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Los acusados de Alsasua niegan odio a la Guardia Civil y aseguran que no participaron en la agresión

  • Escrito por Redacción

uno los acusados alsasua enfado con los guardias civiles por multas pero niega golpes 1523874717552

Los ocho acusados de la agresión en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas han negado este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que tengan algún tipo de odio o animadversión hacia el Instituto Armado y han asegurado que no participaron en la pelea ocurrida la madrugada del 15 de octubre de 2016.

De igual modo, todos han negado pertenecer activamente a los movimientos Ande Hemendik u Ospa Eguna, que defienden la salida de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas del País Vasco y Navarra, aunque varios sí han reconocido haber participado en algún acto de los mismos que se han celebrado en la localidad.

Todos han coincidido en resaltar que el bar Koxka, donde ocurrieron los hechos, es un local "de pintxos" por el día y que por la noche bajan la iluminación y ponen música alta, normalmente "música comercial", como un "pub" donde se sirven copas.

Durante la primera sesión del juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), los ocho, que se enfrentan a una petición fiscal de entre 12 y 62 años de prisión, no han querido responder a las preguntas de la Fiscalía y acusaciones y únicamente han contestado a sus abogados.

Reggaeton y "bastante borrachos"

Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Ohian Arnanz, los tres acusados que todavía están en prisión provisional, donde llevan más de 500 días, han sido los primeros en prestar declaración. Unamuno ha reconocido que estuvo en el bar Koxka de Alsasua, donde ocurrieron los hechos, aunque ha reconocido que no suele ir mucho porque no es el ambiente que le gusta al ser un local en el que por las noches ponen "música reggaeton".

También ha admitido que intercambió unas palabras con el teniente de la Guardia Civil herido para reprocharle que hacía tiempo le habían puesto unas multas de tráfico y por participar en una manifestación por los presos etarras que no estaba autorizada.

A pesar de que ha reconocido que iba "bastante borracho", también ha querido dejar claro que en ningún momento profirió expresiones malsonantes o insultos contra los guardias civiles y sus parejas. Sí ha apuntado que en un momento dado el teniente le llamó por su nombre y eso le molestó.

El acusado ha asegurado que fue una discusión "bastante corta" y que nunca quiso "provocar nada", es decir, el tumulto y la agresión que después tuvo lugar en el local y fuera de él, y que si así fue, lo siente. En cualquier caso, ha insistido en que no participó en la pelea y que no se resistió cuando la Policía Foral le detuvo en el lugar.

Solo uno dice no haber estado 

Ramírez es el único de los ocho acusados que ha dicho en el juicio que no se encontraba en el bar Koxka ni en las inmediaciones cuando ocurrieron los hechos, sino que se marchó a su casa horas antes, aunque sí habló con Unamuno por teléfono porque una amiga estaba preocupada por su hermano al que no encontraba.

A preguntas de su abogada, Ramírez ha indicado que se enteró de todo lo ocurrido al día siguiente por la cantidad de mensajes y llamadas que recibió. Pero ha asegurado que nadie le dijo aquella noche que en el bar Koxka hubiera guardias civiles y que no sabe cómo le identificaron porque no llevaba puesta la ropa con la que dijeron que le habían visto.

En cuanto a la campaña Ospa Eguna, el acusado ha admitio que la conoce, "como mucha gente en el pueblo", ya que es un "movimiento popular", pero ha dicho que no ha sido nunca ni portavoz ni participante del mismo, salvo en 2015 cuando formaba parte de una charanga tocando un instrumento.

Para Unamuno y Ramírez la Fiscalía pide 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, pero para el tercero en declarar, Ohian Arnanz, el Ministerio Público solicita 62 años y medio porque le añade un delito de amenazas terroristas. Arnanz sí reconoce que estuvo en el bar, pero que no conocía a las víctimas ni tampoco a los otros acusados, a los que sólo considera "vecinos" de la localidad.

Personas "pacíficas"

Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, para los que el Ministerio Público pide 50 años de cárcel, han dicho que son "amigos de la infancia", pero llegaron por separado al bar y se encontraron allí, donde se hicieron una foto. Ambos han asegurado que nunca han tenido ningún incidente con la Guardia Civil y se consideran personas "pacíficas".

Los dos también han destacado que no están interesados en la política y han reconocido que sus madres acudieron a una reunión en un centro del Ayuntamiento cuando supieron que estaban investigados, pero que sólo fue para informarse. También han reconocido que borraron el contenido de su aplicación de Whatsapp en sus móviles, pero han explicado que es algo que suelen hacer habitualmente para liberar espacio en el teléfono.

Goicoechea sí ha señalado que es "muy conocido" en el Koxka y que suele frecuentar el local para "bailar, echar unas risas con los amigos o intentar liar", y que es un bar "bastante conflictivo", pero ha insistido en que la noche de los hechos no vio ninguna pelea, aunque sí se formó un "tumulto".

Denuncian las ruedas de reconocimiento 

Cuando se enteraron de que les estaban investigando, Cob y Goicoechea se personaron voluntariamente en los juzgados de Pamplona y los dos han denunciado las ruedas de reconocimiento a las que se les sometió semanas después, ya que les colocaron con otros presos de la cárcel de Alcalá-Meco, donde se encontraban, y que todos tenían la "tez oscura" y parecían ser de origen sudamericano.

Aratz Urrizola, que también se enfrenta a una petición fiscal de 50 años, también ha negado los hechos y ha dicho que el rato en que estuvo en el Koxka estaba "todo tranquilo". Iñaki Abad, por su parte, también reconoce que estuvo en la zona de los hechos y que conocía al teniente de la guardia civil porque su novia y él eran clientes habituales del bar donde trabajaba. Con los dos había tenio un "trato normal".

La última en declarar ha sido Ainara Urquijo, quien sólo está acusada de amenazas terroristas y para la que se piden 12 años y medio de cárcel. Según su versión, no llegó a entrar en el bar y que llegó cuando ya habían detenido a Unamuno y al teniente ya le habían llevado al hospital. Ha asegurado que en ningún momento se dirigió al sargento o a su novia y que, aunque sí se "alteró un poco" ante los agentes de la Policía Foral, no profirió ninguna amenaza.

El juicio continuará el martes a las diez con las declaraciones de las víctimas de la agresión: el teniente y el sargento de la Guardia Civil y sus parejas.

Denuncia de Covite

El caso contra los agresores de Alsasua, que fue denunciado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), correspondió a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Navarra, que no veía delito terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

La fiscalía encuadra la actuación de los acusados, vinculados al colectivo "Ospa!" (fuera), en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

Este mismo sábado, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona respaldaban en la capital foral a los acusados con una manifestación de protesta a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según la organización. Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia. No es terrorismo", aseguran que no piden impunidad sino que exigen justicia ante "la exageración, la distorsión y la desproporción", ya que consideran que lo ocurrido debía haberse tratado como una pelea de bar y no como terrorismo.

En la polémica por esta imputación ha intervenido también Amnistía Internacional, que entiende que la fiscalía debe retirar su acusación porque lo ocurrido no puede ser calificado de terrorismo y por tanto no sería competencia de la Audiencia Nacional.

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