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Noticias Terrorismo

Las víctimas de ETA piden reabrir el "caso Faisán"

  • Escrito por Redacción

bar faisan

La acusación popular en el caso Faisán, que fue ejercida por la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia, ha elevado un escrito a la Audiencia Nacional solicitando la reapertura del caso.

La letrada de la asociación, Vanessa de Santiago, entiende que las revelaciones hechas en EL MUNDO por el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, dan pie a realizar nuevas diligencias sobre el caso ante la posibilidad de avanzar en la identificación del responsable político que dio la orden de dar un soplo a la banda en un bar de Irún.

La solicitud de Dignidad y Justicia se produce después de que Pino reconociera en una entrevista con EL MUNDO que se ha realizado un chequeo a las investigaciones sobre el chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA, que se produjo en 2006 durante las negociaciones de Zapatero con la organización terrorista. Pino aseguró que se había hecho un informe sobre estas investigaciones llevadas a cabo por un reducido grupo de agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

En el escrito elevado ayer al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional (que se encargó en su día de investigar esta causa), Dignidad y Justicia reclama que se reabra el caso y se cite a declarar a Eugenio Pino para conocer los datos aportados sobre este nuevo informe. Asimismo, solicita que el juzgado reclame al Ministerio del Interior el documento original elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, creada por Pino y ahora disuelta por el nuevo jefe operativo de la Policía, Florentino Villabona.

La acusación popular recuerda que el caso fue juzgado en cuanto a los autores materiales del chivatazo en el bar Faisán de Irún. Fueron condenados por la Audiencia Nacional, en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, el que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, por revelación de secretos.

Sin embargo, Dignidad y Justicia entiende que no quedó resuelta la responsabilidad de quien ordenó a los funcionarios públicos que llevaran a cabo la delación a los responsables del entramado de extorsión de ETA. El chivatazo se produjo la víspera de que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibiera en La Moncloa al entonces líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien en aquella fecha trasladó el apoyo al Ejecutivo en su proceso de negociación con los terroristas.

La acusación recuerda que ya en su día existió una pieza judicial en la que se trataba de aclarar la identidad del responsable político que ordenó el chivatazo. Esa pieza quedó sobreseída, ya que la investigación no logró aclarar ese extremo. En el punto de mira estuvo el que fuera director general de la Policía en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba y alto cargo del PSOE del País Vasco, Víctor García Hidalgo.

Ahora, el juzgado deberá notificar al Ministerio Público sobre la solicitud de esta acusación para que emita informe sobre la conveniencia o no de reabrir la causa. Posteriormente, será el titular del juzgado quien tome una decisión.

Según explicaron fuentes cercanas a los autores del informe que se pide que se incorpore a la causa, los que han revisado las pesquisas realizaron un volcado de todos los movimientos telefónicos que obran en el sumario en unos nuevos programas informáticos para cruzar datos. La revisión estaba centrada en conocer si había manera de identificar a más implicados y al que dio la orden a Pamies y Ballesteros.

Durante toda la instrucción se investigaron números de teléfono que mantuvieron contacto con los condenados en vísperas del chivatazo. Como señala la sentencia, aquel día los condenados contactaron con el dueño del bar Faisán, el ya fallecido Joseba Elosua, para advertir de que se iba a producir una operación contra el aparato de extorsión.

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