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AUME apuesta por crear una unidad que decida las sanciones a los militares

  • Escrito por Redacción

12-11-ejercito-español

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) propone que el nuevo Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que actualmente está en tramitación en el Congreso de los Diputados, cree la Unidad Central de Instrucción Disciplinaria de las Fuerzas Armadas, un órgano que debe ser independiente de las asesorías jurídicas y del que tienen que depender el instructor y el secretario de los procedimientos disciplinarios.

El secretario general de la asociación, Mariano Casado, defendió esta medida en el I Foro de Debate 'Las claves de AUME', en el que también participaron los diputados de la Comisión de Defensa Vicente Ferrer (PP), Luis Tudanca (PSOE) y José Luis Centella (Izquierda Plural); el coordinador de UPyD en Melilla, Emilio Guerra; y el secretario jurídico general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Eugenio Nemiña.

Casado defendió que la creación de la Unidad Central de Instrucción Disciplinaria posibilitaría que los instructores y los secretarios de los procedimientos no dependiesen de los mandos, lo que supondría "una separación clara de funciones y una unidad de criterio, independiente de los ejércitos y unidades, algo que ahora no sucede". AUME espera que se establezca "un cuadro de sanciones" que se apliquen de la misma manera en todas las unidades y defiende que se incluya en el nuevo régimen disciplinario la sanción 'demérito profesional', el único castigo que, según la asociación, debería computar para procesos reglamentarios de evaluación o renovación del compromiso.

Al igual que en el Congreso, los representantes del PSOE, Izquierda Unida y UPyD abogaron por eliminar la sanción de arresto de uno a catorce días por faltas leves. Luis Tudanca, portavoz adjunto de Defensa del PSOE, insistió en que los arrestos sólo deben aplicarse en casos de faltas graves y, en cualquiera caso, las sanciones sólo deben aplicarse "con intervención judicial".

Centella, en la misma línea, defendió que "la justicia militar tiene que ser más justicia que militar"; mientras que Emilio Guerra subrayó la importancia de que se garanticen los derechos de los militares, que son "ciudadanos de pleno derecho". Eugenio Nemiña, secretario jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), detalló las mejoras que, según su exposición, han provocado en la Guardia Civil que se eliminase el arresto del cuadro de sanciones disciplinarias.

En el lado contrario, el portavoz de Defensa del Partido Popular, Vicente Ferrer, subrayó que los arrestos son una medida "necesaria para mantener la disciplina" y defendió que el proyecto de Ley presentado por el Gobierno se enmarca en la Constitución y en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, Ferrer defendió que el proyecto presentado reduce la duración de los arrestos y aumenta las garantías de los procedimientos, por la posibilidad de presentar recursos en faltas leves.

El debate, según el secretario general de AUME, consiguió que "los responsables de la política de Defensa en el Parlamento" asistieran "a un foro de una asociación con total normalidad" y demostró que el régimen disciplinario de los militares es un "tema que interesa".

Atenea Digital.es

Comentarios   

Sargón
0 #1 Sargón 15-11-2013 13:31
Desde luego es una garantía para el encartado el que exista una separación entre el órgano instructor y la autoridad que va a resolver el expediente, así como el que el instructor tenga una formación adecuada y una continuidad en el ejercicio de su cargo, es decir, que no se nombre a cualquier oficial según un turno dentro de la UCO, como si de una guardia se tratase. No veo tan claro, en aras de una rápida instrucción, lo de la Unidad Central de Instrucción. En el caso del Ejército de Tierra, yo propondría, mejor, que los expedientes disciplinarios por falta grave los instruyeran las Unidades de Expedientes Administrativos . Son 27 unidades dependientes funcionalmente del MAPER, repartidas por todo el territorio nacional, que tienen un personal permanente, formado, y expresamente dedicado a instruir procedimientos administrativos y, además, están acostumbrados al trato con abogados.
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