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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM 30-10

IN MEMORIAM

Armando Medina Sánchez,  asesinado por ETA el 30 de diciembre de 2000

A las 9:10 horas de la mañana del lunes 30 de octubre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid, mediante un coche-bomba, al policía nacional JESÚS ESCUDERO GARCÍA, al magistrado del Tribunal Supremo JOSÉ FRANCISCO DE QUEROL Y LOMBARDERO y al chófer de éste, ARMANDO MEDINA SÁNCHEZ, hiriendo de gravedad al conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, que fallecería finalmente el 8 de noviembre, nueve días más tarde.

El atentado tenía como objetivo fundamental acabar con la vida del magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el general togado José Francisco de Querol y Lombardero, así como de aquellas personas que lo acompañaran en el coche oficial, como su chófer y el escolta que viajaba a su lado para protegerle. Para llevar a cabo la acción, los terroristas del grupo Madrid de ETA prepararon un coche-bomba con cerca de 40 kilos de dinamita y grandes cantidades de metralla y lo hicieron estallar a las 9:10 de la mañana al paso del vehículo en el que viajaban el magistrado, su escolta y el chófer del Parque Móvil del Estado. El explosivo estaba contenido en una olla de aluminio, metida en el maletero del coche, y la metralla consistía en tornillos y trozos de varillas metálicas como las empleadas en la construcción para dar consistencia a las estructuras de hormigón. El coche-bomba, un Renault 19 rojo que había sido robado en el barrio de Fuencarral el 17 de agosto, estaba aparcado en la avenida Badajoz, en el cruce de ésta con la calle Torrelaguna, cerca de una parada de autobús y de una sucursal bancaria, en el barrio de La Concepción.

La zona escogida para situar la bomba era un punto del recorrido diario que hacía el coche del general José Francisco de Querol, ya que el domicilio de éste estaba situado en la calle Torrelaguna. El magistrado caminaba varias decenas de metros hasta reunirse con su chófer para tomar el vehículo oficial y dirigirse al trabajo. A menos de cien metros del lugar de la explosión se encontraban un centro de atención a la infancia y un colegio, por lo que la zona era transitada habitualmente por niños. Los terroristas accionaron la bomba mediante un mando a distancia en el momento en que el coche en el que viajaban las víctimas, un Renault Megane que carecía tanto de blindaje como de inhibidores de frecuencia, se situó a la altura del Renault 19.

Los más de 35 kilos de dinamita provocaron una explosión de magnitudes descomunales, hiriendo a más de sesenta personas y provocando cuantiosos daños materiales. Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, conducido por Jesús Sánchez Martínez, quedó completamente destrozado debido a la onda expansiva y al incendio que se desató, quedando finalmente calcinado. Un edificio tuvo que ser desalojado por las Fuerzas de Seguridad, después de que siete de sus plantas se vieran afectadas por la terrible explosión. Varias decenas de vehículos, medio millar de viviendas de tres bloques distintos de edificios y decenas de comercios en un radio de ciento cincuenta metros sufrieron desperfectos de algún tipo. El automóvil en el que viajaban José Francisco de Querol y Jesús Escudero, conducido por Armando Medina, quedaría convertido en un amasijo de hierros, completamente destrozado, después de volar literalmente por encima del autobús municipal.

Como en otros atentados de los asesinos etarras, la fortuna quiso que la tragedia no acabara convirtiéndose en una masacre sin precedentes. Al hecho de que la zona fuera un lugar de tránsito habitual de los niños que salían de los colegios próximos se unió la circunstancia de que, en el momento de la explosión, había numerosos transeúntes en las proximidades del coche-bomba. En el instante mismo de la explosión, el autobús municipal, en el que sólo viajaban seis pasajeros, se acababa de interponer entre el coche-bomba y los peatones, absorbiendo la mayor parte de la onda expansiva y convirtiéndose en un aterrador escenario del que los supervivientes trataban de huir por los huecos de las ventanillas.

La confusión generada por lo dantesco de la escena y el hecho de que los terroristas accionaran la bomba a distancia impidieron que hubiera testigos de la huida de éstos. Los heridos más graves, entre los que se encontraban una mujer embarazada y una niña de 11 años con fractura total de la tibia, fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, mientras que el resto fue atendido en el mismo lugar del atentado por los sanitarios del SAMUR, que tuvieron que improvisar un hospital de campaña ante la gran cantidad de heridos. Hasta el lugar acudieron los bomberos, una decena de ambulancias y personal sanitario de varios lugares, como el centro de salud Canal de Panamá.

La esposa de José Francisco de Querol, María Josefa Orozco, sufrió una crisis nerviosa cuando le comunicaron la noticia del atentado y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

El hecho de que el coche robado hubiera sido sustraído más de dos meses antes del atentado confirmaba que ETA contaba con una notable infraestructura en la capital madrileña. La matrícula del Renault robado había sido troquelada con una máquina robada durante la última tregua-trampa de la banda terrorista. Respecto al modus operandi empleado contra el vehículo oficial del general De Querol, fuentes de la lucha antiterrorista manifestaron que posiblemente los terroristas accionaron la bomba desde una zona alta de la calle Torrelaguna, desde donde, además, había fácil acceso a la M-30 y a una estación de metro, que habría facilitado la huida de los asesinos.

El atentado fue interpretado como una consecuencia directa de la amenaza que había vertido poco antes el sanguinario etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito, a los jueces de la Audiencia Nacional: "Para nosotros todos vosotros sois Tagle". El terrorista hacía referencia con sus palabras al atentado contra la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, asesinada a tiros por miembros de ETA el 12 de septiembre de 1989.

Los miembros del brazo político de ETA hicieron gala una vez más de su deplorable demagogia y de su más absoluto desprecio por las víctimas del terrorismo, equiparando de la forma más vil a víctimas y verdugos. Joseba Permach, portavoz de Euskal Herritarrok,  comparó la muerte de Jesús Escudero, José Francisco de Querol y Armando Medina con la de los etarras Urko Gerrikagoitia, Zigor Aranbarri, Francisco Rementeria y Ekain Ruiz, fallecidos en agosto de 2000 al estallarles el coche la bomba que, según la propia ETA, iban a utilizar para cometer un atentado.

Durante la tregua-trampa decretada por ETA en 1998 la banda terrorista aprovechó para reorganizar varios de sus grupos operativos. En noviembre de 1999 ETA volvía a asesinar y varios de sus grupos iniciaban una macabra campaña de atentados contra jueces, fiscales y personalidades del mundo jurídico en general. Numerosos etarras estuvieron dedicados a vigilar a posibles objetivos y a recabar información de éstos. Los miembros del grupo Madrid y los del grupo Buro Ahuste centraron su actividad en esa auténtica cacería de personas dedicadas profesionalmente al mundo del Derecho. El atentado contra el general togado José Francisco de Querol estaba enmarcado en esa sangrienta campaña de la banda terrorista, de forma que aunque sólo un terrorista accionó el mando a distancia que activó la bomba, fueron muchos los que, de una forma u otra, participaron en las labores de vigilancia y obtención de información para llevar a cabo tanto éste como otros atentados de la misma época.

En noviembre de 2001 la Policía detenía a Ana Belén Egües, alias Dolores, responsable máxima del grupo Madrid de ETA en esas fechas. Ana Belén Egües, que fue durante cinco años como concejal de Herri Batasuna, había participado en todos los atentados cometidos por ETA en Madrid desde enero de 2000 hasta el momento de su detención. Según la propia Egües, la única acción en la que no había actuado fue la colocación de un coche-bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas. Ana Belén Egües se encargó de la planificación y la dirección del atentado que le costó la vida al policía Jesús Escudero, al chófer Armando Medina, al magistrado José Francisco de Querol y, días más tarde, al conductor de autobús Jesús Sánchez. Egües fue detenida junto con el también etarra Aitor García Aliaga en noviembre de 2001 después de que, días antes, cometieran un atentado con coche-bomba. La detención fue posible gracias a un ciudadano anónimo que los siguió durante quince minutos y dio aviso a la Policía. El Ministerio Fiscal solicitaba para Ana Belén Egües prisión incondicional por diez delitos de asesinato consumado, tres delitos de asesinato en grado de tentativa y siete de conspiración para el asesinato, así como pertenencia a banda armada, depósito de armas y de explosivos, falsificación de documento oficial y sustracción de vehículos. En octubre de 2005 la Audiencia Nacional condenaba a Ana Belén Egües Gurruchaga y a Aitor García Aliaga a 1042 años de cárcel, estimando que la petición de la Fiscalía de los siete delitos de conspiración para el asesinato no era procedente, debido a que el grupo Madrid contaba con numerosos miembros que podrían haber recabado la información necesaria para cometer algunos de los atentados llevados a cabo por la banda, no estando probado que esta labor hubiese corrido a cargo de Egües y García Aliaga. La sentencia sí consideraba probado que ETA había utilizado la tregua de 1998 para rearmarse y reorganizar sus grupos operativos.

En junio de 2006, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la reapertura del caso del asesinato del general De Querol. En las declaraciones iniciales de Ana Belén Egües, ésta había testificado que los etarras Gorka Palacios Aldai y Juan Luis Rubenach Roig habían participado directamente en la comisión del atentado y les había reconocido en fotografías. El segundo era responsable de "logística operativa" de la banda. Sin embargo, en su declaración judicial Egües desmintió dichas acusaciones, alegando haber sido golpeada durante el primer día de su detención. La terrorista se negó a declarar ante Grande-Marlaska, quien dirigió una comisión rogatoria a las autoridades francesas para poder interrogar a Rubenach y Palacios por el atentado cometido contra De Querol. Éstos habían sido detenidos en Pau (Francia) en diciembre de 2003.

La exconcejal batasuna Ana Belén Egües, con uno de los historiales más sangrientos de la banda terrorista ETA, actúa desde 2006 como portavoz de los presos etarras, permitiéndose hablar de amnistías y condiciones para el diálogo, cuando hace tan sólo tres años, en julio de 2008, se jactaba ante los jueces de que haber colaborado con el grupo de ETA al que pertenecía Iñaki de Juana Chaos había sido "un honor" para ella.

Por otra parte, en abril de 2003 la Audiencia Nacional condenaba a nueve años y medio de cárcel a Nerea Garro y Ainara Esteranz, acusadas de formar parte del grupo Madrid y de haberse desplazado en octubre de 2000 a la capital para recabar datos sobre objetivos de ETA, semanas antes del atentado contra De Querol.

En junio de 2007 la Policía Montada de Canadá detenía en Quebec a Iván Apaolaza Sancho, acusado de formar parte del grupo Buro Ahuste –junto con la propia Ana Belén Egües, Gorka Palacios y Javier Abaunza– en las fechas en las que se produjo el atentado contra el magistrado José Francisco de Querol. El 17 de octubre de 2011 comenzaba el juicio contra varios de esos miembros del grupo Buro Ahuste, acusados de numerosos crímenes cometidos tras el final de la tregua-trampa de 1998. Entre éstos estaban Juan Antonio Olarra Guridi, Oier Goitia Abadía y los ya citados Ivan Apaolaza Sancho y Gorka Palacios Aldai. La Fiscalía ha pedido 1015 años de prisión para Olarra Guridi, 55 para Iván Apaolaza, 45 para Gorka Palacios y 20 para Goitia Guridi.               

Armando Medina Sánchez, de 57 años y natural de Melilla, estaba casado y tenía un hijo de 30 años sirviendo en la Guardia Civil y destinado en el País Vasco. Armando trabajaba en el Parque Móvil del Estado desde hacía quince años y era el chófer de José Francisco de Querol desde 1998. Quedó adscrito a la Sala Quinta en 1997 y trabajaba para el Tribunal Supremo desde 1992. Medina estaba afiliado al sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Tanto Comisiones Obreras como UGT convocaron paros de protesta en toda España como muestra de rechazo al terrorismo. Según los camareros del Bar Valencita, donde Armando paraba cada día para tomar el café antes de recoger al general De Querol, "era un hombre muy simpático y muy atento", amable con todo el mundo y que se interesaba por los problemas de la gente con la que trataba.


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