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El Supremo llama a declarar al senador de Bildu Goioaga por terrorismo

  • Escrito por Redacción

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El abogado también está imputado por delitos de financiación del terrorismo, blanqueo, fraude fiscal y contra la Seguridad Social. Los investigadores creen que se encargaba de asegurar la cohesión ideologica de los presos y de que se mantuvieran sometidos a ETA

El Tribunal Supremo interrogará el próximo 2 de diciembre al senador de Amaiur Iñaki Goioaga como imputado por delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación del terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

El Alto Tribunal pone así en marcha su propia investigación sobre el abogado, defensor habitual de etarras en la Audiencia Nacional. Él mismo resultó absuelto en un juicio por colaboración con la banda (cuando aún no era senador por designación autonómica y no estaba, por tanto, aforado) y por planear la fuga de un preso etarra. También eludió una primera investigación de la Audiencia Nacional que siguió adelante contra otros abogados.

El Supremo decidió el pasado mes de septiembre que había motivos para abrir una causa contra el aforado con los datos que había reunido la Audiencia Nacional. Según el juez instructor Eloy Velasco y el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, Goioaga era una pieza clave del Colectivo de Abogados BL, subordinado al llamado frente de Makos de ETA (KT). Según las pesquisas, aprovechaba su actividad profesional para obedecer las órdenes de la dirección terrorista y controlar a sus presos. Se encargaba, por ejemplo, de hacer la llamada ronda de presos para controlar su posición respecto a la banda terrorista.

El Colectivo de Abogados en el que supuestamente se integraba llevaba a cabo una labor de adoctrinamiento y concienciación ideológica de los presos para que sus decisiones se desarrollen de acuerdo a las líneas estratégicas del Frente de Cárceles, manteniéndoles de esta forma fieles a los postulados de ETA, que así puede continuar ejerciendo control sometiéndolos a los intereses de la banda terrorista y la consecución de sus objetivos.

De los documentos que hay en la causa se puede inferir, según el auto, que "la labor jurídica del colectivo al que pertenece Iñaki Goioaga Llanos está supeditada a la labor política descrita". También subraya que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del EPPK tendrían su origen en Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda.

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