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Golpe a las ayudas a la red de ETA

  • Escrito por Redacción

GOLPE-VICTIMAS-ETA

La Justicia ha dado otro importante golpe a las ayudas al entramado de apoyo a los presos de ETA. A la nulidad de subvenciones otorgadas por ayuntamientos vascos a familiares de los reclusos para sufragar sus viajes a las cárceles de España se suma ahora el pronunciamiento de los tribunales en contra de las concesiones económicas a la red de apoyo a los etarras encarcelados.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián ha declarado nula la subvención de 2.500 euros otorgada en la pasada legislatura por el Ayuntamiento de Zarautz, gobernado entonces por EH Bildu, a Harrera Elkartea, el colectivo que presta apoyo a los presos de ETA cuando son excarcelados para que se formen y encuentren trabajo y se beneficien de las ayudas públicas. La sentencia, que puede crear jurisprudencia -otros municipios han otorgado subvenciones a este colectivo-, condena al Consistorio de esta localidad guipuzcoana a obtener la devolución del dinero abonado.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, determina que el Ayuntamiento de Zarautz infringió «el principio de neutralidad política» que debe regir en la actuación de las entidades locales y, por lo tanto, comprometió «su objetividad al servicio del interés de los vecinos».

Por medio de un decreto de Alcaldía fechado el 6 de mayo de 2014, el Ejecutivo municipal de EH Bildu, que entonces gobernada con mayoría absoluta, si bien en las pasadas elecciones del 24-M perdió la Alcaldía en beneficio del PNV, concedió una subvención directa de 2.500 euros a Harrera Elkartea. El objetivo de la partida económica era que esta asociación pudiera «ofrecer servicios de apoyo y ayuda a ex presos y ex refugiados políticos como consecuencia del conflicto político, entre otros ayudándoles en la recepción inicial y en la socialización».

Más en concreto, apuntaba que la subvención tenía por objeto que Harrera Elkartea pudiera ofrecer durante ese año «diversos servicios de atención y ayuda tales como la acogida inicial o apoyo para la reinserción en la sociedad actual a los ex presos y refugiados fruto del conflicto político».

Esta plataforma «asistencial» nació en junio de 2012 a impulso de un grupo de ex reclusos del mundo radical con la pretensión de «ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de Euskal Herria que han sufrido la cárcel o el exilio para que puedan construir su vida de una manera digna», según se recoge en su página web. De este modo, su vocación fundacional es buscar trabajo y garantizar el acceso a las ayudas sociales a los presos de ETA que salen de la cárcel y a los huidos que vuelven a Euskadi y Navarra. «Nuestro trabajo de asistencia a quienes vuelven de la cárcel o el exilio se dirige a solucionar los problemas a que han de hacer frente en su vida diaria», expone esta plataforma, compuesta por ex presos de la banda terrorista.

La ayuda concedida por el Consistorio de Zarautz fue recurrida por la Abogacía del Estado a instancia del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo. Entre los diferentes fundamentos jurídicos, alegó que el Consistorio carece de «competencia objetiva o material» para la concesión de la subvención por «no haber vinculación para las competencias municipales ni tener por objeto el fomento de actividad alguna de utilidad pública, interés social o promoción de una finalidad pública». Asimismo, apuntó a una vulneración del principio de no discriminación, ya que Harrera «tiene por finalidad favorecer a un colectivo de presos excarcelados y exiliados concretos como consecuencia de su pertenencia e integración en la banda terrorista ETA».

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián ha estimado el planteamiento de la Abogacía del Estado y en su sentencia, fechada el 29 de julio, declara la nulidad de ayuda por suponer una infracción del principio de neutralidad política. En su argumentación, el tribunal alude a diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que determinan que la entidad local «no puede actuar en representación o al servicio de grupos o colectivos de un determinado signo político o ideológico sino al servicio del interés general». Así, la legitimación de ejercicio de los poderes de los ayuntamientos «sólo se alcanza actuando con objetividad al servicio del interés general y no como órganos de interposición entre determinados grupos y partidos o esos poderes».

El tribunal determina que deben aplicarse con «toda naturalidad» los criterios jurisprudenciales expresados por el TSJPV «en cuanto que la situación fáctica acreditada, concesión directa de subvención a una asociación cuyo objeto de actuación viene delimitado únicamente por personas excarceladas o refugiadas de lo que denomina conflicto político de Euskal Herria, comporta claramente una opción de adhesión o apoyo de una determinada causa que no puede ser tenida por general».

La sentencia, que puede ser recurrida, puede sentar jurisprudencia ya que algunos ayuntamientos controlados por EH Bildu concedieron la pasada legislatura ayudas a este colectivo, entre ellos el de San Sebastián, lo que suscitó la denuncia de la Delegación del Gobierno.

Este colectivo, cuya ilegalidad reclamó UPyD, se presentó oficialmente en abril de 2013 en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco en un acto en el que ejerció de portavoz Fernando Etxegarai, un antiguo miembro de ETA condenado a 99 años de cárcel por perpetrar nueve atentados y por los delitos pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y depósito de armas. La presidencia, según se dio a conocer, recaía en el empresario Andoni Iturriotz, mientras que la vicepresidencia estaba en manos del histórico de ETA Juan Karlos Ioldi, que fue candidato a lehendakari de Herri Batasuna en 1987.

Harrera editó en marzo de este año una guía para ex presos y refugiados para informarles de los «primeros trámites tras su vuelta» en la que se recoge cómo deben actuar para recibir ayudas como el subsidio por excarcelación, la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda o la Renta de Inclusión Social en Navarra.

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