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Noticias CC y Fuerzas de Seguridad del Estado

CNI: ver sin ser visto

  • Escrito por Redacción

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No lucen esmoquin, ni pronuncian su apellido antes que su nombre de pila. Pero conocen secretos de Estado e información confidencial que utilizan para salvaguardar los intereses de su país.

Su objetivo es modelar la estrategia de seguridad con la que afrontar los desafíos del país, con una arcilla mezclada de información clasificada, confidencias y secretos de Estado. No es de extrañar que su labor trate de ser invisible. Cuanto menos se hable de ellos, mejor estarán haciendo su trabajo.

«El mundo en que vivimos, lleno de incertidumbres, precisa de personas y organizaciones que se ocupen de la seguridad de los demás», son palabras de la máxima autoridad del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), su director general, Félix Sanz Roldán. Lleva cuatro años al frente de esta institución, viendo cómo ha cambiado el color de los Gobiernos para los que ha trabajado sin que se pusiera en duda su puesto. Dentro de las fronteras, el CNI trabaja «a las órdenes del Gobierno, con la idea de proporcionarle los mejores elementos de juicio en que pueda basar sus decisiones», y más allá del territorio nacional, pasa a ser «un instrumento que, junto a otros similares de nuestros socios y aliados, se ocupa de que el mundo sea más estable, más seguro y más justo». ABC se aproxima a los servicios de información e inteligencia españoles, en cuya esencia está precisamente el ser invisibles.

De ser invisible a estar en portada

Las filtraciones de Edward Snowden, un informático que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA), han pegado un tirón a la capa de invisibilidad con la que se visten los servicios secretos, a quienes ha acusado de espiar a socios y aliados, rompiendo el pacto tácito de mirar sin ser visto. «No quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo. Es algo que no estoy dispuesto a apoyar o admitir», alegó Snowden para filtrar documentos en los que mostraba el «Gran Hermano» con el que a los oídos de EE.UU. llegaban las voces de todo el mundo.

Los documentos del informático norteamericano apuntaban a que el CNI habría colaborado con la NSA a espiar de forma masiva y al margen de la ley dentro de España. Así, quien trabaja desde las trincheras se vio de pronto en primera línea de fuego. No quedó otra que comparecer en el Congreso de los Diputados, aunque a puerta cerrada y en Comisión de Secretos, para asegurar que la agencia española ha operado siempre «con absoluta legalidad».

El CNI es la forma que el Gobierno tiene de «obtener información no alcanzable por otros organismos» para «proteger los intereses políticos, económicos, estratégicos o industriales» del país, según se autodefine en su página web. Y parte de esos intereses pasan por saber qué hacen nuestros aliados, lo que nos sitúa en posiciones ventajosas a la hora de negociar, y nuestros enemigos, a cuyos movimientos deberíamos adelantarnos. Por ello, además de las 60 «antenas» de las que dispone el CNI en el extranjero para captar información de nuestros vecinos, también dispone de escudos para evitar que otros servicios de inteligencia capten la nuestra: se trata de la «contrainteligencia».

Conseguir guardar secretos es tan importante como desvelarlos. El CNI cuenta con fuentes humanas y con la colaboración de otros servicios de inteligencia para dar con esa información que analizar, interpretar y valorar para convertir en Inteligencia. La Ley 11/2002 de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia define le otorga el objetivo de «prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra» España y los españoles.

El propio CNI reconoce que no es posible cumplir su cometido «si no es compartiendo la información con amigos y aliados, para de esta forma tener un conocimiento más amplio y profundo» de las amenazas a las que se enfrenta.

Compartir información es tarea crucial para los servicios de Inteligencia, «ceder información de enemigos comunes», en palabras de Fernando Rueda, autor de numerosos libros sobre espionaje y servicios de Inteligencia. Pero «no hay servicios secretos amigos y servicios secretos enemigos; simplemente hay otros servicios de inteligencia», recuerda el experto.

El CNI colabora con sus socios, pero ha negado tajantamente que les haya cedido datos al margen de la ley. Precisamente es la ley el límite al que se enfrenta el alcance de la actividad del CNI, sometido a un control judicial previo (Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo).

Sometido al control judicial

Para las actividades que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, la Constitución Española exige en su artículo 18 una autorización judicial, es decir, la luz verde de un juez. Se trata de un magistrado del Tribunal Supremo específicamente encargado del control judicial de las actividades del CNI. El juez tiene 72 horas —que, por motivos de urgencia, puede reducirse a 24 horas— para conceder la autorización solicitada. Por supuesto, todo ello con la clasificación de secreto.

«Cuando la Policía tiene sospechas fundadas de delito pide a un juez que autorice un registro o una intervención telefónica. El CNI hace lo mismo, con la salvedad de que no se le exigen sospechas fundadas. Al CNI no le hace falta que se haya producido un delito para actuar porque está en un nivel anterior: el de prevenirlo», señala Rueda.

Se trata de ponderar entre libertad y seguridad, dos valores que a menudo confrontan. También entre transparencia y confidencialidad, es decir, lo que los ciudadanos tienen o no derecho a saber. Snowden o Assange antes de él alegan transparencia cuando revelan secretos, y los Gobiernos a quienes atañen alegan una violación de su confidencialidad. También el peligro que presuntamente supone que ciertos datos considerados secretos acaben viendo la luz. Que sea un magistrado quien en última instancia decida entre los dos derechos parece lógico.

Sin carácter policial

Aunque el CNI en un principio estaba adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa, desde diciembre de 2011 depende del Ministerio de Presidencia, al frente del que se encuentra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno es el encargado de fijar sus objetivos mediante la Directiva de Inteligencia, que se elabora con carácter anual.

El CNI no tiene carácter policial. Sus miembros no tienen la consideración de agentes de la autoridad —«con excepción de aquellos que desempeñen cometidos profesionales relacionados con la protección del personal del Centro y de las instalaciones del mismo, tal y como contempla la Ley que lo regula—. No llevan a cabo detenciones, ni gozan de los privilegios con los que cuentan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —presunción de veracidad en una disputa con un particular, capacidad para pedir apoyo de la autoridad gubernativa o judicial y protección penal frente a quienes les insulten o desobedezcan—.

Radiografía del CNI
Publicado en el BOE

Cuentan con un carné que los acredita como miembros del Centro, que según recoge la orden ministerial que lo aprobó en 2012, «será considerado como acreditación suficiente de la identidad de su titular, sin que sea necesario exhibir otra documentación». Este carné recoge un número de identificación, pero no un nombre y apellidos. A quienes se les muestre este carné, quedan obligados a guardar secreto sobre la identidad del titular del mismo. También disponen de licencia de armas, «en función de las necesidades del servicio», de acuerdo con la normativa vigente.

«Los agentes hacen las mismas investigaciones que los Cuerpos de Seguridad, pero cubriendo otro tipo de aspectos», señala Rueda, y poen de ejemplo asuntos como el blanqueo de capitales o el terrorismo de ETA. «El CNI recibe información, la analiza y si lo cree conveniente, se la pasa a la Policía». Por ello, la colaboración del CNI con distintos Ministerios como Interior o Asuntos Exteriores es directa.

Espiar a un aliado

Decía Felipe González que un Estado también se defiende desde las alcantarillas. En esa línea explica a ABC Fernando Rueda, la labor de este «servicio secreto del Estado». «Que EE.UU. pueda robar conversaciones de millones de españoles es un atentado contra España. Y una de las misiones del CNI es evitarlo», indica.

Recuerda Rueda que siendo ministro de Asuntos Exteriores el socialista Fernando Morán y en plena negociación con la entonces llamada Comunidad Europea para el ingreso de España en el organismo internacional, fueron hallados una serie de micrófonos en su despacho. «Posiblemente eran los propios miembros de Europa y futuros aliados quienes los habían puesto», advierte.

Quien espía sabe a su vez que es espiado. «Todos los Gobiernos saben que esto funciona así, pero la opinión pública es muy sensible», apunta Rueda, en consonancia con las palabras del propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, cuando recibió la noticia del presunto espionaje de EE.UU. a España: «Me parece un hecho lamentable por la doble responsabilidad de hacerlo y por tener abiertos los servicios secretos». Es decir, tan lamentable es el espionaje como que se sepa.

Quizás lo más sensible sea que ese espionaje se está llevando a cabo entre aliados. «La opinión pública reclama que se ponga fin a esta práctica y que se tomen represalias de algún tipo», explica Rueda, por lo que toca a los políticos demostrar que la condenan.

Riesgos actuales

La materia prima con la que el CNI trabaja es abundante y compleja. Se trata de informaciones cruzadas que intercepta, interpreta, analiza, y con ellas intenta servir de escudo contra quienes amenazan a la independencia y la integridad de España.

Uno de sus mayores desafíos es el terrorismo. El «de casa», durante los más de 30 años de ETA sembrando el terror dentro de nuestras fronteras, y el terrorismo internacional, que tomó forma en España tras los atentados del 11 de Marzo en Madrid. «El terrorismo internacional es la mayor amenaza a la que se enfrentan actualmente los Servicios de Inteligencia», según el propio CNI. «Es el principal reto y desafío, que ha supuesto numerosos cambios y adaptaciones en todos los Servicios de Inteligencia del mundo» para poder darle respuesta. Tras el 11-M, el CNI aumentó su plantilla de forma considerable y también sus recursos financieros, con el objetivo de hacer frente al terrorismo de origen islamista radical y a los fenómenos vinculados a la inmigración ilegal.

En los últimos años, la Inteligencia española está reforzando sus tentáculos tanto dentro como fuera de España, especialmente en aquellas zonas donde aumentan los focos de conflictos. Sirvan de ejemplo las operaciones del CNI para proteger a los ciudadanos en el exterior, en países que han solicitado apoyo internacional como el Sahel o Afganistán, en los que no existe un Estado democrático y las escuchas masivas no vulneran la legislación.

Otro aspecto importante es la intervención del CNI en los secuestros de ciudadanos españoles en el exterior, o en la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas y el narcotráfico, o el apoyo al despligue de las tropas españolas en zonas de conflicto. También el tráfico incontrolado de armamento nuclear, químico o bacteriológico desplazado clandestinamente hacia países con una política permanente de rearme (por lo general del tercer mundo).

En materia económica, el CNI se encarga de investigar y prevenir los movimientos especulativos de capitales y los ataques al euro o a la deuda española. Protegen los intereses económicos de las empresas que desarrollan sus actividades comerciales en cualquier punto del planeta, incluyendo su salvaguarda en regiones conflictivas terrestres o marítimas.

En todos los múltiples campos en los que actúa el CNI, su misión es seguir siendo esos vecinos silenciosos que, como si de superhéroes de ficción se tratara, velan por nosotros aunque no los podamos ver.

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