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La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal divide la causa contra ETA por lesa humanidad

  • Escrito por Redacción

AUDIENCIA-NACIONAL

La entrada en vigor ayer de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) operada por el Gobierno del Partido Popular se ha cobrado su primera víctima en la Audiencia Nacional. El procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra cinco ex dirigentes etarras por delitos de lesa humanidad se repartirá entre los distintos juzgados de la Audiencia.

La causa, abierta por el anterior titular del Juzgado número 3, Juan Pablo González, gracias a las denuncias presentadas por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y los padres de los últimos guardias civiles asesinados por ETA Diego Salvá y Carlos Enrique Sáenz de Tejada. En ella se investigaban todos los delitos que conforman los de lesa humanidad, como el traslado forzoso de personas y los asesinatos cometidos por ETA desde octubre de 2004, cuando se incorporó a nuestro Código Penal este tipo de crímenes.

La nueva titular del Juzgado, Carmen Lamela, entiende que la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone que ese procedimiento sea repartido entre los juzgados donde ya se investigaban esos atentados concretos.

La juez explica que el pasado 27 de octubre su antecesor en el Juzgado procesó por lesa humanidad a los dirigentes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Garikoitz Aspiazu Rubina, MikelCarrera Sarobe, Ángel Iriondo Yarza y Aitor Elizaran, que acaba de ser expulsado a España por las autoridades francesas tras cumplir condena.

Al ser preguntada la Fiscalía al respecto, contestó que se remitiera testimonio de la causa a los distintos juzgados donde ya se investigaban los atentados. Siguiendo ese criterio, la magistrada explica que la reforma de la LECrim ha modificado las reglas de conexidad entre procedimientos, y como regla general establece que cada delito dará lugar a la formación de una única causa.

En el procedimiento seguido contra ETA por crímenes de lesa humanidad, la juez Lamela entiende que "ningún nexo de conexidad" existe que justifique que los distintos atentados sean cometidos en una única causa, sobre todo, cuando el siguiente paso en la instrucción sería precisamente solicitar testimonio de las investigaciones realizadas en relación a cada atentado.

"La complejidad" de la instrucción "se vería incrementada teniendo en cuenta las distintas fases en que se encuentran los distintos procedimientos, las distintas personas a quienes se imputan cada uno de ellos, y los diferentes tiempos y circunstancias en que los delitos fueron perpetrados", explica el auto hecho público hoy.

Por ello, la juez considera que seguir instruyendo un único procedimiento supondría "un retraso injustificado en la instrucción, además de sustraer la competencia de los órganos judiciales competentes (y que en su momento abrieron causas por los hechos que aquí se instruyen).

Lamela, que en su resolución no menciona el atentado de la T4, seguirá instruyendo el asesinato del ex concejal del PSE Isaías Carrasco. Y remitirá al Juzgado número 1, la muerte del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz; al 4, el atentado que mató al jefe de la Brigada Provincial de Información de Bilbao Eduardo Puelles y el perpetrado contra los guardias civiles Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá; al 5, la muerte del guardia civil Juan Manuel Piñuel; y al 6, el asesinato del empresario Ignacio Uría.

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