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El Constitucional rechaza indemnizar a las familias de Lasa y Zabala

  • Escrito por Redacción

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El Tribunal Constitucional ha avalado la negativa del Ministerio del Interior de indemnizar a las familias de Jose Antonio Lasa y José Ignacio Zabala porque en la sentencia en la que fueron condenados los autores de su secuestro, desaparición y asesinato, se afirma que tanto Zabala como Lasa eran miembros de ETA. La decisión cuenta con el voto particular de la vicepresidenta Adela Asúa y del magistrado Fernando Valdés.

El acuerdo ha sido adoptado por cuatro votos frente a dos. En el auto en el que se niega la petición de la madre de Zabala, se explica que en principio tendría derecho a la indemnización que recoge la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, ya que su hijo fue secuestrado, desaparecido y asesinado “en virtud de un acto terrorista”.

La condena

Sin embargo, los jueces del alto tribunal le deniegan la compensación porque en la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cuatro guardias civiles y a un ex gobernador civil por la muerte de Zabala se afirmó que este era miembro de ETA.

Por ello, avalan la decisión del Ministerio del Interior que fue ratificada por la Audiencia Nacional. En este fallo se incluyó un informe policial fechado en septiembre del 2014 en el que afirma que Zabala “asumió tareas o funciones” de tal modo que la organización terrorista “lo consideraba miembro de la misma”.

Los límites de la ley

Estos hechos, según el TC, impiden que sus familiares puedan ser compensados porque la ley de protección de las víctimas limita la indemnización cuando los solicitantes han participado en la delincuencia organizada o pertenecen a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos.

El alto tribunal apoya esta interpretación al considerar que la pertenencia a este tipo de organizaciones priva a los solicitantes “de la solidaridad de la sociedad”. Además, los magistrados consideran que en este caso existe “la sospecha” de que era miembro de ETA y reprochan a sus familiares que no hayan probado que estas dudas sobre su pertenencia a una organización terrorista no son ciertas. Por ello, los jueces sostienen que la denegación de la indemnización ha cumplido con “todas las garantías procesales”.

Con esta decisión se ratifica el criterio que este tribunal ha aplicado a las familias de otros terroristas que fueron asesinados por el GAL en la llamada guerra sucia en la década de los 80 del siglo pasado.

No obstante fuentes jurídicas han adelantado que estas familias van a seguir pleiteando y llevaran su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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