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Noticias Opinión

Qué entendemos por vencedores y vencidos

  • Escrito por Redacción

Santiago González

Conferencia íntegra de Santiago González en las jornadas "Cine por la Tolerancia", organizadas por la Asociación por la Tolerancia de Barcelona. "Hemos llegado (a la situación actual) anteponiendo nuestro miedo a nuestras ganas de libertad y esto ha sido posible asesinato a asesinato que han ido infiltrando en la sociedad vasca el desistimiento y las ganas de mirar a la pared", dice el prestigioso periodista.

 

Qué entendemos por vencedores y vencidos

Santiago González

publicada en La Tribuna del Pais Vasco

Buenas tardes. Gracias a la Asociación por la Tolerancia  por invitarme a esta charla, y gracias a todos vosotros por estar ahí, como si no hubiera actividades más placenteras  a las que dedicarse un sábado por la tarde.

Bueno, habéis visto una película muy estimable, Cinco minutos de gloria, de Oliver Hirschbiegel. Cuenta una historia que es de extraordinaria actualidad en este tiempo nuestro. Las primeras imágenes muestran el asesinato de un joven católico por un terrorista de la Fuerza de Voluntarios del Ulster, un adolescente de 16 años, ante la presencia del hermano de la víctima, un niño de 11 que jugaba a la pelota. Dos décadas después, cuando el protagonista ha cumplido su pena y después del cese del terrorismo en el Ulster,  una cadena de televisión lleva al asesino y al hermano de la víctima a un programa de televisión para fomentar la virtud del diálogo. Mientras el antiguo terrorista, encarnado por Liam Neeson, perfectamente vestido, ensaya un parlamento perfecto ante la cámara: “Para comprender el hombre que soy tienen que comprender el hombre que era…”, su antagonista, James Nesbitt, se muestra nervioso, suda y se pregunta en voz alta cuanto le pagan a Neeson “por contarle al Papa, al Dalai Lama, a la Reina de Inglaterra qué se siente al disparar tres tiros a la cabeza de un ser humano”. Eso es lo que ha estado pasando hasta ahora en esos encuentros que tienen lugar dentro de la Vía Nanclares.

Los periodistas de la película cometen el mismo error conceptual que muchos de nuestros políticos, bastantes de nuestros opinantes y algunos de nuestros jueces: considerar este asunto como una pendencia entre particulares, una querella por las lindes, una de esas reyertas familiares que tuvieron un momento apoteósico en la orgía de sangre en que una noche resolvieron en Puerto Hurraco los Pataspelás sus viejos agravios con los Amadeos. El asunto entre víctimas y verdugos no es una cuestión entre particulares, como trataré de argumentar en esta charla.

Hace hoy justamente diez días, las asociaciones de Víctimas del Terrorismo convocaron una concentración en la plaza Colón de Madrid, bajo el eslogan ‘Justicia para un final con vencedores y vencidos’. Hacía un año yo había titulado ‘Vencedores y Vencidos’ una conferencia que di invitado por Covite en San Sebastián.

Yo titulé así aquella conferencia, no sin provocación previa: En el Acuerdo de Gernika firmado el 25 de setiembre de 2010 por Batasuna y algunos tontos más o menos útiles, se establecía la necesidad de “una solución democrática, que se base en el respeto a todos los derechos de todas las personas y en el respeto al derecho a decidir de la sociedad vasca”. El mismo texto establece que tampoco debe haber

“vencedores y vencidos, porque una paz justa hace a todos vencedores, frente al conflicto armado, la imposición y la discriminación”.

Al leerlo me vino a la cabeza ‘Vencedores o vencidos’ la película que  Stanley Kramer dirigió en 1961 sobre uno de los juicios de Nüremberg; más concretamente, el proceso a los altos magistrados que fueron cómplices del nazismo en la aplicación de leyes injustas e inmorales.

El problema del título en castellano es la confusión de la copulativa con la disyuntiva. ‘O’ por ‘y’. La cuestión no es en absoluto baladí. Confundir una conjunción con otra le ha costado al juez Garzón una condena por prevaricación y la expulsión de la carrera judicial. Donde el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria dice que no se podrán interceptar las comunicaciones de los internos con sus abogados “salvo por orden judicial y en los casos de terrorismo”, Garzón quiso entender ‘o’ y claro, ahí vino el lío.

Puede ser que ‘o’ significara que los papeles de unos y otros eran intercambiables. En mi opinión se trataba de dar a entender que si bien los nazis que se sentaban en el banquillo habían sido derrotados militarmente, quizá en el plano moral la cuestión fuera mucho más discutible.

Sin embargo, allí quedaba claro quienes habían sido los vencedores, quienes los vencidos y que los papeles de unos y otros no eran intercambiables en modo alguno…

Aviso para caminantes, que consideró innecesario: nadie debe tomarse la analogía en términos estrictos. Dicho esto, en los últimos días parece abrirse camino la idea de que la solución pasa porque no haya vencedores ni vencidos, Este mismo sábado lo decía en una entrevista en el diario El País un portavoz cualificado de las víctimas, Isaac Díez, sacerdote, cuñado de José Antonio Ortega Lara y portavoz de la familia durante el larguísimo secuestro del funcionario de Prisiones: “No me gusta el lenguaje de vencedores y vencidos”.

Empecemos por el momento fundacional de este proceso: el 20 de octubre de 2011 ETA hizo público un comunicado en cuya parte mollar se decía:

“ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo.”

No había razones para esperar una sintaxis depurada  en esta gente, ni que ellos reparasen en la contradicción flagrante entre la expresión ‘cese definitivo’ y la intención de abrir un diálogo directo con los Gobiernos que comportara obligación alguna para estos. Lo que pasó a continuación fue algo sorprendente:

No se trataba de que los terroristas hubieran abandonado ‘definitivamente’  sus actividades terroristas, sosteniendo al mismo tiempo que para que ese cese fuera definitivo, definitivo de verdad, definitivo por la gloria de mi madre, había que iniciar un proceso de diálogo, de negociación de la banda terrorista con los gobiernos de España y Francia.

Lo más sorprendente fue que una buena parte de los nacionalistas  asumieron como causa propia la defensa de que el cese de ETA era definitivo, otorgando a la palabra de los terroristas una credibilidad extraordinaria.

No se trata aquí de sostener otra vez la absurda polémica tan propia de tertulias que enfrentaba a quienes sostenían que ETA mataba, pero decía la verdad con quienes proponían una disyuntiva tonta: ¿A quién vas a creer, a un gobierno democrático o a una banda terrorista?

Pues depende. Si me preguntaran en qué manos prefiero estar, quién quiero que me gobierne y me cobre los impuestos, incluso a quién escogería para salir los sábados, diré sin duda que un Gobierno democrático, pero creer, creer, prefiero creer a quien diga la verdad. Un gobernante y un terrorista pueden tener excelentes razones para mentir. De hecho, ambos lo hacen.

Recientemente hemos oído un disparate XXL al fiscal superior de la Comunidad Autónoma Vasca; al hilo de la liberación de Inés del Río, dijo él se resiste «a llamarla terrorista o asesina, porque lo ha sido sin duda, pero ya no lo es (…) ha tenido 26 años de cumplimiento efectivo de condena y ya ha cumplido con la sociedad». Imagino que Calparsoro considerará que en el mismo acto de la puesta en libertad de Inés del Río, las 24 personas a las que asesinó, han pasado a la consideración de ex víctimas. Un asesino dejará de serlo cuando sus víctimas recuperen los cuerpos y almas que tuvieron.

Pero vayamos a un ejemplo que el fiscal superior pueda entender: ¿Aplicará Calparsoro este molde a Miguel Ricart, violador y asesino de las niñas de Alcàsser el día que sea excarcelado? ¿A Valentín Tejero, violador y asesino de Olga Sangrador? ¿Se me hace duro llamarles violadores o asesinos después de haber cumplido con la sociedad?

No se me oculta que este mismo ejemplo es una señal del estado en el que están las cosas: tener que recurrir al asesinato y violación de niñas para hacer entender que estamos hablando del mal absoluto. Una biografía como la de Inés del Río Prada, con sus 24 asesinatos consumados y otros 108 en grado de tentativa, es opinable, según. De hecho, los jueces de la Audiencia Nacional han tenido más diligencia para excarcelar a Txomin Troitiño que a Valentín Tejero.

En una sociedad como la vasca, bueno y como la española en general, se confunde el Código Penal y el cumplimiento de la pena por el delincuente con el sacramento de la penitencia y la gracia santificante para el pecador. Hay cualidades en el ser humano pasajeras, accidentes de conducta, y otras que devienen inmanentes, como pasaba en el chiste del borracho y la fea: lo del primero se pasa.

Matar a una persona debe de trazar un surco en el alma; ser un asesino múltiple, todo un sembrado. Cualquier sacerdote podría absolver a Inés del Río de sus pecados, pero aunque hubiese cumplido los 30 años de la doctrina Parot, ni Dios podría quitarle el estigma de Caín, no hay remiendavirgos que le devuelva la inocencia anterior al momento en que decidió cometer su primer asesinato.

Es preciso volver la mirada a Julio Camba: En España a los valores de la convivencia les pasa como a la cocina al decir del gran escritor gallego: Están demasiado influidos  por el ajo y por las preocupaciones religiosas y aquí podríamos volver a planteamientos como los de la película que habéis visto y los encuentros de Nanclares: el arrepentimiento, el perdón, la confesión, etc.

Se hace necesario decir algo sobre la sentencia Parot, en virtud de la cual los terroristas y asesinos han empezado a salir de las cárceles. Contrariamente al criterio Calparsoro, yo seguiré considerando terroristas y asesinos a quienes no se han arrepentido de sus crímenes.

Vaya por delante que la formulación de la doctrina Parot obedece a la necesidad de poner un parche ante la falta de previsión legislativa, una chapuza, para arreglar una desidia de décadas.  Vaya también que las sentencias son para acatarlas. La petición hecha por algunas asociaciones de víctimas al Gobierno para que desatendiera el fallo de Estrasburgo no estaba suficientemente meditada. La posibilidad de que España haga capirotes a una sentencia sobre el Convenio por ella suscrito en 1978 es un contradiós insuperable para cualquier Estado de Derecho.

Sentado lo anterior, cabe discrepar. Leí con atención el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de 2012, bien armado lógicamente y argumentado jurídicamente con solidez. Yo creo en los Principios del Derecho y en el nulla poena sine praevia lege del artículo 7º que Estrasburgo considera lesionado. ¿Con razón? Veamos lo que dice el citado artículo 7º cuya vulneración ha motivado el fallo de la Gran Sala de Estrasburgo:

ARTÍCULO 7

No hay pena sin ley

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. [Parece que el asesinato de guardias civiles o cualesquiera otras personas figuraban en el Código Penal vigente en los años 80, cuando Inés del Río preparaba sus coches-bomba. Y si vamos al derecho penal internacional, en todos los códigos desde el de Hammurabi]. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. [La doctrina Parot no impuso una pena más grave que las que le impuso la Audiencia Nacional: 3.800 años de cárcel, que se quedaban en un máximo de 30 años. La aplicación de la doctrina Parot no aumentaba ni un solo día esos 30 años de cárcel].

2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas.

Hay que decir aquí que la Constitución española es más explícita al considerar la irretroactividad de normas penales desfavorables para el preso, según el artículo  noveno.

9.3.- La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicas.

Es discutible, sin embargo, que los criterios con que se aplican los beneficios penitenciarios constituyan parte de la pena misma. A Inés del Río no se le ha impuesto «una pena más grave que la aplicable» en el momento de la comisión de sus delitos. Han cambiado los criterios de aplicación de beneficios penitenciarios por trabajos que no hizo y por estudios que no realizó y, esto sí que es verdad, el cambio se le aplicó retroactivamente. Durante su estancia en la cárcel, cursó estudios de Periodismo en la Universidad del País Vasco, matriculada en grupos presenciales y con falsedad en la documentación. En su matrícula constan dos números de DNI, y ninguno de ellos es el verdadero (Periodismo-2). Aunque reprochar esto a Inés del Río sería como afear a Hannibal Lecter que se mordiera los padrastros.

Estrasburgo podría haber fallado lo contrario. El mismo TEDH tenía en sus archivos jurisprudencia favorable: el caso Kafkaris, un sicario condenado a cadena perpetua que se le quedaba en 20 años. En 1996, cuando le faltaban seis para cumplir su pena, Chipre reformó su ley penitenciaria, se le aplicó retroactivamente y el Tribunal de Estrasburgo bendijo el cambio. Otro tanto pasó con Hogben y Uttley en el Reino Unido.

Puede que el Tribunal haya cambiado de criterio. El Derecho es una convención y hay que respetar lo que los tribunales decidan en cada caso. Por otra parte, como ya he dicho, la doctrina Parot fue un remiendo para tratar de arreglar un siete que los legisladores debieron haber previsto. Pasaron 18 años desde las primeras elecciones libres hasta que Belloch hizo el Código Penal de la democracia. Admitámoslo como chapuza, una muestra de esa negligencia tan nuestra. Hay otras. Ramón Jáuregui quiso poner remedio a la kale borroka en el 85, endosando a los padres la factura de los autobuses quemados por los niños. Pasaron 15 años hasta que en enero de 2000 Aznar lo incluyó en una nueva Ley del Menor (art. 61.3). En 2001, la Fiscalía de la AN inaugura una Sección del Menor. Mano de santo; en 2002, el número de acciones y la cifra de los daños cayeron en picado.

Si el PSOE de los 202 escaños hubiera puesto el mismo celo en cambiar el Código Penal del 73 que el procedimiento de elección de los jueces, habríamos tenido un nuevo C.P. 10 años antes y nos habríamos ahorrado una década en la que hubo tarifa plana para el asesinato, hecho que trató de corregir la doctrina Parot, probablemente mal. Mataran lo que mataran sólo pagaban por el primero: 20 años.

No repugna la sentencia, sino el resultado de su aplicación. No puede tener la misma pena un asesinato que los 132 de Inés del Río (24 consumados y 108 en grado de tentativa). La pena debe guardar alguna proporción a los delitos cometidos. Pongamos por caso el segundo excarcelado  en aplicación de la sentencia de Estrasburgo, Juan Manuel Píriz. Píriz ha pasado en la cárcel 29 años y ocho meses. Estrasburgo le ha adelantado la salida cuatro meses. En aplicación de la doctrina Parot habría salido a principio de marzo de 2014. 29 años y ocho meses por un solo asesinato, el de Mikel Solaun. Inés del Río, 26 años por 24 asesinatos y más de cien tentativas. Aquí hay algo que no está bien.

El TEDH es un tribunal cuyos magistrados, que no jueces, son propuestos por los estados miembros, no sacan su plaza por concurso oposición. Es muy notable que el juez español, Luis López Guerra, socialista con trayectoria en cargos políticos de cuota, haya sido la punta de lanza (la puntita nada más) de la acusación y la condena de su país.

En Estrasburgo, López Guerra es el ‘juez nacional’ de España, como Mahoney es el juez nacional del Reino Unido.

Es otro problema que las sentencias del Supremo y el Constitucional hayan sido examinadas por sus votos particulares, como los editoriales de El País. Que el juez que representa a España haya hecho de fiscal para pedir la condena de España en un tribunal internacional es, cuando menos, curioso. Algunos opinantes han escrito que la apabullante mayoría de los 17 magistrados de la Gran Sala es suficientemente explícita.

Pensémoslo un poco. El juez nacional es determinante en asuntos como éste. Si el juez español batalla por la condena de su país, ¿qué puede pensar el juez lituano? El británico no. Mahoney, que se educó en escuela jurídica distinta a la de López Guerra, sostiene que la mayoría «parece haber estirado el concepto ‘pena’ más allá de su significado natural y legítimo». Los ingleses son así: no se apean del sistema métrico, ni de la libra, ni dejan de conducir por la izquierda. Se entiende, pues, que su Justicia carece de complejos y no ha tenido la misma prisa que la AN para soltar a Antonio Troitiño, que aún permanece en una cárcel británica.

Yo no creo que el Gobierno haya sido cómplice o anuente con la sentencia. Hay que recordar que el PP intentó reiteradamente la eliminación de los beneficios penitenciarios y el endurecimiento de las penas por terrorismo, lo que no pudo conseguir hasta 2003, cuando gobernaba con mayoría absoluta. Si hubiera querido que el TEDH revocara la doctrina Parot, no habría enviado a Isaac Salama a defender el recurso.

Se le ha reprochado negligencia, al no revocar a López Guerra, para dejar el Estado de la cuestión en el mismo punto en que estaba cuando Fernández de la Vega fulminó sin más a su antecesor, el razonable juez Borrego. Pero no está claro que pudiera mientras él formaba parte de las dos salas de Estrasburgo que han juzgado el asunto.

Claro que España es un país muy raro. ¿Cómo entender lo de López Guerra, si el diputado Alberto Garzón, joven promesa de Izquierda Unida, que es partidario de derogar la Ley de Amnistía, tradujera a comentario mínimo en Twitter un pensamiento que ya venía mínimo de serie:

«Buena noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la doctrina Parot».

¿Un miembro del Poder Legislativo considera buena noticia que España haya sido condenada por violar derechos humanos?

Una víctima colateral del estado de la cuestión es el lenguaje. Y un concepto importante que ha quedado tocado es el de la derrota de ETA, que empezó a popularizarse durante el llamado ‘proceso de paz’ de Zapatero. Creo que fue José Mª Calleja el primero en escribir un libro con ese título y tal vez deberíamos, para variar, empezar por definir los conceptos que manejamos, con el fin de saber de qué estamos hablando.

No tienen razón las víctimas que consideran que ETA ha ganado. Puede entenderse que en determinados momentos la humillación les lleve a eso, pero la organización terrorista ha perdido su lucha armada contra el Estado. Su derrota policial es evidente, su estructura operativa ha sido reducida al mínimo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y es poco probable que pueda volver a matar. Esto, quiero repetirlo otra vez, ha sido obra de los cuerpos de Seguridad, no de la determinación del pueblo vasco, como dice aún cada vez que tiene ocasión José Luis Rodríguez Zapatero. El abogado Txema Montero, antaño defensor de terroristas y hoy en esa agradable cámara de descompresión que es la Fundación Sabino Arana, lo dijo con  claridad en una entrevista en Deia hace un par de años: “ETA ha sido derrotada por la Guardia Civil”.

Pero la cuestión no era sólo anular su capacidad operativa, sino muy principalmente, derrotar su estrategia política. Vayamos a los clásicos: El objetivo del Pacto Antiterrorista, firmado por Aznar y Zapatero en diciembre de 2000, era «hacer explícita ante el pueblo español nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista…», significara lo que significase ‘firme’ para uno de los firmantes.

La razón esencial que llevó al Supremo a ilegalizar Batasuna y marcas precedentes (EH y HB) en marzo de 2003 no era una presunta identidad entre ETA y sus expresiones políticas,  que no se establecía en ningún considerando de la sentencia, sino la estrategia que compartían con la banda terrorista.

Derrotar la estrategia es impedir que alcancen sus objetivos y supone asentar una idea básica: que recurrir al asesinato fue una iniquidad y que abominan de su historia y de su pasado; es elaborar el relato que vaya a quedar de todo esto, supone que la renuncia al uso de la violencia en el futuro vaya acompañado de la petición de que se disuelva la banda que la practicaba, así como el rechazo a toda su trayectoria delictiva.

Es muy improbable que esto se produzca. Nunca había alcanzado la llamada Izquierda abertzale tanto poder en las instituciones. Nunca había presidido una Diputación Foral, ni una capital como San Sebastián, ni había tenido 1.138 concejales y 123 alcaldes. Y están ahí por el poder de ETA para amedrentar a los ciudadanos, ¡cómo se van a arrepentir  de haber levantado  la base en que se asienta su poder político! Se ha derrotado a ETA, pero su estrategia está dándole frutos, concretamente frutos secos: las famosas nueces de Arzalluz: más poder del que nunca tuvo en diputaciones y ayuntamientos. Mataban para conseguir el poder, no para satisfacer pulsiones raras. Mientras la estrategia les dé resultados, ¿para qué van a matar, o a intentarlo?

Recientemente, Rogelio Alonso planteaba el estado de la cuestión en una Tercera de ABC: ¿Es compatible la derrota policial del terrorismo con su victoria política? Pues sí, lo es y basta con que nos hagamos los distraídos para que la cosa vaya a más.

Es posible leer en estos tiempos esforzadas reflexiones sobre el gran momento que viven la democracia y la libertad desde que ETA no mata. Me apresuraré a decir mi propia perogrullada: yo también prefiero que ETA no asesine a que lo haga, faltaría más. Su derrota policial y su renuncia a asesinar es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Y qué circunstancias deberían integrar este conector lógico? A saber:

Disolución y entrega de las armas. Condena del pasado de la organización y muy específicamente de los 858 asesinatos perpetrados en sus 53 años de existencia. Cualquier medida a favor de los terroristas presos debería pasar por el reconocimiento de la culpa, reparación de daños y colaboración con las Fuerzas de Seguridad para prevenir posibles atentados en el futuro, así como contribuir a esclarecer los 326 asesinatos del pasado que permanecen en la impunidad, que suponen el 38% de los cometidos por la banda.

El Código Penal en su artículo 90.1 también exige la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos. A mí me parece bien que se considere eso como un indicio más para un pronóstico favorable de reinserción, pero creo que no hay que sacralizar el perdón. En ningún caso la petición debe implicar ninguna obligación de respuesta favorable para las víctimas. Y ya que habíamos citado las preocupaciones religiosas vayamos con un ejemplo claro:

En 1983, el Papa Juan Pablo II visitó al terrorista turco Alí Agca en la cárcel en la que cumplía condena por el atentado cometido contra él dos años antes. Lo perdonó, pero no hizo la menor petición de que le fuera acortada ni siquiera un año la condena.

Hagan el ejercicio especulativo de ponerse a argumentar frente a alguien de la izquierda abertzale sobre la necesidad de que condenen el pasado de ETA, su práctica, sus asesinatos, la extorsión, los daños, el menoscabo de la libertad durante tantos años. Piensen, por ejemplo: es un requisito de la convivencia, ¡qué menos!

Observen la expresión de incredulidad de su hipotético antagonista. Y traten de hacer algo que siempre es interesante desde el punto de vista intelectual: meterse bajo su piel y tratar de razonar como él lo haría.

“Pero, hombre”, diría en primer lugar. “No nos echamos al monte para esto. Después de tanto trabajo y sufrimiento, no nos van a pedir que nos vayamos de vacío”.

Habría más argumentos de peso: Durante mucho tiempo luchamos solos, mientras el PNV aceptaba la reforma y la vía estatutaria que nosotros denunciamos desde el momento cero en solitario: el mismo referéndum del Estatuto. Y ahora, cuando hasta el primer lehendakari de la estrategia fallida está con nosotros en Bildu y Amaiur,-pobre Garaikoetxea,-cuando el PNV se ha dado cuenta de su error y ha denunciado el Estatuto para pasarse al campo del soberanismo; cuando el resultado de nuestra estrategia está a la vista en los Ayuntamientos que controlamos y en la diputación de Guipúzcoa. ¿Pretenden que nos demos golpes de pecho y reconozcamos algún error?

Mi amigo Teo Uriarte decía con razón en una entrevista reciente con motivo de su segundo libro de memorias que el proceso de paz de Zapatero condenó retrospectivamente el esfuerzo que había hecho Euskadiko Ezkerra por conseguir la disolución de los polimilis para reforzar, poner en valor, diríamos con uno de esos sintagmas tontos que se llevan tanto ahora, a la ETA que siguió empeñada durante 30 años más.

Esto era un don en Zapatero, la especialidad en derrotar al sector de ETA que ya se había rendido, como ocurrió con Pakito, Carlos Almorza, Iñaki de Lemona, Makario, Koldo Aparicio y Kepa Solana. Estos seis cualificados terroristas escribieron una carta a la organización en septiembre de 2004 en la que sostenían que más valía dejarlo: no es cuestión de cambiar el espejo retrovisor; es el motor, la lucha armada, lo que no funciona. Dentro de muy poco tiempo no habrá ningún gobierno que quiera negociar con nosotros.

Y en estas llega Zapatero. El 14 de noviembre Arnaldo Otegi hace el famoso discurso de Anoeta. Dos meses después, Zapatero le responde desde un mitin que él está dispuesto a hacer muchos esfuerzos por la paz. Pónganse en el lugar de Pakito y los cinco. Se le tiene que quedar a uno cara de gilipollas, después de haber abogado por la rendición saber que el Gobierno sí está dispuesto a negociar. Zapatero empezó su proceso derrotando a la parte de ETA que estaba dispuesta a rendirse.

Nunca, ni ellos ni nosotros, habíamos imaginado que en 2012 iban a tener tanto poder. Es muy difícil, por no decir imposible, que nadie condene el camino que le ha llevado al éxito. “¿Cómo hemos llegado a esto?” se preguntaban hace unos años dos grandes periodistas, José Luis Barbería y Patxo Unzueta en el título de un libro, cuando ‘esto’ estaba muy lejos de ser el ‘esto’ que tenemos ahora.

Bueno, pues a ‘esto’ de ahora hemos llegado anteponiendo nuestro miedo a nuestras ganas de libertad y esto ha sido posible asesinato a asesinato que han ido infiltrando en la sociedad vasca el desistimiento y las ganas de mirar a la pared.

Por eso suenan algo raros algunos argumentos que se repiten con alguna frecuencia: han abandonado el terrorismo sin haber conseguido ni uno sólo de sus objetivos.

Por una parte, y por caprichos del comportamiento humano, la sociedad vasca recompensa con votos las treguas etarras, algo que se aviene con la lógica de los terroristas: lo que no pudieron arrancar con la violencia lo exigen como premio por haber dejado de matar.

O sea, están consiguiendo poder. Pero es que ETA nunca llegó a plasmar en ningún texto reivindicaciones que fueran más allá de la autodeterminación y la territorialidad que ya reivindicó en la Alternativa KAS en 1976.

ALTERNATIVA KAS

1. Amnistía Total.

2. Legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas sin necesidad de rebajar sus estatutos.

3. Expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía.

4. Adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas populares y especialmente de la clase obrera. Satisfacción de sus aspiraciones sociales y económicas inmediatas expresadas por sus organismos representativos.

5. Estatuto de Autonomía que cuando menos abarque los siguientes requisitos:

5.1. Reconocimiento de la Soberanía nacional de Euskadi. Derecho de autodeterminación, incluido el derecho a la creación de un estado propio.

5.2. El euskara lengua oficial, prioritaria de Euskadi.

5.3. Las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a las actuales represivas serán creadas por el Gobierno vasco y dependientes únicamente de él.

5.4. Las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi, estarán bajo control del Gobierno Vasco.

5. 5. El pueblo vasco poseerá poderes suficientes como para dotarse de las estructuras económicas, sociales y políticas que considere más convenientes para su progreso y bienestar, así como para realizar cualquier transformación autónoma de las mismas».

Contra lo que se ha dicho tantas veces y desde hace tiempo, nunca reivindicó una sociedad comunista, una Albania en el Cantábrico.

Esto tiene su pequeña historia.  Al comienzo de los años 80, el incipiente cine vasco hizo una película titulada ‘La conquista de Albania’, donde tres docenas de navarros  conquistaban Albania en el siglo XIV. En realidad era una versión medieval de lo que en los años sesenta iba a ser la conquista de Garai  por los Cabras… ¿Qué les voy a decir yo a ustedes sobre estas fantasías, si un barcelonés llamado Cristóbal Colón descubrió nada menos que América?

Preguntado unos años después en una entrevista Txema Montero por sus modelos, respondió: “Albania por su conciencia nacional y la RDA por su alto grado de desarrollo”. Era una frase de campaña en las elecciones europeas de 1987, en las que era candidato. Pero cuando  Hans Magnus Enzsenberger preguntó a Iñaki Esnaola para ‘Cristales rotos de España’, éste matizó: “Nosotros nunca hemos querido establecer una Albania en el Golfo de Vizcaya. Nuestras miras se orientan más bien a alcanzar el modelo sueco.”

Los objetivos y la estrategia. Ardanza hizo una afirmación radical, rompedora el 26 de septiembre de 1987, durante el debate de Política General al decir que: «Lo que nos separa de ETA no son sólo los medios, sino también los fines, porque los fines están contaminados por los medios».

Dirán que es una afirmación muy razonable, un tópico coloquial, el fin no justifica los medios, pero a mí que estaba aquel día siguiendo el debate en el Parlamento vasco, Ardanza en aquel momento me pareció Max Weber. Nunca le había oído a un nacionalista hacer semejante afirmación en lugar público, y mucho menos, con solemnidad. Y lo que es peor, nunca se le ha oído después.

Entre vencedores y vencidos no debe caber la disyuntiva ni la ambigüedad en la que están empecinadas las almas bellas.  Porque ésta no es una batalla que se esté librando entre las víctimas y los asesinos, no es un asunto entre particulares, como decía al principio, sino entre el Estado y los liberticidas.

¡Qué miserables resultan las opiniones que han estado llamando ‘venganza’ a la justicia que reivindican las víctimas! Entre 858 familiares de los asesinados y los miles de heridos que ha dejado ETA tras de sí, sólo una persona recurrió a la venganza, que fue el hijo del comandante Sáenz de Ynestrillas. La justicia es la abstracción de las venganzas particulares que hace el Estado en democracia.

¿Qué es una víctima, qué es lo que la define como tal? El lenguaje al uso siempre me ha sorprendido por su tendencia al pleonasmo cada vez que he leído la expresión ‘víctimas inocentes’, una redundancia que leemos en los periódicos y oímos en los discursos como la cosa más natural del mundo. Cambiemos uno de los elementos de la expresión. ¿Tendría sentido decir ‘víctimas culpables’ o ‘asesinos inocentes’?

No descuidemos la posibilidad. Hace cosa de diez años, el vicario de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola quiso dejar clara la posición de los obispos vascos sobre la violencia. “En las palabras de los obispos hay siempre una condena puntual a todos los atentados injustos.” Un periodista preguntó al vicario si en su opinión había atentados justos. Él respondió que sí, por ejemplo, cuando la policía, “en el ejercicio legítimo de su poder, detiene a una persona”.

Es evidente que  las Fuerzas de Seguridad no pueden cometer atentados justos como no puede haber delitos legales, ni círculos cuadrados o pecados virtuosos. Lo que hacen al detener a un ciudadano en el ejercicio legítimo de su poder es aplicar la ley y poner en marcha el mecanismo de la Justicia.

Las víctimas, para serlo, no requieren especiales condiciones de idoneidad. Recuerdo que hace años, Natividad Rodríguez, la viuda de Fernando Buesa, expresó esto de manera muy precisa: “Mi marido no dio la vida por nada. Se la quitaron”.

A las víctimas las define su ser. Y el odio de sus asesinos, que ni siquiera tiene por qué ser personal. De hecho nunca lo es. ETA ha asesinado a 858 personas, las ha convertido en víctimas porque eran miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o de la Policía Autonómica, o del Ejército, por ser funcionarios de Prisiones o jueces, o concejales de partidos no nacionalistas o periodistas. La sangre de las víctimas es un elemento litúrgico de la violencia terrorista, la comunión de los más fanáticos en la misa negra de la independencia de Euskadi. ‘Sangre simbólica’ la llamó con tino Juan Aranzadi en un memorable artículo escrito en 1985. También reflexionó con mucho provecho sobre ello Sanchez Ferlosio en una trilogía que publicó en El País en el 80.

La derrota de los pistoleros no debería ir acompañada del triunfo de su causa, que es la de quienes les excusaron, apoyaron, jalearon y justificaron en sus crímenes. ¿Cuál es entonces el papel y la situación de las víctimas ante “el nuevo escenario”, por decirlo con un sintagma que han acuñado ellos y que nos han contagiado? Es cierto que el futuro no está escrito y que tal vez pudiéramos confiar en su capacidad de gestión. Quizá lo que los donostiarras no han hecho por un principio moral lo hagan por la sensación de ridículo que les produzca la gestión municipal de las basuras por parte de Bildu, aunque me parece algo improbable.

Las víctimas saben que la paz sin derrota política de los terroristas, de sus ideas, de su trayectoria y de su proyecto es el empate de Azkoitia, que, según imagino, es el modelo de paz que persigue Eguiguren: la experiencia de Pilar Elías, viuda de Baglietto, de tener en los bajos de su casa la cristalería del asesino de su marido, cuya mujer se quejaba de la impertinencia de la víctima por sostenerle la mirada: “Es que esta señora no tiene ninguna humildad”

No son estos tiempos felices para las víctimas. Si uno se esfuerza mucho le puede llamar a eso ‘convivencia’.

¿Qué se puede hacer? No cabe un quid pro quo, como no cabía en el caso del nazismo. Está claro que no son buenos tiempos, pero tampoco tenemos margen de maniobra. No he creído nunca que sean las víctimas quienes deban dirigir la política antiterrorista, pero siempre he estado seguro de que cuando la política y la justicia no dan satisfacción a las víctimas, cuando se empeñan en hacer su fin primordial la reinserción de los delincuentes y no el pago por lo que han hecho y el resarcimiento a las víctimas, la justicia deja de ser Justicia. Las víctimas deben seguir en su reivindicación: verdad, memoria, dignidad y justicia.  La paz es un concepto tramposo. El diccionario de la Real Academia tiene nueve acepciones del término y ninguno vale para el caso que nos ocupa.

Durante el llamado ‘proceso de paz’ de 2006, los partidarios contaban los meses: “Tres años sin muertos”, decían esperanzados al comienzo de aquel verano, lo que fue desarbolado por la gran Pilar Ruiz Albisu con la verdad íntima e incontestable de las víctimas: “Yo llevo tres años con uno”. Es la evidente asimetría en que incurría el fiscal jefe del País vasco, al considerar pasajera la condición del asesino. La de víctima es definitiva.

Queremos verdad, memoria, dignidad y justicia y no podemos relajar ni uno de esos conceptos. Queremos que se esclarezcan  los 326 asesinatos no aclarados y criticaremos que el Gobierno conceda beneficios a los reclusos que no colaboren con las Fuerzas de Seguridad en ello. No queremos que los políticos caigan en la tentación que señalaba Joseba Arregi de gobernar, no ya como si ETA no existiera, sino como si nunca hubiera existido.

Esta es una historia inicua, de víctimas y asesinos, de culpables e inocentes y debe terminar como la película de Kramer y como la propia historia del nazismo, que he traído aquí a colación sólo a efectos analógicos y previa provocación: con vencedores y vencidos. La derrota de los terroristas debe ser la victoria del Estado de Derecho. Nunca puede resolverse la lucha contra el terrorismo en un empate, aporía que pretende una parte de la sociedad vasca. Sería la negación del propio Estado, su dimisión de sí mismo en los términos en que lo definió Max Weber hace ya casi cien años:

“El Estado es la organización humana que dentro de un determinado territorio reivindica para sí con éxito el monopolio jurídico de la violencia física legítima.”

Barcelona, 9 de  noviembre de  2013

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