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ETA S.A, las cuentas del terror

  • Escrito por Redacción

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Según publica el diario EL MUNDO, en el informe más definitivo sobre las CUENTAS DEL TERROR de ETA, esta comenzó con atracos y encontró el filón en los secuestros, extorsionó con lo que los terroristas llamaron el "impuesto revolucionario", y para garantizar y llevar sus acciones delictivas y terroristas a cabo contaron entre sus colaboradores hasta con curas.

La mujer abre el buzón de su casa y encuentra una carta. La abre. Su marido, le dicen, es un "traidor a la causa vasca", "responsable" junto con su familia de dar la espalda al pueblo. Debe pagar 10 millones de pesetas o sufrirá las consecuencias. Contacte con "los medios habituales", le dicen. Cruce a Francia y pregunte por "el señor Otxia".

- ¿Por qué no pagó?

- No iba a pagar para garantizarme mi seguridad y financiar las balas para matar a mis amigos.

Ricardo (nombre ficticio) prefiere no mostrar su rostro. Es uno de los miles de hombres y también mujeres que hasta hace sólo cuatro años han sufrido la extorsión de ETA en el País Vasco y Navarra. No fueron únicamente grandes empresarios y altos directivos del IBEX 35; también dueños de pequeños talleres de coches, abogados, notarios... y médicos como él. Les aconsejaban: "Paga, intenta una rebaja, procura negociar plazos, o vete. Y no digas nada a nadie".

En la semana en la que las fuerzas de seguridad han capturado en Francia a la última cúpula reconocida de ETA, Crónica se adentra en uno de los agujeros más oscuros de la banda, casi siempre sepultado por el silencio de víctimas, instituciones y partidos: el botín que ETA ha amasado desde 1973 (cuando cobró su primer rescate) hasta 2011 (cuando canceló su llamado impuesto revolucionario).

La cuantía es muy difícil de calcular, pero la documentación incautada a ETA, la información policial y algunos testimonios permiten hablar de al menos 161,2 millones de euros a precios de hoy. Con ellos, la banda se alimentó para pagar a sus terroristas, comprar armas y explosivos y, en definitiva, matar a 857 personas -entre ellas, 33 empresarios y banqueros, 55 empleados cualificados y 50 autónomos- y aterrorizar a otras miles en nombre de la independencia.

El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, en Bilbao, está llevando a cabo un ambicioso estudio sobre el tabú de la extorsión, impulsado por el extinto centro de investigación Bakeaz. Los últimos avances del equipo de 12 investigadores coordinado por Javier Arellano, Josu Ugarte e Izaskun Sáez de la Fuente, aportan el balance más completo hasta la fecha sobre las cuentas del terror. Con los atracos, la primera vía con que se financiaron las distintas ramas de ETA entre 1977 y 1986, los terroristas ingresaron 19,2 millones de euros actuales. Con los secuestros, entre 1973 y 1996, captaron de 101 a 104 millones, además de otros 700.000 euros recaudados gracias a los secuestros exprés que ETA perpetró a partir del año 2000 sin que nadie lo denunciara. En tercer lugar, el chantaje mediante cartas afectó a entre 10.000 y 15.000 personas y, según los datos de este estudio que verá la luz en primavera, supuso para ETA 21 millones de euros entre 1980 y 1986 y otros 9 millones en su última década, entre 2001 y 2011.

Los números del impuesto, aportados por el periodista experto en terrorismo Florencio Domínguez -futuro director del Centro Memorial de Víctimas- son más confusos en el período que va entre 1987 y 2000. Los investigadores disponen sólo de datos parciales. El catedrático de Economía Mikel Buesa, que no forma parte del proyecto, ha recopilado cuatro catas, correspondientes a los años 1991, 1993, 1995 y 2000, que suman unos 7,3 millones de euros. La cifra final será mayor. Y la relación causa-efecto, clara. "Sin dinero, ETA nunca podría haber podido matar. Cuanto más ingresaba, más capacidad letal tenía. Y cuanto más podía matar, más extorsionaba. Era un círculo vicioso", resume el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, del equipo de Deusto.

Garavilla pagó, pero no todo

¿Cuántos pagaron? La respuesta es muy difícil. Estimaciones de la Universidad de Navarra indican que entre el 5% y el 6% en Navarra, Álava y Vizcaya, y hasta el 13% en Guipúzcoa. Pero son estimaciones. Sáenz de la Fuente defiende que también los que cedieron al chantaje fueron víctimas, porque serlo "no depende de la categoría ética" de la persona: "No podemos exigir a todos un heroísmo que la sociedad vasca no ha tenido. La sociedad vasca ha mirado para otro lado".

Yo no pagué y secuestraron a otro por mí

ARABA PRESS

A este pediatra ETA le pidió 10 millones de pesetas. No cedió. Años después supo que habían secuestrado a un colega de su hospital al confundirle con él. Un juez rechazó su denuncia. "El Estado no existía".

José Garavilla fue de los que pagaron. Uno de sus hijos -que, en la tierra que todavía duele, también quiere salvaguardar su identidad- cuenta a Crónica que fue un profesor quien le informó de que ETA había secuestrado a su padre. Era octubre de 1980. El industrial dirigía Conservas Garavilla, el grupo de la conocida marca Isabel. Lo raptaron un miércoles y lo liberaron en la madrugada del domingo. Sorprendió la brevedad del "arresto", motivado, a decir de ETA, por no haber pagado el dinero que le había exigido por carta.

Las crónicas de la época cuentan que el PNV intercedió para rebajar el rescate reclamado, alrededor de 200 millones de pesetas. "Pagos seguro que hubo. Algún movimiento raro de 'tengo que ir a no sé dónde' hubo -reconoce Garavilla hijo-, pero al parecer no se pagó todo lo que la mafia había pedido". Al cabo de dos o tres años, empezaron a recibir llamadas. "El (etarra Sabin Euba) Pelopintxo llamaba preguntando por mi padre, para pedir el sobre de Bárcenas", dice, irónico. Volvieron las cartas: "Algunas remitidas conmigo como remitente, dirigidas a mi madre, a la casa a la que nos mudamos... Querían demostrar que nos tenían controlados".

Ocho años después del secuestro, ETA mandó un aviso al padre: un paquete que le estalló en las manos y le dejó herido. Los Garavilla apenas han contado nada a sus hijos. José va a hacer ahora 80 años, y no se acuerda de que ETA lo secuestró.

Otros tres empresarios retenidos no pagaron rescate y fueron asesinados. El primero fue Ángel Berazadi, simpatizante nacionalista y director gerente de Sigma. Su cadáver, abandonado en una carretera, fue el mensaje a los empresarios que ETA selló con sangre por primera vez en 1976: pague por su seguridad.

El segundo, un año después, fue Javier de Ybarra y Bergé, propietario del diario El Pueblo Vasco. El último, en 1983, Francisco Arín Urcola, directivo de la empresa Construcciones Electromecánicas Irura.

Además, siete empresarios murieron a causa de un atentado por no haber cedido al chantaje o no haber abonado todo lo que ETA quería. El primero fue José Luis Legasa Ubiría. En 1976, el pequeño constructor de Irún denunció el chantaje y la Policía detuvo a un etarra, que fue condenado. Un año y medio después, la mafia lanzó un mensaje que se repetiría desde entonces: quien denuncia muere. Legasa cayó asesinado. El último empresario al que ETA mató fue el constructor Ignacio Uria Mendizábal, hace sólo siete años.

En sus últimas dos décadas la banda perfeccionó mucho la gestión del impuesto revolucionario. Según Domínguez, en 1993, después de varias operaciones policiales, los terroristas crean bases de datos informáticas y un código alfanumérico que sirve para tener controlado todo el proceso de la extorsión: la provincia del empresario, la cantidad exigida, el responsable que gestiona el caso... Una especie de código de barras con números y letras que encabeza cada carta. En esa época también establecen "acuerdos con empresas para que paguen cuotas anuales en plazos largos de, por ejemplo, 10 años" y extienden el chantaje por firmas de Aragón, Madrid o Cantabria.

A mi padre, que pagó, le mandaron un paquete bomba

ARABA PRESS

El conservero José Garavilla pagó, pero sólo una parte de los 200 millones de pesetas que ETA pidió por su vida. La banda le envió una carta con explosivos ocho años después. "Son la mafia vasca", dice uno de sus hijos, en la imagen.

El proceso podía durar 30 meses. La víctima recibía hasta cinco cartas, cada vez más agresivas; llamadas en plena noche; paquetes con animales muertos. En su primera misiva, ETA intentaba convencer al amenazado. En la segunda, le recordaba su deuda y le advertía de que tenía un plazo para pagar o "se convertirá automáticamente en objetivo potencial". En la tercera, le anunciaba que sus bienes y él pasaban a ser "objetivo operativo". En la última, añadía intereses de demora, a menudo un 5% anual, como se especifica en el libro Relatos de Plomo. Historia del terrorismo en Navarra, de Javier Marrodán.

La amenaza se extendió incluso a deportistas de élite, a cocineros famosos... que no denunciaron. Sólo lo hizo uno, Bixente Lizarazu, vascofrancés y jugador del Athletic, a quien en diciembre de 2000 ETA reclamó el dinero percibido por su participación en la selección francesa; no podía tener "dos patrias". En 2004, Juan María Arzak y Pedro Subijana tuvieron que declarar ante el juez después de que un etarra afirmara que habían pagado.

Pero el chantaje no siempre funcionó como una máquina. Los investigadores sitúan el precedente más lejano en una campaña de donativos voluntarios pedidos a empresarios nacionalistas en los años 60. Pero ETA apenas recauda, porque por entonces las amenazas aún no se materializan.

El invento de 'Los Cabras'

En la primera mitad de los 70 es cuando el etarra Xabier Zumalde inaugura el que pronto se llamaría impuesto revolucionario. Zumalde y su grupo, Los Cabras, envían las primeras cartas a pequeños empresarios de Oñate, Bergara y Mondragón; por ejemplo, a chocolates Zahor. Les exigen pagar anualmente unas 200.000 pesetas; 2.000 por cada trabajador de sus plantillas (unos 133 euros). Ninguno paga. Ellos leen las primeras amenazas: "Le pedimos su cotización y Ud. se hizo el sordo. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros o nos veremos obligados a tomar represalias reales. La lucha es cara, unos ponen la vida (y) otros deben poner lo que pueden. Usted sabe de eso".

Ese verano de 1975, ETA político-militar nombra por primera vez el impuesto revolucionario en un boletín interno. "La oligarquía tiene un punto débil, los propios capitalistas. (...) Incluso el mayor de los potentados, con todos sus millones a cuestas, es tan vulnerable como cualquier hombre del pueblo". Tan vulnerable.

En cuanto ETA tiene dinero, gracias a un atraco, asesina. El 7 de junio de 1968 mata al guardia civil José Pardines. A mediados de los 80 abandonará los atracos por ser demasiado arriesgados y los secuestros se convertirán en la vía más lucrativa de su historia. El rescate más elevado lo abona el entorno de Emiliano Revilla, ex dueño de Chorizos Revilla, quien en 1988 salvó su vida tras 249 días de cautiverio por entre 1.200 y 1.500 millones de pesetas (de 16,4 a 20,5 millones de euros actuales).

El fenómeno ha sido perverso. Si pagaba, la víctima se convertía en culpable de un delito de colaboración con banda armada. Aunque lo cierto es que la Justicia ha hecho poco en esta materia. Ha habido casos que han llegado a los tribunales, pero todos los encausados por ceder al chantaje han terminado libres por dos eximentes: estado de necesidad y miedo insuperable.

Los investigadores de la Universidad de Deusto, que han hablado con 66 extorsionados, familiares y conocedores del fenómeno, se están encontrando con que "la soledad" es la sensación predominante entre unas personas que, en su mayoría, se niegan a hablar aún hoy. Sólo ha prosperado una de cada cuatro consultas y la mayoría de los empresarios y directivos afirma que no pagó. Los que lo hicieron aseguran sentir "culpa".

"El Estado no existía", dice hoy el médico de nombre inventado que se negó a ceder. Estudiante antifranquista en la dictadura de Franco y señalado por la dictadura de ETA, no fue secuestrado porque la banda le confundió con un compañero del hospital y raptó por error al otro médico. Nadie le proporcionó seguridad cuando en 1982 enseñó aquella carta. Hijo de una familia vizcaína con más postín que dinero, acudió a un tribunal para denunciar el chantaje. "El juez se me derrumbó. Me dijo que no podía ponerle en ese compromiso. No hizo nada", cuenta. Quien le auxilió fue, a título personal, uno de los socialistas a los que ETA acabó asesinando, su amigo Enrique Casas. Quedó con él en la esquina de una calle de San Sebastián y abordaron a un abogado histórico de HB. Casas le espetó:

- Mira esta cara. Le estás amenazando. Si a éste le pasa algo, después vais tú y tus hijos. Acuérdate bien, vais a caer todos.

Así funcionaba. Otras veces no funcionó.

'A partir de este momento usted es objetivo operativo'

Una de las cartas que ETA envía a un empresario en 2001: como no ha pagado 10 millones de pesetas, queda en manos de la banda "el cuándo y el cómo actuar" contra él, "un declarado enemigo de la lucha por la libertad de Euskal Herria".

En su día, fueron unos pocos valientes los que alzaron la voz. Juan Alcorta Maíz, presidente del Banco Industrial de Guipúzcoa y de la aceitera Koipe, se negó públicamente a pagar los 20 millones de pesetas que le exigía ETA. "Hay algo en mi conciencia, en mi manera de ser, que prefiero cualquier cosa a ceder a un chantaje que está destruyendo mi tierra, a mi pueblo y a mi gente", escribió en una carta publicada en 1980. Muy sonado fue el caso de Luis Olarra, presidente de la Confederación General de Empresarios de Vizcaya, que ese año dijo por televisión que había contratado a elementos "mafiosos" de Marsella y Córcega por si los terroristas atentaban contra sus trabajadores o su familia. En Navarra, la patronal dirigida por Juan Antonio Ibiricu, José Manuel Ayesa y José Antonio Sarría ha sido especialmente combativa. Al último ETA le envió una carta en abril de 2011 informándole de que su impuesto, vigente incluso en las treguas, por fin se acababa.

Fuera de todo este recuento queda la "microextorsión": las campañas a favor de los presos o de actividades relacionadas con el euskera, las huchas en txosnas y herriko tabernas... Uno de los entrevistados por el Centro de Ética afirma que en San Sebastián eran "vox populi" las andanzas de un cura llamado Balentzi, que recorría en bicicleta las tiendas de la ciudad exigiendo dinero "directamente para ETA".

Junto a la imprescindible red de colaboradores de la banda -simpatizantes de HB, trabajadores de los bancos, funcionarios...-, los mediadores han sido también una figura clave. El informe identifica tres tipos. Hubo quienes actuaron "de buena fe", personas cercanas a la familia que tenían algún contacto con el mundo de ETA; hubo "cómplices", gente de la izquierda abertzale que se identificaba con los extorsionadores, y hubo "comisionistas". Gente que hizo dinero.

¿Y el impacto en la economía vasca? La respuesta es muy compleja y es probable que el informe no concluya con un dato claro. Otros académicos sí lo han aportado. En un artículo publicado en 2003 en la American Economic Review, Alberto Abadie (Universidad de Harvard) y Javier Gardeazabal (Universidad del País Vasco) afirman que los vascos son un 10% más pobres por culpa del terrorismo. En el libro La pachorra conservadora, que acaba de publicar en La Esfera de los Libros, Mikel Buesa habla de una pérdida del 18,3% del PIB vasco, 96,9 millones de euros, añadido a una pérdida de población potencial de 700.000 personas entre exiliados, descendientes que ya no han nacido en Euskadi y personas que no se han establecido allí.

Ricardo, el médico, se ha cansado de funerales, pero no ha abandonado el País Vasco. "Ésta es mi tierra", recuerda. Su pesadilla acabó en 2011, aunque quizá sea mucho decir. A sus 65 años, sigue dando cuatro vueltas a la manzana antes de entrar en casa; se sienta de frente a la puerta de cualquier bar; mantiene la primera marcha cuando detiene su coche en un semáforo, "incluso en Sevilla".

Guardó la carta infame durante años, "por si algún hijo se descarriaba". Lo hizo el pequeño.

- Le dije: "Toma la carta. Léela despacito. No la leas en voz alta".

ETA en cifras

- 15.000 extorsionados: en Vizcaya, Álava y Navarra pagó hasta el 6% de los extorsionados. En Guipúzcua, el 13%

- 20,5 millones de euros: es el rescate más alto pagado, el de Emiliano Revilla

- 96,9 millones de euros: es el cálculo del agujero en la economía vasca causado por el terrorismo etarra

- 700.000 'desplazados': pérdida de población potencial en Euskadi atribuida a la existencia de ETA

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