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Noticias Terrorismo

Manifestación de apoyo a los acusados de colaborar con ETA

  • Escrito por Redacción

askapena

Los cinco dirigentes de Askapena son juzgados en la Audiencia Nacional por recabar presuntamente apoyos exteriores y fondos para la banda terrorista.

La izquierda abertzale mostró su apoyo el pasado sábado en el centro de Madrid a los cinco dirigentes de Askapena, el aparato internacional de ETA, que han sido juzgados en la Audiencia Nacional por delitos de colaboración con organización terrorista por recabar apoyos exteriores y fondos para la banda asesina.

Los acusados, Walter Wendelin -considerado el máximo responsable de Askapena-, Gabriel Basáñez Ruiz, Unai Vázquez Puente, David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel que fueron detenidos el 28 de septiembre de 2010 en una operación desarrollada en el País Vasco y Navarra, declararon en la vista oral que Askapena realizaba labores de solidaridad "anti-imperialista" con otros países y con causas como las de los idiomas oprimidos y el comercio justo, pero no al servicio de la banda terrorista. 

Sin embargo, la Fiscalía, que pide seis años de prisión, una multa de 7.200 euros y la inhabilitación absoluta durante 14 años para los dirigentes de Askapena, asegura en un escrito que la organización se integra en una estructura mancomunada y bajo la dirección de ETA y la ilegalizada Batasuna llamada NLT (Nazioarteko Lan Taldea o Grupo de Trabajo Internacional), al que pertenecen representantes de todas las organizaciones constitutivas del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) "con proyección internacional".

Además, reitera que Askapena también participaba en el sistema establecido por la "Izquierda Abertzale" para su "autofinanciación", o "lo que es lo mismo, para el sostenimiento económico de las distintas estructuras que la integran y del conjunto de sus actividades orgánicas".

"La financiación de todo el MLNV partía de una caja común constituida a partir de las subvenciones públicas electorales recibidas por las agrupaciones políticas ilegalizadas como ANV y PCTV, y que llegaron a suponer un total de 2,3 millones de euros entre tres años (de 2005 a 2007)", manifiesta.

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