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El fiscal pide 29 años de prisión para Bolinaga por asesinar a un guardia civil en Mondragón

  • Escrito por Redacción

BOLINAGA-PRISION-YA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy 29 años de cárcel para el etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga -en libertad desde 2012 debido al cáncer que padece-, por el asesinato a tiros del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos, el 8 de junio de 1986 en la localidad guipuzcoana de Arrasate, informa Efe.

En un escrito remitido a la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de estos hechos, la Fiscalía sostiene que fue Bolinaga el autor de los disparos que acabaron con la vida del guardia civil en un atentado en el que también intervinieron sus dos compañeros del comando Bellotxa -José Luis Erostegi y Javier Ugarte-, para los que pide asimismo 29 años de prisión a cada uno.

Además solicita que los tres etarras indemnicen conjuntamente con 500.000 euros a los herederos del fallecido y con 200.000 a su hijo por las secuelas causadas.

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Para planificar el atentado contra el guardia civil Antonio Ramos, los tres terroristas identificaron primero el vehículo que usaba habitualmente y los lugares donde podía encontrarle.

Tras esas tareas de vigilancia, el 8 de junio de 1986 abordaron al guardia civil cuando se encontraba en el interior de su vehículo, marca Talbot Horizon, estacionado frente a un portal de la calle Doctor Bañez en el barrio de San Andrés de Mondragón, disparándole con dos pistolas, una de las cuáles, una FN Browning-GP 35, había sido utilizada para asesinar al guardia civil Mario Leal, el 6 de diciembre de 1986.

Los disparos le alcanzaron en el brazo y en el costado “provocándole la muerte” en el acto.

Por estos hechos, el juez instructor Ismael Moreno decretó el pasado 3 de abril el arresto domiciliario de Bolinaga cuando se encontraba en libertad condicional desde agosto de 2012 en atención al cáncer que padece.

Sin embargo, el pasado 18 de junio, la sección segunda de la Sala de lo Penal revocó la medida de arresto y le dejó en libertad provisional al considerar desproporcionada e innecesaria esta medida teniendo en cuenta que padece un cáncer terminal.

A juicio de ese tribunal no existía tampoco riesgo de fuga, pues la pena a la que podría ser condenado ya estaba siendo cumplida por Bolinaga debido a que cuando fue puesto en libertad condicional estaba cumpliendo el máximo de 30 años de cárcel por varios delitos, entre ellos el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara.

Atendía así la Sala el argumento de la defensa, que alegaba que de ser condenado por estos nuevos hechos, la pena refundida de 30 años que ya cumple “no podría ser incrementada”.

No obstante, fuentes fiscales consultadas hoy por Efe entienden que de ser condenado por el asesinato del guardia civil “probablemente” tenga que ingresar en prisión.

El fiscal relata en su escrito que los tres terroristas conformaban desde finales de 1983 el llamado comando Bellotxa, al que entre ese año y 1987 “se le asignó por la dirección de la organización terrorista la comisión de atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Posteriormente, añade el escrito, “el comando se dedicaría a la creación de una infraestructura para llevar a cabo secuestros” como fue el caso de José Ortega Lara, cuya liberación por la Guardia Civil llevó a la detención de los tres miembros del Bellotxa en julio de 1997.

Bolinaga se encuentra en libertad condicional desde el 30 de agosto de 2012 después de el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, atendiera a los informes médicos que le daban para entonces un máximo de 9 meses de vida.

Poco antes de que se cumpliera un año de su excarcelación, la Fiscalía pidió nuevos informes médicos al observar que a día de hoy “ningún informe clínico aportado señala que el liberado se encuentre en situación de peligro para su vida”.

En el último informe elaborado por forenses adscritos a la Audiencia Nacional, se sostenía que Bolinaga había sufrido un empeoramiento, por lo que “se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable”, no siendo “previsible el óbito” en los próximos tres o cuatro meses “salvo complicaciones”.

LA RAZON

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