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ETA: 38,5 millones en secuestros

  • Escrito por Redacción

eta-secuestros

El primero se llamó José Ángel Aguirre. En los estertores de la dictadura, un viernes 30 de octubre de 1970, ocho miembros de ETA lo retuvieron toda la noche en su propia casa para que al día siguiente les abriera la caja fuerte de la sucursal del Banco Guipuzcoano que dirigía en Elgoibar (Gipuzkoa).

Tras lograr unos cuatro millones de pesetas, lo liberaron. El último fue Miguel Ángel Blanco. ETA capturó al concejal popular en 1997 y en dos días, sin rescate, lo asesinó. En esos 27 años, la organización terrorista y sus escisiones cometieron 86 secuestros, la inmensa mayoría -67 personas- empresarios, directivos, profesionales y familiares suyos, y todos salvo cuatro en democracia. Diez víctimas murieron asesinadas, 14 fueron liberados con un tiro en la pierna. Las Fuerzas de Seguridad sólo lograron liberar a seis, y únicamente dos consiguieron escapar del infierno. Con los rescates y con el dinero que les robó, ETA recaudó al menos 6.420 millones de pesetas de aquellos años, (38,5 millones de euros).

La cuantía económica es aproximada, ya que resulta muy complicado que los secuestrados proporcionen esos datos, según explican los investigadores que suscriben el pionero estudio Los secuestros de ETA y sus organizaciones afines, 1970-1997: una base de datos, publicado en el último número de la Revista Española de Ciencia Política. El informe elaborado por el catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y director del Euskobarómetro Francisco José Llera y por el doctor en Ciencia Política e investigador posdoctoral del Euskobarómetro Rafael Leonisio, presenta una base de datos «inédita» sobre los 86 secuestros perpetrados por ETA y sus organizaciones afines, una lista en la que sólo aparecen los raptos premeditados contra personas que eran objetivo específico de la banda y no aquellos en los que la víctima era retenida durante unas horas, por ejemplo, para robarle un coche y cometer con él un atentado.

El repaso de los datos ofrece una serie de conclusiones importantes. Una es que los empresarios y su entorno fueron el objetivo principal. El 49% de los capturados -42 personas- fueron empresarios; el 6% -5 personas-, familiares de éstos; el 23%, directivos o profesionales -20 víctimas-. Lo que concuerda con que casi ocho de cada diez secuestros tuvieron una motivación económica o bien un trasfondo laboral. «La mayoría de los secuestros (el 51%) tuvo una motivación económica, es decir, se buscaba el cobro de un rescate (en la mayoría de los casos) o bien la apertura de alguna caja fuerte de un banco», explican Llera y Leonisio.

Además de para recaudar dinero, ETA utilizaba los secuestros de empresarios como «aviso o mecanismo intimidatorio» para aquellos que eran reticentes a pagar la extorsión terrorista, a la que ETA llamaba impuesto revolucionario. «En caso de seguir negándose, podían correr la misma suerte que el secuestrado», indican, «con el doble castigo de tener que pagar un rescate y sufrir el trauma de un secuestro».

La cifra de los 6.420 millones de pesetas debe tomarse con precaución. Puede ser mucho mayor. Según los datos recopilados por los investigadores de la UPV a partir del libro Terrorismo del socialista José María Benegas y de otras fuentes, la ETA de la dictadura habría obtenido unos 54 millones de pesetas y el resto lo habría recaudado en democracia. ETA político-militar (ETApm) logró alrededor de 656 millones, pero el grupo más «aventajado» -el que pervive hoy y continuó con la actividad terrorista hasta octubre de 2011- fue ETA militar (ETAm): con sus secuestros se embolsó unos 5.200 millones de pesetas.

Entre las víctimas también hubo autoridades y funcionarios públicos -seis- o políticos -otros seis-. Y sólo una mujer: Miren Elósegui, hija del propietario de la firma Boinas Elósegui y esposa del entonces gerente de la empresa. Los terroristas la liberaron en las inmediaciones de Tolosa (Gipuzkoa) en una madrugada de 1982, 13 días después de capturarla. Se embolsaron 25 millones de pesetas.

El estudio revela igualmente cómo fueron cambiando los tiempos, los actores y sus prácticas. Curiosamente fue una de las organizaciones menos mortíferas, ETA político-militar, la que cometió más de la mitad de los secuestros (46), aunque la mayoría fueron secuestros exprés (30), de menos de un día. Este grupo actuó en sintonía con las Brigadas Rojas italianas y otros grupos terroristas de extrema izquierda: secuestró mucho, pero por poco tiempo -durante una media de nueve días-, hasta su disolución en 1986. En coherencia con esto, ETApm «combinó la recaudación de dinero con injerencias en diversos conflictos laborales de la Transición».

En cambio, los secuestros más largos los firma ETA militar. La organización más letal en democracia cometió menos secuestros (21) pero dolorosamente largos, con una media de 89 días por cada víctima. El 70% de los raptos de la nueva ETA duró más de 150 días. Los peores se dieron en los años 90: los empresarios Julio Iglesias Zamora, José María Aldaya y Cosme Delclaux. El récord de este macabro ranking llevará siempre el nombre del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que sobrevivió 532 días de 1996 y 1997 en condiciones infrahumanas.

¿Dónde se produjeron? También en esto parece tener mucho que ver el peso del empresariado. Salvo ocho casos, todos los secuestros tuvieron lugar en el País Vasco y Navarra, y especialmente en Bizkaia (43%) y Gipuzkoa (36%), quizá como reflejo de la mayor fortaleza de ETA en ambas provincias -por la logística que requiere el secuestro-, pero también por el mayor tejido económico y empresarial y la mayor conflictividad laboral de Bizkaia.

¿Y cómo reaccionó la sociedad? Es una de las preguntas más duras que Euskadi tiene por delante. En el caso de los secuestros -y excluyendo los raptos exprés por las escasas horas que duraban- el 52% no obtuvo «respuesta alguna». Los ciudadanos se movilizaron de forma minoritaria en los años del franquismo y la transición; y cuando había una concentración, era generalmente de los trabajadores de la empresa del secuestrado. Las cosas empezaron a cambiar a partir de 1986, cuando el rechazo a ETA saltó de forma continua a la calle con la aparición de Gesto por la Paz y la firma del Pacto de Ajuria Enea por parte de los partidos democráticos. Desde entonces, la contestación social creció «de forma excepcional» de modo que en esa etapa el 80% de los secuestros fue rechazado socialmente.

El empresariado ha sido uno de los sectores más atacados por el terrorismo nacionalista radical en todos estos años. Sin embargo, la amenaza que han sufrido es uno de las piezas del fenómeno de ETA que menos se han investigado. Este estudio viene a cubrir un «vacío» en torno a esa parte de la historia más negra del País Vasco y Navarra que también está analizando un potente equipo impulsado por la extinta Bakeaz -conJosu Ugarte al frente- y asumido por el Centro de Ética de la Universidad de Deusto bajo la dirección de Izaskun Sáez de la Fuente, concretamente en torno a la extorsión a los empresarios.

El trabajo empezó a mediados de 2012 y en él llevan trabajando estos dos años y medio 11 investigadores. Está previsto que no concluyan hasta 2016. El ambicioso proyecto -que en su parte empírica se basa por el momento en 60 entrevistas y 130 cuestionarios a empresarios en su mayoría extorsionados- ha contado hasta la fecha con sólo 6.000 euros de financiación del Gobierno vasco.

Los 10 asesinados

Diez de las 86 personas secuestradas fueron asesinadas por ETA y sus organizaciones satélite: 

 

Ángel Berazadi. Director gerente de la empresa Sigma. 18/3/1976. Elgoibar. 22 días.

Javier Ybarra. Ex presidente de Babcok-Wilcox. 20/5/1977. Getxo. 33 días.

Alfredo Ramos. Propietario del bar Stadium. 23/1/1980. Barakaldo. 1 día.

Mario González Blasco. Trabajador de la empresa Agruminsa. 2/8/1980. La Arboleda. 1 día. 

José Ignacio Ustaran. Miembro del comité ejecutivo de UCD de Álava. 29/9/1980. Vitoria. 1 día. 

José María Pérez López de Orueta. Abogado criminalista. 31/10/1980. San Sebastián. 1 día. 

José María Ryan. Ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz. 29/1/1981. Lemóniz. Ocho días. 

Alberto Martín Barrios. Capitán de farmacia. 5/10/1983. Bilbao.14 días.

Francisco Arín. Directivo de Construcciones Electromecánicas Irura. 15/12/1983. Tolosa. 1 día. 

Miguel Ángel Blanco. Concejal del PP. 10/7/1997. Ermua. 2 días.

 

EL MUNDO

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