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Los expedientes judiciales de víctimas mortales de ETA destruidos

  • Escrito por Redacción

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Una extrabajadora de la Audiencia Nacional alerta de que se han eliminado al menos siete causas judiciales relativas a nueve víctimas de ETA.

Un grupo de veinticinco historiadores alertaba este viernes de que en el País Vasco se está llevando a cabo una destrucción masiva de documentación civil, militar y judicial relativa a los atentados perpetrados por ETA en los últimos 50 años. La alarma, plasmada en un manifiesto, surgió a raíz de unas jornadas celebradas el pasado mes de marzo en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda.

En aquellas charlas participaba Carmen Alba, excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, que explicó a los asistentes cómo ha recuperado las causas judiciales sobre asesinatos dispersas en los tribunales del País Vasco y también destacó que se han destruido expedientes judiciales sobre atentados y otras actividades terroristas, una realidad que ella misma lleva denunciando desde el año 2013.

Carmen Alba ha asegurado en declaraciones a esRadio que “siete causas relativas a nueve víctimas mortales de ETA se han destruido” y califica el hecho de “muy grave porque se está vulnerando el derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo y además se está destruyendo la historia”.

Otro de los escritores que se ha topado con esta realidad es Juanfer Calderín, que mientras se documentaba para escribir el libro “Agujeros del sistema: más de 300 asesinatos de ETA sin resolver” descubrió que ya no existe el sumario de la causa del ex alcalde de Bedia, Luis María Uriarte. Tampoco se puede consultar el sumario del caso del periodista José María Portell, asesinado por ETA en el año 1978, porque la documentación se destruyó en octubre de 2008.

Según explican los historiadores en su manifiesto, en el año 2003 se crearon las Juntas de Expurgo, unos organismos administrativos encargados de eliminar los expedientes de aquellos casos que han finalizado o prescrito, pero que debe también conservar los que “la administración competente en materia de patrimonio cultural reclame por su valor histórico”.

En este caso, apuntan los historiadores, el organismo responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, que tan sólo un año después de su creación, “ya había destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo”.

El escritor Juanfer Calderín asegura que “la Audiencia Nacional tenía que haber tenido controlados esos sumarios y nunca los ha tenido hasta hace escasa fechas” y acusa a algunos juzgados del País Vasco de actuar “sin legitimidad”, movidos por “una sinrazón” que ha acabado con la destrucción de documentos porque “a nadie le ha importado esto y no se ha puesto la necesaria cautela en algo tan importante como la investigación judicial de asesinatos terroristas”.

Carmen Alba puntualiza que en la Audiencia Nacional no se ha destruido ningún tipo de documentación y que los expurgos judiciales realizados en el País Vasco se hacen públicos en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.

En este punto, Carmen Alba pone el foco sobre otro grave problema. Los tribunales del País Vasco no tienen competencia para juzgar los casos de terrorismo, pero la realidad es que muchos de ellos no derivaron estos procedimientos a la Audiencia Nacional, que desde su fundación en el año 1977 es el único tribunal competente en este tipo de casos. Por ese motivo, la documentación judicial permanece desperdigada en diversos archivos y su acceso es sumamente complicado.

Los historiadores afirman que “si se confirma la destrucción masiva de expedientes judiciales generados en Euskadi en los últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de hacer historia de manera rigurosa“. Calderín va un paso más allá y asegura que se trata de “una barbaridad” porque “puede darse la circunstancia de que una persona que ostente un cargo público haya estado relacionada con un asesinato terrorista, pero nunca lo sabremos porque la documentación fue destruida por organismos que no tenían legitimidad para hacerlo”.

FUNDACION PARA LA LIBERTAD

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