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BREVE HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL

  • Escrito por Redacción

Curiosidades-históricas -El-Sombrero

BREVE HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil es el primer Cuerpo de seguridad pública de ámbito estatal surgido en España. Su creación se produjo a poco de comenzar el reinado de Isabel II y fue impulsada por el gobierno moderado de González Bravo con el consenso de las demás fuerzas políticas.

 

                       Ésas vieron la necesidad que tenía el Estado liberal español de disponer de una fuerza de seguridad pública para abarcar todo el territorio peninsular y para hacer frente a la alarmante situación de inseguridad generada por el bandolerismo que desde la Guerra de la Independencia azotaba los caminos y campos del país.
                        Este suceso tuvo lugar a través de los decretos de 28 de marzo y de 13 de mayo de 1844, que configuraron un Cuerpo de   seguridad pública de naturaleza militar. Dependía del Ministerio de la Gobernación en lo referente al servicio y del correspondiente a   la Guerra en cuanto a su organización, disciplina, personal, material y percibo de haberes, centralizándose, con   una gran autonomía organizativa, en la Dirección General (o Inspección General, según las épocas).
                       Para organizar la nueva Institución   fue designado el Duque de Ahumada, hombre de confianza del general Narváez, líder del moderantismo. El nombramiento de Ahumada supuso un acierto, dado su profundo conocimiento de la realidad española y de la seguridad pública. No en vano, era hijo del Marqués de las Amarillas, impulsor del primer gran proyecto de seguridad de ámbito nacional, desarrollado en 1824 y que planteaba la creación de un cuerpo de “Salvaguardias nacionales” para todo el territorio peninsular, inspirado en el modelo francés de seguridad.
                       El Duque de Ahumada retomó aquel modelo, y asumiendo como ejemplo la organización de la Gendarmería y de los Mossos de Escuadra catalanes, imprimió a su labor una frenética actividad organizativa, que se plasmó en un acierto a la hora de diseñar la distribución orgánica y de dotar a los agentes de una filosofía de servicio, en la que primaba la proximidad al ciudadano, el respeto a la ley y el talante benemérito. La expansión territorial se produjo a través de etapas que abarcaron el ámbito provincial (cubierto en 1846), de partido (1851) y municipal (ya en el siglo XX), partiendo del centro del Estado en grandes líneas que seguían las vías de comunicación.

Esta distribución territorial permitió al Cuerpo desplegar sus Unidades por todo el territorio nacional, llegando a lugares donde antes no lo había hecho la Administración. Y convirtiéndose, por su proximidad al ciudadano, en una fuente de información de formidable valor para el Estado, además de eliminar la sensación de abandono que sentían los administrados. La clave estuvo en los Puestos, las Unidades más pequeñas de la Guardia Civil, fundamentales para que el ciudadano sintiese la presencia de los nuevos agentes y una mayor seguridad para sus propiedades.

                        Por su parte, la filosofía de servicio se recogió en dos reglamentos,   uno militar y otro para el servicio, y en la “Cartilla del guardia civil”, obra donde el Duque de Ahumada desarrolló su idea de lo que pensaba debía ser una fuerza de seguridad. La Cartilla hacía hincapié en aspectos como el honor, la honradez, la cortesía, la disciplina, la abnegación, la austeridad, la lealtad, la capacidad de sacrificio y el talante benemérito como valores por los que el guardia civil debía regirse en su vida cotidiana y durante el servicio. 

                        El espíritu de Ahumada obtuvo los frutos perseguidos y la Guardia Civil logró transmitir un aire nuevo, hasta entonces desconocido en los demás Cuerpos de seguridad, el talante benemérito como valores por los que el guardia civil debía regirse en su vida cotidiana y durante el servicio y una probada eficacia, que se manifestó en la erradicación del bandolerismo y la sensación generalizada de seguridad.
                        La resultante fue que la Guardia Civil consiguió granjearse el respeto y aprecio, al mismo tiempo, de los ciudadanos y de la clase política del país. Este reconocimiento tuvo su manifestación en la denominación espontánea que se le empezó a dar de “benemérita”, en homenaje a los muchos servicios humanitarios que prestaba. La consecuencia fue que sus competencias aumentaron, al tiempo que su despliegue se extendió a las colonias de Ultramar, de modo que hacia el último tercio del siglo XIX ostentaba el monopolio del orden público en España.

                       Con todo, el tránsito de   la Guardia Civil por la historia no fue fácil. Sometida a las fluctuaciones que vivió el país, la   Institución se vio afectada por los cambios políticos y las mutaciones sociales que tuvieron lugar en los agitados derroteros que siguió la España de los siglos XIX y XX.
                        Consolidada como fuerza de seguridad tras superar la difícil prueba del Sexenio Revolucionario (1868-1874), la Restauración liderada por Canovas de Castillo (1875-1923) supuso un planteamiento nuevo de la relación Estado-ciudadano, que arrastró a la Guardia Civil al choque con las masas obreras y campesinas, enfrentadas a la oligarquía y la   burguesía instaladas en el   poder.   La aparición de movimientos sociales vinculados al anarquismo y a las asociaciones obreras, trató de dar respuesta a aquélla opresión y a la adulteración del sistema político que bajo la fórmula del caciquismo imperaba en la España de la Restauración, generando un clima de confrontación que con frecuencia alteraría el orden público.

                        El régimen de Cánovas reaccionó reforzando la militarización del orden público. Ejército y Guardia Civil fueron los instrumentos ejecutores de esta política, cuyas consecuencias para la Benemérita fueron un gradual distanciamiento de los   sectores menos favorecidos de la sociedad, que empezaron a ver a la Institución como el instrumento represor utilizado por la burguesía y los terratenientes para sofocar las reivindicaciones obreras y campesinas. Mucho más a partir de 1906, cuando la Ley de Jurisdicciones otorgó a la jurisdicción militar amplias competencias en materia de orden público.

                        No obstante, la erosión del prestigio de la Guardia Civil alcanzó su punto álgido cuando el Gobierno, a falta de otras alternativas policiales sólidas, encargó a la Institución combatir el terrorismo anarquista que a finales del siglo XIX azotaba varias ciudades de España, en especial a Barcelona. La campaña de desprestigio que se desató contra la Guardia Civil a raíz del proceso de Montjuich (donde varios anarquistas fueron condenados a muerte sin pruebas convincentes por su participación en el atentado de la calle “Cambios Nuevos” de la ciudad condal), traspasó incluso las fronteras españolas, transmitiendo la imagen de que la Benemérita era encarnación de una nueva Inquisición.

                        La campaña no hacía justicia a la trayectoria de la Benemérita, que una vez más se había limitado a cumplir las órdenes de los poderes constitucionales, pero la realidad fue que el proceso de Montjuich (1896) marcó un antes y un después en la historia de la Guardia Civil. Su imagen se vio tan dañada, que muchos empezaron a cuestionar su   validez para combatir la inseguridad en las ciudades, auténticos motores de la vida española a partir de 1900. El resultado fue la potenciación de la Policía en las grandes capitales, bajo la cobertura de la Administración civil, hecho perceptible a partir de la “reforma Dato”, de 1912.

                       Sin embargo, la España del primer tercio del siglo XX seguía siendo un país fundamentalmente rural, donde la implantación de la Guardia Civil era vista como garantía de tranquilidad. Este hecho y la crisis en la que entró la política nacional a partir de 1917, contribuyeron a reforzar el protagonismo de la Benemérita. Mucho más a partir de 1923, cuando el general Primo de Rivera aprovechó la descomposición del parlamentarismo para dar un golpe de Estado que desembocaría en dictadura militar.

                       La   Guardia Civil vivió durante el período del gobierno de Primo de Rivera (1923-1929) su   época de mayor esplendor. Coincidiendo con las etapas al frente de   la Dirección General de los brillantes generales Zubía Bassecourt y Aznar Butigieg, la Institución   experimentó un impulso en todos los órdenes, que se manifestó en importantes avances orgánicos y de política de personal.   De esta época es la creación del himno, los Colegios para huérfanos, la construcción de numerosos cuarteles, la implantación del generalato, la creación de las Zonas, el reconocimiento de la sub-oficialidad, el alto nivel de la recluta de   oficiales y de guardias civiles,   las mejoras salariales y de   otras prestaciones sociales, la creación del Parque Móvil, el auge de las transmisiones, la nueva puesta en marcha de la Academia Especial, el asesoramiento a otras policías extranjeras, la concesión de la Gran Cruz de la Beneficencia (Real Decreto de 4-10-1929) o la declaración de la Virgen del Pilar como patrona del Cuerpo, hecho éste que se celebraba y se sigue celebrando con especial júbilo y formidable respaldo social en cada lugar de la geografía española donde la Guardia Civil tenía implantación.

                       Fruto de sus particulares “felices años veinte”, la Guardia Civil recuperó gran parte del prestigio que había perdido, y sus oficiales más brillantes fueron   llamados para ocupar importantes cargos en la estructura de la seguridad del Estado, como la Dirección de Seguridad, de la Policía o de la Academia policial.   De igual modo, los guardias civiles gozaban   de amplia autoridad y reconocimiento social, lo que contribuía a que muchos jóvenes españoles se sintiesen atraídos por el ingreso en la profesión, acabando con los tradicionales problemas de reclutamiento que había padecido la Institución desde su creación.
                       Sin embargo, no todo había sido positivo en esta etapa. La excesiva vinculación del Cuerpo a la administración militar favoreció el distanciamiento de la administración civil, roces con la jurisdicción ordinaria, extralimitaciones en el ejercicio del servicio y, con frecuencia, el uso desproporcionado de la fuerza a la hora de atajar problemas de orden público menores, para los que no había sido dotada de medios apropiados por el Gobierno. La consecuencia fue que, además de respetada, la Guardia Civil pasó a ser temida por las clases sociales menos favorecidas.
                       En esta situación la Guardia Civil enfiló los “trágicos años treinta”, eufemismo que dista de ser gratuito. La fragmentación social y política que vivía España, junto a la incapacidad de la monarquía de Alfonso XIII para atajar la crisis en la que había entrado el sistema, generaría un clima de enfrentamiento cuyas consecuencias desembocaron en la proclamación de la II República, en 1931, y cinco años después en una guerra civil de dramáticas consecuencias.

                        Fueron años difíciles, de los que la Guardia Civil no pudo abstraerse, hasta el punto de sufrir como nunca hasta   entonces las consecuencias de la   sinrazón y el enfrentamiento entre españoles. A pesar de que su director general, el bilaureado general Sanjurjo, se apresurase a mostrar desde el primero momento el apoyo incondicional de la Institución a la causa republicana, los sectores radicales de ésta la consideraban un instrumento represor de las masas obreras, del que era necesario prescindir. Mucho más cuando a falta de alternativas policiales sólidas, fue obligada a intervenir con medios inadecuados para sofocar las protestas campesinas y obreristas que se sucedían por toda la geografía nacional.

                        La imprevisión gubernamental y aquél planteamiento hostil, convirtieron a la Institución en víctima de violentos ataques. Esta realidad explicaría no sólo su cuestionamiento,   sino episodios como los de Castilblanco (1931) y la revolución de octubre de 1934, donde cientos de guardias civiles fueron masacrados por la ira de los mineros asturianos.

                        El escenario descrito explicaría también los distintos papeles desempeñados por la Institución durante la guerra civil. Los ataques de que era objeto por el radicalismo imperante, junto al clima de intolerancia y la quiebra de la convivencia y el orden público, condicionó la tradicional lealtad de la Guardia Civil al poder legalmente constituido cuando el sector conservador del Ejército se sublevó contra la República. Como el resto del país, la Institución se vio forzada a la división, hecho que determinaría el curso de la guerra y el futuro en cada una de las dos zonas en que quedó dividido el país. En el primer caso, porque al mantenerse fiel a la República en las grandes capitales (Madrid, Barcelona y Valencia), impidió el triunfo de la rebelión en éstas y, por tanto, que el pronunciamiento no triunfase en el primer momento y la guerra se alargase. En cuanto a su futuro, porque su suerte sería dispar en cada uno de las zonas. Así, en la republicana se integraría en la Guardia Nacional Republicana (Decreto de 3 – 8 - 1936),   híbrido de los demás Cuerpos existentes; mientras que en la nacional siguió operando como fuerza de orden público e integrando columnas de acción directa en el frente de guerra. En cualquier caso, su contribución en sangre sería enorme, con miles de bajas entre sus filas (2714 víctimas mortales), en especial durante   los primeros meses de la guerra, cuando ambos bandos porfiaban por ganar posiciones al enemigo, y los asedios a los cuarteles de la Guardia Civil se convirtieron en blanco preferido de milicianos, que exigían a los guardias civiles la entrega de sus armas y que se sumasen a la causa que defendían.

                        Finalizada la contienda civil, el general   Franco   planteó la disolución del Cuerpo, al considerar que no había sido   totalmente fiel a la causa nacional durante los primeros días de la guerra. Pero la coyuntura política por la que atravesaba España y una más profunda meditación pronto le hicieron desistir de esa intención. Un hecho y una persona convencerían a Franco de lo contrario y salvaron a la guardia civil de su disolución. El hecho fue la defensa del Santuario de Santa Maria de la Cabeza por el capitán Cortés hasta el comienzo del mes de mayo de 1937, contra fuerzas abrumadoramente superiores . Siendo la Numancia de la era moderna. La persona fue el general Camilo Alonso Vega, cuando le habló del extraordinario rendimiento de fuerzas tan experimentadas en la lucha antisubversiva; y el éxito de la guardia civil en la lucha contra el maquis le daría la razón. La experiencia anti-subversiva de la GC se remontaba a la ya lejana guerra de Cuba en lucha constante contra la guerrilla.

                        Hostigado desde el interior y el exterior por enemigos enconados, y con la II Guerra Mundial en pleno apogeo, el régimen franquista se apoyó en las “tres familias” que lo sustentaban (Ejército, Iglesia y   Movimiento Nacional), y cerró filas para defender el Estado surgido de la contienda civil. Para lograrlo, uno de los objetivos considerado como necesario era la eliminación de los enemigos interiores que amenazaban el orden público y la propia esencia del régimen. De esta misión se responsabilizó al Ejército, que utilizó como instrumento al Cuerpo que más experiencia tenía a la hora de combatir la subversión: la Guardia Civil. La Ley de 15-3-1940 consagró esta militarización y el reforzamiento del control que el estamento castrense venía ejerciendo sobre la Benemérita desde su integración en el Ejército (Leyes constitutivas de 29-XI-1878 y de 19-VII-1889).

                        Además de pasar a ser   directamente controlada por el Estado Mayor del Ejército, las consecuencias para la Institución fueron la exclusión de muchos de sus hombres, el dimensionamiento de sus cuadros de mando a causa de la absorción que hubo de hacer del Cuerpo de Carabineros, y, especialmente, la implantación de una férrea disciplina y de extenuantes jornadas– de hasta ocho días de servicio ininterrumpido—.

                        La Guardia Civil respondió a las exigencias con extraordinaria dosis de abnegación y demás valores contenidos en el espíritu ahumadiano, y en pocos años se hizo acreedora a las simpatías del régimen. De este modo, hacia 1952 no sólo había disipado todas las dudas que su conducta en la guerra había generado, sino que se había convertido de nuevo en la herramienta más fiable a la hora de mantener la tranquilidad y la seguridad pública.

                        Esta capacidad de ofrecer seguridad,   hecho a menudo no valorado en su justa dimensión por la historiografía, contribuyó de manera decisiva al espectacular desarrollo económico que experimentó la España de los años sesenta, y que en gran parte pudo fomentarse en la masiva llegada de turistas extranjeros a nuestras costas, atraídos por las bondades del clima y el carácter español, pero también por la tranquilidad que se respiraba.

                        Para adaptarse a las transformaciones que el desarrollismo traía de la mano, la Guardia Civil hubo de realizar un esfuerzo modernizador que le permitiese adaptarse a las demandas que exigían una España rotundamente orientada por la senda del bienestar. La consecuencia fue la asunción de nuevas competencias, entre las que destacó la protección jurídica del tráfico   en las carreteras y el auxilio a los conductores, plasmada con la puesta en marcha de la Agrupación de Tráfico (Ley 47/1959).

                        La Agrupación de Tráfico tuvo el mérito de convertirse en el buque insignia de la Institución y de ser la pionera de las numerosas especialidades que irían surgiendo a lo largo de la década de los sesenta y primeros años setenta. Todas, en cualquier caso, con el objetivo de prestar un servicio de calidad al ciudadano y de servir de ayuda humanitaria a quien lo precisase. Fue el caso de las actividades Subacuáticas; el Servicio de Montaña; la Agrupación de Helicópteros; el Servicio de Explosivos o el GAR (Grupo de Antiterrorista Rural, de donde se nutre la elitista UEI que sería concebida en el seno de la Comandancia Móvil de Madrid, en 1977).   Más tarde, especialidades   como el Servicio Marítimo, para proteger costas y fronteras o el SEPRONA, para proteger el medio ambiente, ratificarían la tendencia modernizadora y aquel talante humanitario.

                        La España del desarrollismo trajo de la mano no sólo hábitos nuevos, sino importantes cambios demográficos, lo que condicionaría el devenir de la Guardia   Civil al advenimiento de la Democracia. El éxodo rural a las ciudades que caracterizó aquellos cambios, sería decisivo a la hora de modificar el mapa policial. Era la consecuencia lógica de la pérdida de peso específico del medio rural en el contexto poblacional y delincuencial, y el consiguiente aumento de ambos factores en las ciudades. La Ley de Policía de 1978 sería la encargada de materializar este cambio en beneficio del Cuerpo Nacional de Policía, que ampliaba sus competencias a poblaciones donde hasta entonces las tenía asumidas la Guardia Civil, que era por primera vez en su historia perdía protagonismo en el área de la seguridad.

                        No obstante, la Guardia Civil continuaba siendo depositaria de importantes responsabilidades. Era el caso del terrorismo que había aflorado en la España tardo franquista y que continuó su actividad durante la Democracia, en especial en el País Vasco. Allí, la banda separatista ETA había apostado por la intransigencia y abrazado la violencia para reivindicar la independencia del País Vasco, convirtiéndose   en la amenaza más seria   a la convivencia pacífica y democrática de los españoles. Una vez más, la Guardia Civil es el principal baluarte utilizado por el Estado para defender la integridad territorial, la estabilidad democrática y la convivencia pacífica. Esto ha sido percibido así por ETA, que ve en la Institución el principal enemigo para sus intereses. De hecho, no fue una casualidad que la Guardia Civil se convirtiese desde el primer momento en objetivo prioritario de los atentados de la banda terrorista. Entre los años de 1968 y 1986, un total de 159 guardias civiles fueron asesinados en acciones terroristas. En el umbral del siglo XXI, la cifra se había elevado a más de 200. Una vez más, la contribución en sangre de la Benemérita en defensa de España fue el testimonio más fehaciente de su trayectoria histórica al servicio de los españoles, de su prosperidad, de la paz, de la seguridad pública. Así lo vino a reconocer la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 1986, hoy en vigor, que confió a la Institución importantes competencias en materia de seguridad pública.

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