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La Audiencia investiga si hay soplos policiales a proetarras

  • Escrito por Redacción

zulueta

Autoriza, a petición de la Guardia Civil, a rastrear 13 teléfonos vinculados a Zulueta y pide a Interior que indague sobre una información de 'Gara' sobre una operación policial

  • La sombra de los soplos llega de nuevo a la Audiencia Nacional. El magistrado Eloy Velasco quiere luz sobre dos incidentes recientes en actuaciones contra el entorno de ETA y ha pedido diligencias para tratar de esclarecer si en ambos casos se produjeron filtraciones policiales.

    El magistrado, a instancias de la Guardia Civil y tras recibir el aval del Ministerio Público, ha acordado la investigación sobre los movimientos de teléfono de 13 números de móviles de cuatro compañías.

    La Guardia Civil quiere saber si estos números recibieron información sobre actuaciones previstas por el Instituto Armado contra el entramado de ETA y sus abogados.

    En concreto, el auto del juez Velasco del pasado día 1 se centra en el soplo que se produjo el 8 de enero, en la operación contra los abogados vinculados a la organización terrorista ETA liderados por Arantza Zulueta, la letrada que presuntamente siguiendo órdenes de la dirección etarra pasó información para atentar en la Audiencia Nacional.

    En la operación del pasado 8 de enero se produjo una precipitación informativa desde el Ministerio del Interior a la hora de emitir la nota sobre el operativo. Esa precipitación fue aclarada por el departamento a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que finalmente entendió que no se había producido delito en el error.

    Pero la Guardia Civil intuye que, además de ese fallo de comunicación, pudo existir algún soplo a las personas que estaban siendo investigadas. En el momento en que fueron detenidos, algunos de los presuntos implicados en la trama habían hecho desaparecer ya documentación.

    Petición de la Guardia Civil

    La Guardia Civil solicitó al juez investigar para saber de dónde vino la fuga y el magistrado y el Ministerio Fiscal han dado luz verde a esta solicitud.

    Los agentes quieren conocer la identificación de números y las llamadas a horas concretas del pasado 8 de enero

    Los agentes del servicio de información quieren conocer la identificación de estos números y las llamadas entrantes y salientes en la franja horaria entre las 14.45 horas y las 15.45 horas del 8 de enero, "así como los datos del titular y de facturación asociados a cada una de las tarjetas SIM". En el listado, la Guardia Civil incluye 13 números: dos de Orange, cinco de Vodafone, cuatro de Movistar y otros dos de Euskaltel.

    La petición fue cursada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil, unidad central especial 1, el pasado 26 de junio. El objeto: "Recabar nuevos indicios que permitan conocer si los asistentes habituales a la reunión KYT [encuentro en el que fueron detenidos los integrantes de la red controlada por Zulueta] fueron alertados con anterioridad a la explotación de la operación".

    El estudio del cruce de llamadas de alerta entre quienes iban a ser detenidos también podría servir para reforzar la tesis acusatoria de que formaban un grupo organizado que, además, reaccionó a los avisos destruyendo posible material incriminatorio.

    Otro episodio

    El magistrado también dicta otra providencia, en el marco del mismo sumario, en la que ordena que se ponga luz sobre otro confuso episodio mediático en la lucha antiterrorista.

    El pasado 17 de junio, el diario de la izquierda abertzale Gara alertaba de la inminencia de una operación policial contra el entramado de apoyo a ETA.

    Advertía de que el Ministerio del Interior estaba ultimando una redada que tendría como objetivo introducir acusaciones de carácter económico y fiscal.

    El 17 de junio Gara alertaba de la inminencia de una operación policial contra el entramado de apoyo a ETA

    El periódico abertzale abría su portada: "Madrid ultima una redada por el auxilio económico a los presos".

    "El Ministerio del Interior ha anunciado a periodistas cercanos su voluntad de acometer una operación contra el apoyo económico a los presos vascos. En su punto de mira más directo se hallarían varios abogados", indicaba la noticia.

    La alerta de Gara concretaba más: "El Gobierno del PP ha expresado a círculos próximos su intención de acometer una operación policial de importante calado en Euskal Herria. Y por tercera vez en este curso, atacaría al ámbito social de respaldo a los presos", contra el "frente de cárceles". La actuación policial publicada por Gara concretaba: "El plan ha sido anunciado a varios periodistas, a quienes incluso ha adelantado detalles que llevan a concluir que la redada puede ser inminente; por ejemplo, conllevaría al menos cuatro arrestos -todos ellos de abogados cuyas identidades también se han especificado- y trataría de introducir acusaciones de carácter económico y fiscal".

    Inicialmente, la información de Gara no parece que provocara un gran revuelo policial. De hecho, desde el Ministerio del Interior, sin querer concretar por pura discreción operativa cuántas y en qué fases están sus pesquisas contra ETA y su entorno, se aseguró que no había una actuación inminente.

    Pero la Audiencia Nacional sí considera que hay que llevar a cabo averiguaciones sobre esta publicación. La providencia del juez Velasco se refiere a un escrito presentado por la representación procesal de los imputados en el sumario de Herrira y por el Colegio de Abogados de Vizcaya. El magistrado atiende la petición de Konponbidean Herrria Eskubideen "sobre noticias aparecidas en diversos medios de comunicación".

    Ahora el juez atiende la petición de los abogados y remite sendos oficios al jefe de la Unidad de Información -Unidad Central número 1- de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior, "para que a la mayor brevedad informen a este juzgado sobre los hechos descritos en las noticias".

    EL MUNDO

 

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