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Francia y España ponen sobre la mesa el traslado de más de 50 presos etarras

  • Escrito por Redacción

etarras-francia

La cumbre hispano-francesa abordará desde el lunes la posibilidad de que los más de 90 presos de ETA, encarcelados en Francia, puedan cumplir su condena en España, tras la reciente aprobación por las Cortes españolas de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

La cumbre abordará "las modalidades, plazos y criterios" para la materialización de una norma que, a medio plazo, podría suponer el vaciamiento de presos etarras de las cárceles francesas.

Dicha ley supone la transposición al ordenamiento español de una norma europea de 2008 que permite que una condena firme de cárcel sea cumplida en otro Estado miembro de la Unión Europea, con el objetivo de la reinserción.
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Ahora que ya no hay imperativos legales que lo impidan, Francia pretende que España se haga cargo de los presos etarras que han cumplido su parte de condena en cárceles galas y les queda pendiente la condena española. Alega que cuando salgan en la cárcel residirán en España. Del colectivo de más de 90 presos etarras en Francia, los inmediatamente afectados por esta medida serían 56. Entre ellos figuran históricos dirigentes de la banda como Mikel Albisu Antza, Soledad Iparraguirre Amboto o Ibón Fernández Iradi Susper.

Francia tampoco pretende abrir un contencioso con España sobre esta cuestión, tras muchos años de colaboración contra el terrorismo etarra. El Gobierno español, a su vez, ya ha adelantado que estudiará caso por caso y se ha remitido a la ley para aclarar que el procedimiento prevé que intervengan la fiscalía, el juez de lo Penal y el de Vigilancia Penitenciaria para aprobar cada expediente.

Sin embargo, la cifra de presos etarras encarcelados en Francia que han pedido su traslado a cárceles españolas no pasa de media docena. La razón es que el traslado a España no les garantiza un acercamiento a las prisiones vascas ya que el Gobierno español ha insistido, recientemente, que "no habrá acercamientos hasta que ETA se disuelva".

En este sentido, el Ejecutivo ha adelantado, a su vez, que fracasará la reciente reclamación judicial de acercamiento a cárceles vascas de 50 presos etarras, de los 350 encarcelados en España. Un colectivo de 50 presos enfermos, con más de 70 años de edad y más de veinte años de prisión cumplida han pedido al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, el acercamiento a las cárceles vascas. Es la primera vez que los presos de ETA utilizan la vía judicial para sus reclamaciones de este tipo y se basan en un acuerdo de 1994, todavía vigente, pero sin valor de ley, con el argumento de haber sido objeto de un "abuso administrativo de derechos fundamentales" por la decisión del Gobierno de la dispersión.

Todas las reclamaciones de los presos que están llegando al juez de Vigilancia Penitenciaria son de un formato similar, pero el juez las estudiará caso por caso. El Gobierno de Rajoy está convencido de que el juez denegará las peticiones de los presos y que lo mismo hará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cree que el objetivo de los presos es llegar al Tribunal de Estrasburgo y tratar de repetir lo sucedido con el caso Parot. El Gobierno vasco, a su vez, defiende las reclamaciones de los presos de acercamiento a las prisiones vascas, pero les reprocha la limitación de sus peticiones al no reclamar cambios de grado penitenciario,la libertad condicional o los permisos porque de "ese modo evitan el reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo", que les requiere esas reclamaciones.

El Gobierno de Rajoy mantiene su estrategia, establecida hace ya tres años, de no tener ningún gesto hacia los presos de ETA, pese a su acreditado cese definitivo. Exige como condición su disolución oficial. La dureza del Gobierno de Rajoy en esta materia se ha vuelto a manifestar con su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo, del pasado marzo, de permitir que las condenas de los presos etarras cumplidas en Francia se resten de su condena en España, siempre que los casos estén conectados. Por esta resolución acaba de salir de la cárcel Carmen Guisasola, presa de la vía Nanclares.

Pero una reciente enmienda del Gobierno de Rajoy, introducida en el Congreso, a la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, y que entra en vigor el próximo 4 de diciembre, pretende desbaratar la decisión del Tribunal Supremo de marzo, que podría afectar a la salida de prisión de otros 50 etarras históricos en breve. Serán finalmente los tribunales sentenciadores los que decidan, según acordó el pleno de la Audiencia Nacional, el viernes.

La dureza del Gobierno central se extiende, incluso, hacia los presos reinsertados de la vía Nanclares. Todas sus peticiones de permisos son recurridas por Instituciones Penitencias y son los jueces las que las autorizan.

EL PAIS

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