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La policía estalla por la ley vasca de abusos policiales

  • Escrito por Gaceta.es

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Desde Gaceta.es se han puesto en contacto con diferentes sindicatos profesionales de Policia Nacional que piden que se centren los esfuerzos en los mas de 300 crímenes de ETA que aún siguen sin resolver.

 El pasado 28 de julio, el Parlamento autonómico decidió aprobar una reforma que contó con el apoyo del PNV y PSE, el rechazo de UPyD y la abstención de EH Bildu.

"Sobra. No tiene ningún sentido". Así valoran varios portavoces de distintos sindicatos policiales la entrada en vigor de la ley vasca que pretende el reconomiento y la reparación de las víctimas de abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999, los años de plomo de la historia de Esapaña.

Después de que el gobierno vasco decidiera dar cobertura y apoyo a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos hasta el año 78, los diputados lanzan una segunda parte del plan de algunas formaciones para reparar y atender a las 'víctimas'.

Una postura que ha levantado ampollas entre los policías nacionales residentes no sólo en el País Vasco sino también en todo el territorio nacional. "Dentro del Código Penal ya están tipificadas estas conductas", asegura el portavoz de UFP, Serafín Giraldo, que además apunta que la ley "lejos de ser una garantía, genera desconfianza hacia una institución que cumple su labor".

Giraldo además señala que dentro de la Policía Nacional cuentan con un régimen disciplinario "muy duro y severo" y que por ello presentarán alegaciones ante esta ley.

Una postura similar a la tomada por la Confederación Española de la Policía. "Hay que hacer el mismo énfasis con las víctimas del terrorismo", ha señalado Antonio Labrado, representante del sindicato, recordando a los compañeros que fueron asesinados por ETA durante esos años. Por ello, su gabinete jurídico hará un estudio sobre la ley para observar las repercusiones y presentar una propuesta alternativa. "No sólo tienen que buscar a los presuntos culpables, sino que también tienen que prestar atención a los crímenes de ETA que aún no se han resuelto", insiste.

La nueva ley no cuenta tampoco con el apoyo del Ministerio del Interior ya que considera que algunos de los preceptos vulneran la Constitución y que la Comisión que se encarga de reconocer la condición de víctima infringía "varias competencias exclusivas estatales".

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