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Los Mozos de Escuadra, colaboradores necesarios para un Golpe de Estado

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Son datos recogidos y presentados ante la Justicia, tanto por Policía Nacional como por Guardia Civil, que revelan que los Mozos actuaron, no para impedir el referéndum ilegal del 1-O, sino para favorecerlo, que han sido cómplices necesarios, los cómplices que debían poner la fuerza frente a quienes obedecían legitimamente las órdenes judiciales para que se cumpliesen las leyes. Es la traición a un juramento de un cuerpo policial cuya cúpula asumió directrices políticas para saltarse las leyes.

A falta de ejército propio para la “república catalana”, que tenía que nacer de una declaración unilateral de independencia, y que debería dotarse de entre 18.000 y 22.000 militares, según diversos correos intervenidos a los líderes del “procés”, así como del documento en el documento “EnfoCATs” incautado por la Guardia Civil y de la agenda “Moleskine” de Josep Maria Jové, ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, incautada igualmente por la Guardia Civil, se mantiene que hasta que este ejército pudiese ver la luz, “La declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mozos de Escuadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”, eso pone a la cúpula de Interior de la Generalidad catalana y de los Mozos de Escuadra, cometiendo un delito de rebelión.

Para la Guardia Civil, queda demostrado que tanto en la agenda ‘Moleskine’ -elaborada por el ex número 2 de Junqueras, Jose María Jové- como los posteriores informes del Consejo Asesor de Transición Nacional, los mozos son considerados “estructura de estado imprescindible para garantizar la seguridad ciudadana y el control de las infraestructuras esenciales en una hipotética Catalunya independiente”.

El delito de rebelión (artículo 472 del Código Penal) persigue a quienes “se alzaren violenta y públicamente” para la consecución de siete fines, dos de los cuales vienen como anillo al dedo de los golpistas en Cataluña: “la derogación de la Constitución y la declaración de independencia de una parte del territorio nacional”.

La realidad es que los golpistas liderados por Carles Puigdemont, acusados de rebelión utilizaron a los Mozos de Escuadra “como fuerza armada intimidatoria”, según los autos de procesamiento redactados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Y esta traición por parte de los Mozos de Escuadra, el asumir desde la cúpula del cuerpo autonómico el papel de “colaborador necesario” sin el cual el “procés” no es viable, se va haciendo cada vez más evidente según avanzan las investigaciones de Guardia Civil y Policía Nacional, en las que se va descubriendo el papel “activo y cómplice” de los Mozos para el avance del desafío independentista.

Es un hecho ya demostrado que la Generalitat ordenó a los Mozos echar desde “el día uno de la independencia” a la Policía (Policía Nacional y Guardia Civil), porque, según sus explicaciones, eran “agentes hostiles” dispuestos a aprovechar la “vulnerabilidad” del “proceso de transición”. La descripción de esta estrategia aparece recogida en un correo de Jose Luís Salvadó Tenesa que fue remitido a la Vicepresidencia Económica y Secretaría de Hacienda de la Generalitat, el departamento bajo el mando de Oriol Junqueras. Correo intervenido por la Guardia Civil y fechado el 6 de septiembre del pasado año, justo antes de la negativa de los Mozos a ayudar a la comisión judicial y a los agentes de la Guardia Civil en el registro judicial al Departamento de Economía, justo antes, igualmente, de las reticencias por parte de la Consejería de Interior y de Mozos de Escuadra a aceptar el mando coordinado del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, que fue impuesto por la Justicia.

Este correo, es mucho más importante por su contenido adjunto, ya que demuestra que los Mozos tuvieron una actitud de omisión de su deber, y donde se observa que los agentes autonómicos contaban con órdenes concretas para desafiar la legalidad, además de demostrar, sin lugar a dudas, que se encontraban inmersos en el golpe separatista.

En el documento adjunto remitido con el correo anterior denominado “La seguridad de la república catalana: primeros planteamientos”, se recogen una serie de indicaciones para la fase de “transición”, y donde Salvadó Tenesa aclara el planteamiento estratégico con respecto a los Mozos, “durante la transición las fuerzas de seguridad (mozos) asumirán las competencias que actualmente (septiembre de 2017) recaen sobre el Estado español para garantizar que no haya problemas en este ámbito”, se apunta en ese documento, añadiendo que “Es necesario que se haga un proceso conducido de manera correcta para que los ‘agentes hostiles’ no puedan aprovecharse de las vulnerabilidad de la transición”. Salvadó Tenesa recuerda que la misión es “dejar sin eficacia a los 7.000 agentes estatales entre Policía Nacional y Guardia Civil”, y esto debe recaer en la Consejería de Interior y en la Dirección de los Mozos.

A partir de ese momento (septiembre de 2017), la Guardia Civil tiene acceso a informes que revelan que el mayor José Luís Trapero dio órdenes explícitas a los Mozos de espiar, informar y delatar cada movimiento que realizase la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O.

Los agentes de Mozos de Escuadra además recibieron órdenes directas durante el 1-O para que no solo no apoyasen a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que a su vez deberían llegar para apoyarles a la clausura de los colegios electorales para evitar el referéndum ilegal siguiendo órdenes judiciales, sino que se apartasen cuando policías nacionales y guardias civiles llegasen a dichos colegios para realizar el trabajo que los mozos se habían negado a realizar, para evitar imágenes en que se viesen mozos cerca de las actuaciones de los agentes nacionales. Los mozos no solo acataron las órdenes al pie de la letra, sino que en más de una ocasión se enfrentaron directamente a policías y guardias civiles cuando trataban de cumplir las órdenes judiciales.

Es decir las consignas de los agentes autonómicos no eran estar atentos a evitar el referéndum ilegal según las órdenes recibidas del TSJC, sino que la obsesión de sus mandos políticos y policiales era controlar al milímetro cada paso que daban los agentes enviados desde el resto de España para poder informar a su cúpula y a la Consejería de Interior, y tratar de entorpecer y evitar la eficacia del operativo nacional que pretendía paralizar el golpe separatista.

Informes elaborados por las fuerzas policiales estatales y por el coronel Pérez de los Cobos y entregados ya a la Justicia coinciden en que los Mozos incumplieron las órdenes del cierre previo de los colegios, sin pedir la ayuda policial que se le ofreció, y obstruyeron la labor de sus colegas estatales cuando a estos se les ordenó actuar viendo que los colegios abrían sin problemas a las 9.00 de la mañana. Incluso llegaron a avisar a los concentrados de las horas en que iban a llegar para “cerrar” los colegios, indicándoles que “si a esa hora había mucha gente concentrada no podrían hacerlo”.

En estos informes se confirma que cuando llegaron los policías y guardias civiles a los accesos a los colegios estos estaban ya taponados por cientos de manifestantes, y con parejas de mozos en "actitud pasiva". En 40 de las intervenciones que hizo la Policía Nacional fueron "identificados agentes de los Mozos de Escuadra en actitud pasiva, incluso cuando se produjeron agresiones a los agentes actuantes". En uno de los colegios llegó a ser identificado un mozo que ejercía de escolta de una consejera del Govern que estaba participando en las movilizaciones, llegando a enfrentarse a los policías. Al menos en "tres ocasiones" los policías nacionales registraron "incidentes directos con agentes de los Mozos". La Guardia Civil, por su lado, identificó a agentes de los Mozos en 30 actuaciones, también en totalmente “actitud pasiva”. Los efectivos del instituto armado tuvieron "incidentes directos" con los Mozos en seis ocasiones en que estos "entorpecieron o dificultaron la actuación policial", incluso enfrentándose directamente a los guardias civiles.

Trapero ha intentado amparar su actuación y la de los Mozos en que se cumplió estrictamente el auto judicial que dictó la juez del Tribunal Superior de Cataluña, Mercedes Armas, prohibiendo el referéndum ilegal. Según Trapero, en ese auto se decía que la acción policial no debía afectar "la convivencia ciudadana".  No es lo que días antes del 1-0, la juez Armas, ordenó cuando llamó a los jefes de los tres cuerpos y les dio a todos ellos la misma instrucción: “impedir el referéndum”, añadiendo que si para parar las votaciones debían mantener cerrados los centros de votación desde varios días antes, debía hacerse; y si los Mossos no tenían suficientes efectivos (Trapero movilizó unos 6.100 efectivos en esos días, muy por debajo de los movilizados anteriormente durante otras votaciones legales) y necesitaban ayuda de la Guardia Civil y Policía Nacional, debía pedirla. Pero además les exigía explícitamente no esperar al mismo día 1-0 con los colegios atestados de personas que se resistían al cierre de las urnas. Esas eran las órdenes y ese era el acuerdo, según ha confirmado en un informe el coronel Pérez de los Cobos, y posteriormente en sede judicial, donde ha asegurado que todas las órdenes recibidas por los órganos judiciales esos días fueron taxativas:  detener el referéndum del 1-0.

Debido a la pasividad de los Mozos durante el 1-0, los 200 equipos de la Policía y Guardia Civil (6.000 efectivos movilizados) tuvieron que ir apresuradamente a colegios abiertos que debían estar cerrados y desalojados. Esta actitud de los Mozos de Escuadra entra en contradicción con lo pactado por los tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía y Mozos) donde el cierre previo de los centros de votación lo deberían ejecutarlo los Mozos. El coronel Pérez de los Cobos, jefe del operativo contra el referéndum, recalca en su informe que el cometido de las fuerzas estatales nunca fue emplear la fuerza sobre las personas, sino "impedir las votaciones retirando las urnas" que no habían retirado los Mozos. Cuando estos 200 equipos movilizados llegaron a los centros de votación los hallaron abiertos "y con entre 300 y 800 personas” en algunos centros esperándoles en medio de brotes de “hostilidad, violencia y agresividad”, según explicaba igualmente el coronel Pérez de los Cobos en su informe.

Asegura Pérez de los Cobos que no hubo cargas policiales en los colegios, datos corroborados por las grabaciones sobre la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil que muestran cómo estos utilizaron lo que el argot policial se llama el método de la cebolla, es decir, crear un círculo policial frente a la masa humana que tapona los accesos e ir retirando una a una hasta dejar libre el acceso. Se sacan una a una, se entregan a colegas más atrasados y estos las llevan detrás de la barrera que forma el círculo.

Destaca el coronel que esas masas frente a los colegios estaban organizadas y se nutrían en parte de individuos seleccionados por los Comités de Defensa de la República para compactar la oposición frente a la labor policial e impedir que se cumpliera la orden del Tribunal Superior.

Actitud pasiva”, “inoperancia”, “obstruccionismo”, “delación” y hasta “engaño” son algunos de los adjetivos que se emplean en estos informes elaborados por la Policía Nacional, Guardia Civil y en el confeccionado por el propio Pérez de los Cobos, para explicar la actitud de los Mozos durante el día 1-O y días anteriores.

Las órdenes para impedir el referéndum ilegal provenían tanto de la Fiscalía, como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una de esas órdenes la dio in extremis el fallecido fiscal general José Manuel Maza viendo que se acercaba el 1-0 y que el jefe político de Trapero y de los Mozos, el ex consejero Joaquín Forn, no parecía estar por la labor de evitar el referéndum.

Maza contó en las primeras horas del 1-0 que los Mozos estaban actuando “como una policía política” al margen de jueces y fiscales y en favor de quienes precisamente habían organizado el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La Guardia Civil destaca en este sentido que José Luis Salvador, ex máximo responsable de Hacienda de la Generalidad de Cataluña, alto cargo cercano a Oriol Junqueras, llegó a acreditar que los Mozos obedecerían las leyes del Gobierno catalán antes que al juez.

De hecho, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, recuerda en su informe que tras el referéndum, la actuación de los Mozos "fue elogiada" por sus jefes políticos.

La actitud de colaboración con el proceso independentista por encima del respeto a las leyes y a la propia Constitución, se reveló de forma que ya no cabía ninguna duda en los cientos de informes que fueron interceptados por la Policía Nacional en una planta incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el 26 de octubre, solo unas horas antes de que entrara en vigor el artículo 155, y que demostrarían tras su estudio que los Mozos actuaron como una policía política a las órdenes de quienes habían orquestado y estaban llevando a cabo un verdadero golpe de estado en Cataluña.

En algunos de estos informes, que se encuentraron en la treintena de cajas que los mozos pretendían destruir, había varias actas de su Área de Mediación y Negociación (AME), una unidad creada por el Govern en 2012 para rebajar la tensión de protestas violentas y que acudió al departamento de Economía para evaluar las movilizaciones contra la Guardia Civil.

Según consta en el acta AME 302/2017, en un primer momento, los miembros de la AME se acercaron a los concentrados para entablar contacto, dialogando directamente con Sánchez y Cuixart, así como con el directivo de la ANC Xavier Vidal, que también estaba presente. Los tres son considerados por los mozos en el acta "dirigentes de la concentración". Según la Policía Nacional, "las referencias a las conversaciones que mantienen [los mozos] con los responsables" de la ANC y Òmnium "no dejan lugar a dudas sobre la actitud netamente hostil y beligerante de los concentrados hacia la comisión judicial y los agentes de la Guardia Civil, manifestando los mencionados [Sánchez, Cuixart y Vidal] que en ningún momento iban a pedir a la gente nada que significase facilitar el trabajo de la Guardia Civil".

La connivencia ese día ente los responsables de los mozos en las inmediaciones de la Consejería de Economía y los responsables políticos presentes en la misma es clara, en un momento dado las furgonetas antidisturbios que se encontraban frente a la Consejería son retiradas, permaneciendo únicamente dos de ellas, claramente insuficientes ante una masa violenta de cerca de 80.000 personas que trataban de impedir el trabajo de la comisión judicial y dando el protagonismo del dialogo con los agentes judiciales y policiales retenidos en el interior de la Consejería de Economía, a los representantes políticos de Ómnium y ANC.

Así lo determina en su informe la propia Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, a la que sorprende el "excepcional protagonismo dado por los mandos de los Mozos a los dirigentes de la ANC y Òmnium" en la gestión de esta crisis. "Cabe dar relevancia a la importancia que tuvieron los representantes de la ANC, los señores Jordi Sánchez y Xavier Vidal, y de Òmnium Cultural, señor Jordi Cuixart, quienes desde primeras horas de la mañana del día 20 de septiembre capitalizaron y dirigieron la concentración de protesta, siendo sus indicaciones secundadas en todo momento por los concentrados", acatando los mandos de los mozos  tiempos y decisiones de los dirigentes de ANC y Ómnium.

Asimismo, según la Policía Nacional, la documentación incautada revela que "estas personas, sin ninguna responsabilidad política, sin embargo fueron invitadas a participar en todas las reuniones que los mandos de los Mozos mantuvieron con los de la Guardia Civil, llegando a recabar, por parte de la cúpula de los Mozos, su opinión sobre cuestiones operativas (pasillo de seguridad, contención de los concentrados) y aceptando sus sugerencias, permitiéndoseles que pusieran en marcha decisiones operativas".

Pero las evidencias del trato dado por los Mozos durante todo el golpe a la Guardia Civil y la Policía Nacional se suceden, de hecho, los documentos que los Mozos pretendían destruir en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el día 26 de octubre incluyen pruebas evidentes de que el entonces mayor, José Luís Trapero, orquestó un equipo de mandos de la policía autonómica para controlar a los guardias civiles sitiados en el registro del Departamento de Economía ocurrido el 20 de septiembre y dejarles sin ayuda, pese a la exigencia legal.

Pero además de serle negada esa ayuda a la Guardia Civil durante el registro, se la negaron incluso para retirar sus vehículos destrozados en el registro de Economía, ya que con el registro judicial finalizado y sin peligro, los Mozos permanecieron en su actitud hostil y no quisieron ayudar a los miembros de la Guardia Civil ni siquiera a retirar los vehículos oficiales, saqueados y destruidos que habían quedado inservibles. Los guardias civiles tuvieron que gestionar ellos mismos las grúas para retirar los vehículos, que ya entonces se habían constituido en materia probatoria de los ataques de los radicales. De hecho, ese ataque es uno de los que ha permitido que se juzgue a los golpistas también por rebelión.

Señalan los investigadores de la Policía Nacional en su informe referente a las cajas incautadas a los mozos en San Adriá, que “En el vehículo Ford Transit matrícula 0491-BSV, y dentro de las cajas nº1 y nº27, se han intervenido 4 borradores de minutas”, documentos que consiguieron salvar los policías al impedir la destrucción de los documentos por parte de los Mozos. Las minutas corresponden a cada uno de los cuatro agentes de la policía regional que estaban encargados de controlar los movimientos de los guardias civiles y de informar a su cúpula, con órdenes de no ayudar a los agentes de la Benemérita que, en esos momentos, se encontraban sitiados por violentos que llegaron a destrozar los tres vehículos oficiales con los que se desplazaron a realizar el registro.

El primer borrador pertenece a la intendente Teresa Laplana, investigada junto a Trapero, en el que se ven numerosas correcciones de horarios y personas, así como subrayados a bolígrafo”, señala la documentación. De esta manera mantenían control de todo lo que ocurría y generaban información para justificar a sus propios agentes sobre los motivos de no haber asistido a la Guardia Civil.

El segundo corresponde al Inspector Xavi Pastor, sin correcciones, el tercero al Inspector Josep García, en el cual se observa que las franjas horarias reseñadas en el borrador están subrayadas en forma de círculo con bolígrafo y el cuarto del Sargento del AME con TIP 1903, sin anotaciones”.

Entre todas las pruebas recabadas por los agentes nacionales durante sus investigaciones, se ha entregado igualmente por la propia Guardia Civil material probatorio necesario para la Justicia, en que se señala de momento, a más de 3.250 mozos identificados en comportamientos contra las que se podía actuar disciplinariamente, habiéndose lanzado ya procesos judiciales contra más 300 agentes autonómicos que han actuado de forma ilegal y que estarían inmersos en delitos de desobediencia, en prácticas de acoso ideológico a compañeros y en colaboración abierta con el golpe separatista del 1-O.

Dentro de esos mozos que se someterán a la Justicia y cuyas acusaciones apuntan a una más que posible condena, se encuentran los que decidieron obstaculizar -e incluso espiar- la labor de Policía Nacional y de Guardia Civil o que, simplemente, actuaron en plena omisión de su deber de impedir el referéndum ilegal del 1-O, los que habrían impedido o intentado impedir a los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional la retirada de las urnas, haber contribuido al bloqueo de los agentes nacionales a lo largo de la investigación del golpe, y los que han realizado seguimientos ilegales, además de contra policías, contra miembros de partidos políticos constitucionalistas o contra asociaciones que, como Sociedad Civil Catalana, se han dedicado a defender a la gente frente a las violaciones de derechos por parte de los separatistas.

Cuando Pérez de los Cobos, compareció ante el Juez Llarena, expuso que ya desde el principio había constatado que tenía tres cuerpos policiales a su cargo y que, desde los primeros días del operativo, le quedó claro que había dos (Guardia Civil y Policía Nacional) que iban a intentar que se cumpliera el mandato judicial de impedir el referéndum y uno (los Mozos) cuya prioridad era la contraria. El coronel pudo confirmar la tesis que barajaba la Fiscalía, el papel de los Mozos el 1 de octubre fue no solo “facilitar” la votación sino “obstaculizar” los trabajos de Policía y Guardia Civil y “vigilar” lo que hacían para “informar” a los ciudadanos que estaban en los centros de votación, asegurando además, que para la preparación y celebración del referéndum hubo “un concierto” entre el Govern, los Mozos y las asociaciones civiles y sostuvo que los días previos al referéndum ilegal ya apreció en Forn y en Trapero una actitud de resistencia a impedir la consulta, pese a que el exjefe de los Mozos había dicho en reuniones de trabajo que se acatarían los mandatos de los jueces.

Cuando al coronel de los Cobos le preguntan si Trapero “actuaba por libre” o cumplía órdenes de Forn, el coronel respondió que consideraba que claramente estaba cumpliendo las instrucciones directas de la cúpula de la Consejería de Interior.

Según el coronel de la Guardia Civil que coordinó durante el 1 de octubre el operativo entre todos los cuerpos policiales, el dispositivo organizado por los mandos de los Mozos "fue una estafa". El coronel además ha ratificado que Forn trasladó constantes instrucciones políticas a Trapero y éste las asumió y proyectó a sus subordinados, no solo para no ayudar a la fuerza pública, también para impedir el legítimo ejercicio de la misma.

El coronel se mostró convencido de que tanto el ex consejero de Interior Joaquín Forn como el mayor Trapero, estuvieron siempre dispuestos a incumplir la prohibición del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional y la orden directa de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas.

Según Pérez de los Cobos, en la Junta de Seguridad la posición de Trapero era “absolutamente alineada” con Forn y el ex presidente Carlos Puigdemont.

Su conclusión es que los Mozos actuaron de forma premeditada para “aparentando que se iba a cumplir con el mandamiento judicial poner en marcha un plan que imposibilitara su cumplimiento”. Forn manifestó públicamente en esas reuniones que “se dedicarían al normal desarrollo del referéndum y a facilitar el voto” con el objetivo de preservar la convivencia como bien superior. Ante ello el coronel respondió que la única forma de evitar esas consecuencias era cumplir las órdenes judiciales y desconvocar la consulta.

De los Cobos ha acreditado además que "existía una organización coordinada de los mandos de los Mozos con el Gobierno de la Generalidad y los líderes de la ANC, Ómnium y la Asociación de Municipios para la Independencia" que buscaba "el altercado, la confrontación y la movilización, permitiendo el referéndum ilegal". De acuerdo con su declaración, "si hubiese habido voluntad política y policial de la Generalidad y de los Mozos, el 1-O nunca se hubiera celebrado y se habrían evitado altercados y movilizaciones".

Aún es más, durante su declaración acusó directamente a los Mozos de actuar como “focos de información” para eludir las órdenes y mandatos judiciales, y que luego ha sabido que hubo órdenes para que los agentes autonómicos vigilaran los movimientos de Policía Nacional y Guardia Civil. De tal forma que los Mossos llegaron a espiar la labor de los policías y guardias civiles desplegados y fotografiaron incluso los vehículos camuflados. Esa vigilancia era enviada al minuto a la central de los Mozos que coordinaba el operativo.

Un informe de la Guardia Civil, también establece el papel  que deberían jugar los mozos en el golpe de estado secesionista, descubriendo los investigadores que se creó el llamado Consejo Asesor de Transición Nacional y el Libro Blanco, para  que los separatistas desarrollaran las estrategias necesarias para la lograr la independencia. Estas pasaban, por la internacionalización del conflicto, los procesos de autodeterminación y constituyente y la creación de estructuras del Estado (Mozos, Educación, Agencia Tributaria, Seguridad Social...), así como el control de infraestructuras estratégicas, incluso aquellas cuyas competencias recaían en la UE.

También se determina, en el mismo informe, que los miembros del Gobierno autonómico cesado, compusieron dentro del Consejo Asesor de Transición Nacional, un Comité Ejecutivo, en el que estaban incluidos los ex consejeros y otros altos responsables de la Generalidad, como el propio Jové y el ex secretario general de Presidencia Joaquín Nin, así como los responsables civil y policial de los Mozos, César Puig y José Luís Trapero. Estos últimos, junto a su ex director general, Pere Soler, debían "constituir la cúpula del cuerpo que resultaba imprescindible controlar para facilitar la celebración del referéndum", objetivo que lograron con su inactividad durante el 1-O.

La Guardia Civil sospecha además que fueron mozos de Escuadra los que ayudaron al ex presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, a huir de España rumbo a Bélgica y desde donde le siguen dando protección y que no lo hicieron a título personal sino con el apoyo de la Consejería de Interior.

Los investigadores siguen analizando las actuaciones de los Mozos y ponen de manifiesto “hechos significativos y sorprendentes”, teniendo en cuenta que es un cuerpo policial que cuenta entre sus principios de actuación la defensa de la Constitución, del Estado, de Cataluña y del ordenamiento jurídico. Hechos que analizados en su conjunto denotan una “clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista”.

Además califican la actuación tanto del Govern, de ANC y de Ómnium así como de la cúpula de los Mozos de Escuadra, como propia de una organización de “delincuencia organizada”. Entre otras actuaciones estudian una conversación del pasado 23 de septiembre de uno de los investigados -Joan Manuel Gómez-, en la que se observa cómo al investigado cuando es trasladado a los calabozos, un agente se le presenta como cabo jefe de sección y le manifiesta que “es un honor custodiarles, que sepan que nosotros les damos todo nuestro apoyo, lo que sea, que mucha fuerza y muchas gracias por lo que están haciendo, lo que sea, de cualquiera de nosotros, fuerza, fuerza”.

También se ha acreditado la ayuda específica que por parte de los Mozos se daba a ciertos responsables del "procés", los agentes han constatado de forma evidente que "los Mossos o más bien los jefes políticos y policiales del mismo están totalmente involucrados en el proceso separatista". En una de las llamadas investigadas que tuvo como interlocutores a Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, y al director de la policía autonómica, Pere Soler el pasado 29 de septiembre, Sutrias le dice a Soler que "necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa" y Soler le responde que "habían aumentado la contravigilancia a los que han estado más expuestos". En este punto vuelve a relucir el nombre de Trapero al afirmar que las ordenes para el cumplimiento de los requerimientos de Sutrias a Soler se transmitieron precisamente a través del ex mayor de los Mozos.

Para los investigadores de la Guardia Civil, "parece meridiano que la Generalitat ha estado utilizando a su propia policía autonómica más para funciones de seguridad y protección de sus miembros, aun cuando estos realizan acciones que pueden infringir la ley que para hacer cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales".

Pero no solo daban protección y seguridad específica a quienes desde el Gobierno catalán estaban saltandose la Ley, los Mozos de Escuadra también les daban consejos para eludir una supuesta vigilancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así en un informe de la Guardia Civil remitido al juez se explica que "siguiendo esta línea de brindar a los miembros del Govern", se registró una conversación entre una policía y Natalia Garriga Ibañez, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, detenida por su supuesta participación en la organización del referéndum. La agente le explica que tiene "vía libre" para hacer servicio con ella en los tres turnos de trabajo, en patrullas no logotipadas y sin uniforme para vigilar su domicilio, en la misma llamada le indica que quería hablar con ella para darle "cuatro consejos para temas de medios técnicos".


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