por el artículo 92 de la instrucción provisional aprobada por Real Decreto de 14 de julio último. En virtud de esta legalidad, los médicos titulares, con arreglo al apartado 1.º del artículo 2.º del reglamento, deben prestar todos los servicios de interés general que dentro del término jurisdiccional les sean encomendados por el Gobierno y las autoridades sanitarias superiores, y armonizando este último precepto con las prevenciones del artículo 2.º de dicho reglamento, que asimismo establecen y definen cual es el vecindario que debe disfrutar el servicio médico–farmacéutico municipal, no cabe duda que a los dignos individuos de la Guardia Civil y sus familias les corresponde dicho servicio, puesto que residentes son todos de los términos municipales correspondientes, con verdaderos y perfectos derechos de vecindad, aumentados por las consideraciones a que ellos se hacen acreedores en vista del constante y trabajoso servicio que realizan.

No se han de oponer seguramente las corporaciones a la observancia de esta disposición, cuando aconsejada esta por los acuerdos que la mayoría de las mismas han adoptado en la materia, haciendo iguales concesiones, tanto más, cuando los médicos titulares que realizan su misión con notorio celo, admitirán asimismo gustosos la presentación de la asistencia facultativa indicada.

En vista, pues, de las razones expuestas, y considerando que se trata del establecimiento de un servicio de notoria necesidad, impuesto de hecho por la legislación anteriormente citada, y admitido como justicia y equidad perfecta, S.M. el Rey (Q.D.G.) ha tenido a bien disponer se preste desde luego el servicio médico–farmacéutico a las fuerzas de la Guardia Civil y a sus familias, considerando a aquéllas como incluidas en el artículo 3.º del reglamento de 14 de junio de 1891 y que se consigne así en los contratos que en lo sucesivo se celebren con los médicos y farmacéuticos titulares para la realización de estos servicios.

De Real Orden. G. Alix³.

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