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En libertad la etarra Carmen Guisasola por el fin de la doctrina Parot

  • Escrito por Redacción

etaraa-gusasola

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad de la etarra Carmen Guisasola Solozabal, que participó en el asesinato de cuatro personas durante su pertenencia a la banda entre 1982 y 1989.

A través de providencia, los magistrados Guillermo Ruiz de Polanco, Antonio Díaz y María de los Ángeles Barreiro han decretado hoy mismo la salida de prisión de la interna -que llevaba 24 años en la cárcel– en cumplimiento de la derogación de la doctrina Parot establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2013.

Pocos días después de la sentencia del alto tribunal comunitario, el Tribunal Supremo dictó una resolución para “proceder a la liquidación” de la condena de la terrorista, que desde 2010 forma parte del conjunto de presos de ETA arrepentidos, entre los que están también terroristas como Valentín Lasarte, cuya salida de prisión se prevé para dentro de un año.

La Audiencia Nacional ha tardado por lo tanto un año en cumplir el fallo del Tribunal Supremo, que resolvía dejar en libertad a otros cinco miembros de ETA, además de a Guisasola, en cumplimiento de la citada doctrina. Se trataba de Andoni Cabello, Juan José Legorburu, José Ignacio Echevarría, Ignacio Pujana y Juan Ramón Rojo. Los cuatro últimos ya estaban en libertad cuando el Supremo emitió su dictamen y el primero es el único que aún sigue entre rejas.

Guisasola -que, además de la anulación de la Parot, solicitó que se le contabilizaran los años de prisión preventiva y los cumplidos en cárceles francesas- fue condenada por pertenencia a banda armada y por su participación en los asesinatos de un comerciante, un sargento de la Guardia Civil, un policía municipal y un marinero entre 1982 y 1989, años en los que estuvo integrada en varios comandos de ETA, y se encuentra actualmente en el centro penitenciario de Zaballa (Álava).

La doctrina Parot establecía que las redenciones de penas debían ser contabilizadas sobre el total de años de condena y no sobre el máximo de 30 años que puede cumplirse por ley, lo que en la práctica provocaba que los presos por terrorismo y otros grandes delitos cumplieran el límite de penas sin posibilidad de que éstas fueran reducidas por beneficios penitenciarios.

La Gran Sala del Tribunal Europeo, sin embargo, tras recurso de la etarra Inés del Río Prada, determinó el 21 de octubre de 2013 que esa doctrina, aplicada con carácter retroactivo, vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Consideró, por lo tanto, que la detención de la recurrente era ilegal y que debía ser puesta en libertad. También conllevó la revisión de otros casos de condenados por terrorismo.

EL CONFIDENCIAL

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