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La Fiscalía pide citar a declarar como imputados a 'Kubati' y Latasa por el doble asesinato de dos miembros de la Guardia Civil en 1986

  • Escrito por Redacción

entierro guardias civiles

En 1986 un comando de ETA acabó con la vida del teniente de la Guardia Civil Ignacio Mateu Isturiz, pertenecientes a la Unidad Antiterrorista del Cuerpo, uno de sus siete hijos, del magistrado del Tribunal Supremo José francisco Mateu Cánoves asesinado por ETA en 1978 así del también miembro de la Unidad Antiterrorista Adrián González Revilla, en una atentado perpetrado en las cercanías del cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta (Guipúzcoa). Ahora, 30 años después, la Audiencia Nacional reabrirá la causa por este último crimen a petición de la Fiscalía.

El Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 en el que solicita la reapertura de un sumario cerrado y la acusación contra dos de los etarras más significados durante los años 80. Se trata de José Antonio López Ruiz, Kubati, y José Miguel Latasa Guetaria. Ambos formaron parte del comando que asesinó, entre otros, a María Dolores Katarain, Yoyes, la primera que intentó abandonar ETA y que fue asesinada a tiros delante de su hijo de tres años.

La Fiscalía solicita al juez Moreno que cite a declarar en calidad a investigados a ambos. Kubati salió de prisión de forma precipitada en aplicación de la sentencia de Estrasburgo que tumbaba la doctrina Parot.

EL MUNDO ha tenido acceso a un informe de la fiscal Carmen Monfort, en el que se explica que sobre las 6.40 horas del día 26 de junio de 1986, se produjo un atentado, cometido presuntamente por miembros de la organización terrorista ETA, contra el cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta (Guipúzcoa), utilizando tubos lanzagranadas que no causaron daños materiales ni heridos.

Cuando los miembros de la Unidad Antiterrorista de la Guardia Civil trataron de localizar el lugar del lanzamiento de las granadas y a sus autores así como examinar los posibles artefactos usados para el atentado, se produjo la explosión de una bomba-trampa con aparato temporizador, que causó la muerte a los dos miembros de la citada Unidad, Ignacio Mateu Isturiz y Adrián González Revilla.

En los tubos lanzagranadas que se encontraban atados a un árbol, fueron halladas tres huellas anónimas, cuyo cotejo dio resultado negativo en aquella fecha. Por este motivo, el fiscal pidió en 1988 el sobreseimiento provisional de la causa.

A pesar de que el Servicio de Información de la Guardia Civil emitió nuevos informes tanto en 1998 como en 2001, para que se reabriese el caso y poder esclarecer el atentado, la causa abordó una serie de diligencias que tampoco fueron concluyentes y quedó de nuevo sobreseida.

Desde Fiscalía se pidieron de nuevo informes a la Guardia Civil, una vez que se reciben nuevos datos desde Francia sobre atentados antiguos, a la vez que se igualmente se solicita al Instituto Armado que revise sus archivos para tratar de esclarecer los casos aún pendientes, cerca de 300 asesinatos de la banda asesina ETA se encuentran aún sin resolver, y tratar de poner nombre y apellidos a los asesinos de ETA.

Así, la Fiscalía solicitó un nuevo informe al Servicio de Información de la Guardia Civil, por si hubieran «surgido nuevos indicios que permitiesen imputar la autoría de los hechos a personas concretas».

El pasado 25 de octubre, los especialistas de la Guardia Civil elevaron un informe en el que detallaron todos los datos sobre el comando Goiherri Kosta, integrado por los investigados, en relación con este atentado.

Apuntan que en el lanzagranadas utilizado en el atentado reclamo aparecían huellas dactilares que en su día no se identificaron pero que, posteriormente, se supo que eran de los ahora investigados.

Y constatan una carta manuscrita por uno de los miembros del comando no identificado, fechada 9 de septiembre de 1987, dirigida a Santiago Arróspide Sarasola, en la que se afirma: «Lo que sí nos hemos enterado es que le tienen mucho miedo a que les demos a los cuarteles, así es que tenemos que potenciar esto...». Además, desde el Servicio de Información señalan que el comando (del que formaban parte los dos investigados) colocaba en muchos de sus atentados, «un segundo artefacto trampa para cazar» a guardias civiles y policías, como ocurrió en el cometido contra el cuartel de Arechabaleta.

Inciden en los informes en que tanto en el atentado perpetrado ese mismo día contra el cuartel del Instituto Armado de Ordizia, como en el perpetrado contra cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta, «se utilizó como temporizador un reloj despertador mecánico modificado, de lo que se deduce que los explosivos utilizados en este último atentado, podrían encontrase allí desde el día anterior».

Además, los elementos, materiales y técnicas de manipulación empleados en el atentado contra el cuartel de Arechavaleta, «son idénticos en algunos casos y similares en otros, a los usados por el comando Goiherri-Kosta». Dada la distancia entre ambas localidades, unos 35 kilómetros «es compatible espacial y temporalmente, que ambos atentados fuesen cometidos por el mismo comando».

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