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IN MEMORIAM

  • Escrito por Redacción

Atentado-Vic

IN MEMORIAM

Guardia civil JUAN CHINCOA ALÉS y su esposa NURIA RIBÓ PARERA, guardia civil JUAN SALAS PÍRIZ y su suegra MAUDILIA DUQUE DURÁN, los menores de edad: FRANCISCO CIPRIANO DÍAZ SÁNCHEZ, de 17 años; MARÍA PILAR QUESADA ARAQUE, de 8 años; ANA CRISTINA PORRAS LÓPEZ, de 10 años; ROSA MARÍA ROSA MUÑOZ, de 14 años, y VANESSA RUIZ LARA, de 11 años, y el guardia civil en la reserva RAMÓN MAYO GARCÍA.

Asesinados por ETA

29 de mayo de 1991

A las siete y cinco de la tarde del 29 de mayo de 1991, la banda asesina ETA lanzaba un coche-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), que quedó totalmente destruida. La explosión provocó la muerte directa de nueve personas. Dos guardias civiles: JUAN CHINCOA ALÉS y JUAN SALAS PÍRIZ; dos mujeres: NURIA RIBÓ PARERA, mujer del guardia civil Juan Chincoa, y MAUDILIA DUQUE DURÁN, suegra del guardia civil Juan Salas, también fallecido; y cinco menores de edad: FRANCISCO CIPRIANO DÍAZ SÁNCHEZ, de 17 años; MARÍA PILAR QUESADA ARAQUE, de 8 años; ANA CRISTINA PORRAS LÓPEZ, de 10 años; ROSA MARÍA ROSA MUÑOZ, de 14 años, y VANESSA RUIZ LARA, de 11 años. Además, el guardia civil en la reserva RAMÓN MAYO GARCÍA falleció al ser atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras prestaba auxilio a los afectados por la explosión.

Vic, localidad de unos 30.000 habitantes, situada a unos setenta kilómetros al norte de Barcelona, era una de las subsedes donde se iban a celebrar pruebas de los Juegos Olímpicos de 1992, concretamente las de hockey sobre patines, que iban a tener carácter de exhibición. La banda asesina ETA había amenazado reiteradas veces con atentar contra objetivos relacionados con los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en la capital catalana en 1992.

El vehículo utilizado, un Renault 6 cargado con 216 kilos de explosivos (doce bombonas con dieciocho kilos de amonal cada una), fue proyectado aprovechando la ligera pendiente de una de las calles laterales en las que se encontraba ubicada la casa cuartel. Una vez que el coche-bomba estuvo dentro del patio de la casa cuartel, el etarra Juan Carlos Monteagudo activó el explosivo con un telemando.

En la casa cuartel de Vic vivían catorce agentes de la Guardia Civil, trece mujeres y veintidós niños. El atentado se produjo cuando numerosos familiares de los guardias se encontraban en sus viviendas y algunos niños, como era habitual a esas horas, jugaban en el patio. Los niños iban al colegio por la mañana, pero a las siete de la tarde, hora del atentado, lo habitual es que hubiese 10 ó 12 de ellos jugando en el patio. Por ello las niñas asesinadas fueron las más afectadas por la explosión y sus cuerpos quedaron literalmente destrozados.

Cuarenta y cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración, algunas de ellas muy graves, con importantes mutilaciones (a una de las niñas heridas tuvieron que amputarle una pierna) y secuelas. Entre los heridos muy graves que consiguió sobrevivir, el niño de 2 años Rafael Reinoso Sánchez, que sufrió fractura de la base del cráneo.

Debido al estado en el que quedó el edificio se tuvieron que utilizar grúas y perros adiestrados para localizar a las víctimas bajo los escombros. A las diez de la noche los servicios de rescate lograron sacar con vida a una joven de 18 años y a una niña con su chupete en la boca.

La deflagración, a la que siguió un incendio, derrumbó el inmueble construido en los años sesenta y del que sólo quedó en pie la fachada. La explosión causó daños materiales en medio centenar de edificios situados en un radio de doscientos metros, principalmente en ventanas y cristaleras, aunque el edificio situado justo enfrente tuvo que ser derribado debido a los graves daños estructurales sufridos. Entre los inmuebles más cercanos al lugar de la explosión figura un colegio de religiosas con setecientos alumnos que en el momento del atentado estaba casi vacío.

La calle donde estaba la casa cuartel había sido cortada con motivo de una carrera ciclista comarcal, en la que el pueblo de Vic rendía homenaje al corredor local Melchor Mauri, que había ganado diez días antes la Vuelta Ciclista a España. Gran parte de la dotación de guardias se encontraba de servicio, cubriendo precisamente la competición deportiva, por lo que la mayoría de víctimas fueron familiares de los agentes.

El Hospital General de Vic quedó colapsado una hora después de la masacre, por lo que algunos heridos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a otros centros hospitalarios de Barcelona. Las autoridades locales realizaron llamamientos radiofónicos para que los médicos de la ciudad se personasen en los centros hospitalarios y los habitantes de Vic acudieron a donar sangre masivamente. Numerosos vecinos ofrecieron sus hogares a los damnificados y el obispo de Vic, Josep María Guix, también ofreció las instalaciones del Seminario Diocesano para acoger a los guardias y a sus familiares que se quedaron sin vivienda.

El presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, el consejero de Gobernación, Josep Gomis, y el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, acudieron inmediatamente al lugar del atentado. Gomis fue increpado por uno de los guardias que sobrevivió al atentado, presa de un ataque de nervios.

Este atentado mostró la catadura moral de un personaje como Josep Lluis Carod-Rovira. Dos días después de la masacre, el por entonces diputado y portavoz en el Parlamento catalán de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) escribió una carta abierta publicada en el diario Avui en la que pedía a la banda asesina ETA que no atentara más en Cataluña. Bajo el título "ETA, Kataluñatik Kanpora!", Carod-Rovira escribió: "Nada de lo que voy a decir es nuevo para vosotros. Os lo dije ya, hace medio año, en algún lugar de Euskadi, cuando en nombre de mi partido os pedí, formalmente, que no actuaseis más en mi país. Habéis respetado la petición durante seis meses. Ahora, sólo me atrevo a pediros que, cuando queráis atentar contra España, os situéis previamente en el mapa". Lo que sucedió después es de todos sabido. Mientras la banda criminal a la que Carod-Rovira suplicaba que no matase en Cataluña seguía asesinando, el abyecto político nacionalista continuó reuniéndose con los asesinos. Algunas de esas reuniones trascendieron a la opinión pública. Así, los días 3 y 4 de enero de 2004 se reunió en Perpiñán (Francia) con Mikel Albizu, alias Mikel Antza, y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, para pedirles, de nuevo, que no cometieran más acciones terroristas en Cataluña. En un comunicado hecho público el 28 de febrero posterior, la banda asesina confirmó el pacto con el nacionalista catalán y anunció una tregua para dejar de matar sólo en Cataluña.

Pero si de cataduras morales hablamos, también hay que referirse a la reacción de Herri Batasuna. Tras no condenar el atentado, algo habitual en ellos, añadieron en un comunicado público que los dos etarras muertos en la operación de la Guardia Civil del día siguiente (Monteagudo y Erezuma), autores materiales de la masacre, "convirtieron sus vidas en permanente entrega a la causa de la paz y la libertad".

Pese a la reacción inicial que provocó la masacre, el paso del tiempo dejó en el olvido a las víctimas del atentado y a sus familiares. Así se denunció con motivo del décimo aniversario del mismo. Familiares de los asesinados se quejaron públicamente de que el Ayuntamiento de la ciudad jamás hubiera hablado con las víctimas. Cinco años después, en 2006, el Ayuntamiento de Vic aprobó por unanimidad destinar un espacio en el lugar donde estaba la casa cuartel "para erigir un monumento, una placa o un símbolo en recuerdo de las diez personas que fallecieron". El símbolo se instalaría "dentro de unos años, cuando el Ayuntamiento venda el actual solar que servirá para financiar parte del nuevo teatro municipal", según recoge el texto oficial.

Al día siguiente de la brutal masacre, la Guardia Civil desarticuló al grupo Barcelona de ETA, autor del atentado, en una operación llevada a cabo en un chalé de la localidad barcelonesa de Lissá de Munt. Durante la operación murieron los etarras Juan Carlos Monteagudo Povo (jefe del grupo y exdirigente de Terra Lliure) y Juan Félix Erezuma Uriarte, que se resistieron a su detención con armas de fuego, pero se detuvo al tercer autor directo de la matanza, Juan José Zubieta Zubeldia, que no opuso resistencia. En la misma operación se detuvo a Pilar Ferreiro Bravo y a Jordi Mas Trullenque, profesor ayudante de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En el chalé se incautaron numerosos efectos (armas, explosivos, útiles para la confección de artefactos...) y documentación. Entre ésta destaca el informe que los asesinos estaban haciendo para el entonces máximo dirigente de la banda asesina, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito. El texto, publicado por la revista Cambio 16 (10/06/1991), y sin finalizar debido a la intervención de la Guardia Civil, decía: "En la ekintza [acción] nos marcamos dos objetivos: uno militar y otro político. En primer lugar, como objetivo militar, ver si era posible meter un kamikaze [coche-bomba teledirigido] en el patio del cuartel. Como segundo objetivo, esta vez político, destruir el cuartel sin afectar demasiado al colegio que está al lado. El primer apartado tenía varias variables. La primera, ver si era posible otra...". Aquí se interrumpió bruscamente el informe al irrumpir por sorpresa la Guardia Civil en el chalé.

En junio de 1993 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Zubieta Zubeldia a una pena total de 1.311 años como autor material. El fiscal Ignacio Gordillo calificó el atentado como "uno de los más bárbaros, alevosos y cobardes" que se han juzgado en la Audiencia Nacional, cuya única finalidad fue la de "provocar el mayor número de muertes posibles", y acusó a Zubieta de ser "autor directo" de nueve asesinatos y otros 44 asesinatos frustrados.

En diciembre de ese mismo año, se le condenó a otros 28 años y 6 meses de prisión por los delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. En la misma sentencia se condenó a Pilar Ferreiro Bravo y Jordi Mas Trullenque, a 8 y 6 años respectivamente, por su colaboración con el grupo Barcelona de ETA. Ferreiro Bravo alojó en su domicilio a Zubieta Zubeldia, Monteagudo Povo y Erezuma Uriarte. Además, convenció a Mas Trullenque, con el que mantenía relaciones sentimentales, de que alquilara el chalé de Llissá de Munt, donde los etarras se ocultaron y prepararon la masacre de Vic.

Juan Chincoa Alés, guardia civil de 30 años, era natural de Martín de la Jara (Sevilla). También fue asesinada en el atentado su esposa, Nuria Ribó Parera, de 26 años. Su hija Ana fue una de las heridas. Quedó huérfana de padre y madre antes de cumplir los 2 años.

Francisco Cipriano Díaz Sánchez tenía 17 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA en la casa cuartel de Vic. En el momento de la explosión se encontraba estudiando en su domicilio del acuartelamiento. Murió en el acto por la onda expansiva provocada por el coche-bomba. Francisco estudiaba tercero de enseñanza secundaria en el Instituto Callis de Vic. Sus padres estaban ese día en Zaragoza asistiendo a un funeral, y su hermana Pilar, de 18 años, también resultó herida por la explosión.

Ana Cristina Porras López, de 10 años, murió en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Su hermana Isabel Porras López, de 7 años, resultó herida de gravedad y se le tuvo que amputar parte de la pierna izquierda. Eran hijas del guardia civil Teodoro Porras.

Vanessa Ruiz Lara, de 9 años, también murió en el acto. Era amiga del colegio de hijas de guardias civiles. Como en otras ocasiones, su madre, Emilia Lara, había dejado que su niña fuera a jugar al patio de la casa cuartel con sus amigas, hijas de los guardias civiles. Con motivo del asesinato de Silvia Martín Santiago en agosto de 2002, Virginia Ródenas recordó en un artículo publicado en ABC la historia de otros padres que perdieron a sus hijos a manos de esta banda de alimañas. Entre otras trágicas historias se recuerda el caso de Vanessa y cómo su madre tuvo que aguantar en el juicio la declaración del asesino exterminador de niños Juan José Zubieta Zubeldía, uno de los tres autores materiales del atentado. Como respuesta a la pregunta del abogado acusador de "si no vio a los niños jugar segundos antes de lanzar el vehículo explosivo" dijo: "ése es un hecho que no valoramos porque no es nuestro problema que los guardias civiles utilicen a los niños como escudos humanos". Y añadía Emilia: "Me destrozaron la vida. ¿Qué significa que te destrocen la vida? Lo hemos dicho tanto que parece que no es nada. ¿Hay mayor dolor que perder a un hijo? ¿Puede haber algo más terrible que te arrebaten de esa manera tan brutal a tu hija de nueve años? Jamás nos ha llamado nadie del Ayuntamiento, nadie se ha interesado por nosotros, si seguimos vivos o hemos reventado. Diez años después no ha habido el más mínimo reconocimiento a los nueve muertos del atentado de Vic, cinco de ellos niños. Nada. Sólo el olvido. Y después de que te asesinan a un hijo ¿puede haber algo más doloroso que le entierren en el olvido? Ana Chincoa, que no tenía más de dos años, perdió a su madre y a su padre en el atentado. ¿Quién se acuerda de ella?" (Los Domingos de ABC, 11 de agosto de 2002). Emilia y la hermana pequeña de Vanessa, Cristina Ruiz, fueron entrevistadas en el documental Trece entre mil de Iñaki Arteta. Este es el testimonio de Cristina: "Siempre que salíamos del colegio íbamos un día al parque que había al lado de mi casa y otro día al cuartel. Ese día tocó ir al cuartel. A mí me cayó un ladrillo en la cabeza y me quedé ahí también. Ya luego vino un guardia y me cogió y me sacó para fuera". Cristina contaba cómo desde el asesinato de su hermana mayor visiona periódicamente un vídeo en el que está con Vanessa tres días antes del atentado, en el campo: "A lo mejor hay semanas que lo pongo tres días seguidos o pasan tres semanas y lo pongo otra vez (...) Tengo a mis hermanos, pero no es lo mismo. Ahora mismo me gustaría que estuviera para darme consejos, hablar de cosas (...)".

María Pilar Quesada Araque, de 8 años, estudiaba en el colegio del Sagrat Cor, situado a escasos metros de la casa cuartel en la que vivía. Al domingo siguiente iba a recibir la primera comunión. Por ese motivo, la niña había ido minutos antes de la explosión del coche-bomba al colegio para mostrarle a las monjas unas fotografías de estudio que le habían hecho con motivo de la celebración del citado sacramento.

Rosa María Rosa Muñoz, de 14 años, murió también en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Sus hermanos, Pedro y David, de 15 y 17 años en esos momentos, se salvaron de milagro, pues esa tarde se estaban examinando en la Escuela Industrial de Vic. En el momento en que asesinaron a su hija, su padre, el cabo de la Guardia Civil David Rosa, se encontraba en Madrid cursando estudios para ascender de graduación. Su madre, María Angustias Muñoz, estaba terminando su jornada laboral en un taller de confección cuando oyó la explosión. No le dejaron ver el cuerpo de su hija, que tuvo que ser reconocido por una vecina y compañera de trabajo. María Angustias confesó a ABC (01/06/1991) que querían quedarse en Vic, "porque es donde hemos enterrado a mi hija y es el pueblo donde ella se quería quedar. Ella estaba bien en Vic, hablaba catalán y tenía buenas amigas".

Juan Salas Píriz, guardia civil de 48 años, era natural de Olivenza (Badajoz). Estaba casado con Manuela Morgado Duque, que resultó herida, y tenía dos hijos. La explosión del coche-bomba también mató a la suegra de Juan, y madre de Manuela, Maudilia Duque Durán, de 78 años y natural de Alburquerque (Badajoz). 

Ramón Mayo García, de 55 años y casado, era guardia civil en situación de reserva activa. Natural de Talavera la Real (Badajoz), falleció atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras él mismo prestaba auxilio a los afectados por la explosión. Ramón fue reconocido como víctima del terrorismo por el Consejo de Ministros en el año 2005. Hubo otros tres heridos consecuencia de accidentes que se produjeron durante las labores de rescate y evacuación de los heridos: Josefina López Muñoz, de 48 años; Salvador Rodríguez Caña, de 17 años, y Juan Manuel Ruiz Alcalá, de 29 años.

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