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Teoría critica de los derechos colectivos de Michael Hartney.

  • Escrito por Redacción

TCOL-AREA-SACRISTAN

Teoría critica de los derechos colectivos de Michael Hartney.

por Enrique Area Sacristan, Teniente Coronel de Infanteria y Doctor por la Universidad de Salamanca

Se hace necesario, antes de definir y analizar la identidad nacional, determinar, por su trascendencia en este estudio, qué postura tomar ante la discusión teórica de la existencia o no de derechos colectivos o, de la necesidad de reconocerlos normativamente.

Las críticas a los derechos colectivos han sido y son tan abundantes que Javier Pérez Royo ha llegado a decir que “los derechos colectivos son, jurídicamente, un disparate. Políticamente, son la antesala de la barbarie”.

Por otro lado, un jurista nada proclive a veleidades comunitaristas, como John Rawls, afirma que los principios de justicia del derecho de gentes para las sociedades liberales y democráticas incluyen, entre otros, los principios de que “los pueblos (organizados por sus gobiernos) son libres e independientes y su libertad e independencia han de ser respetadas por los otros pueblos” y que los “pueblos tienen el derecho a la legítima defensa pero no el derecho a la guerra”.

Según Nicolas López Calera, “el derecho internacional más actual está, en el nivel de principios y también de los pactos e incluso de las normas, lleno de referencias a derechos colectivos y no sólo de los Estados, sino también de otros sujetos colectivos, si bien ya no con la extensión y rigor que presenta respecto a los Estados”.

En la Carta de Naciones Unidas, en su Preámbulo se hace alusión a los “derechos fundamentales” “de las naciones grandes y pequeñas”. El artículo 1º-2 trata del respeto “al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos” y en el artículo 55 se vuelve a reconocer el principio de “la igualdad de derechos (entre las naciones) y al de la libre determinación de los pueblos”.

Dichos artículos no dejan de ser, según algunos sectores doctrinales, continúa este autor, una declaración de principios y no de derechos, siendo, a lo más un derecho que sólo puede ser acordado por los Estados, pero no ejercido por una colectividad sin intervención estatal, siendo de tal manera que no se encuentran reconocidos ni en la Declaración Universal de 1948 ni en la Convención Europea.4 Lo que dice la Carta es demasiado equívoco y genérico como para ser tenido como un “derecho”. Su misma ambigüedad y vaguedad impiden expresarlo en términos jurídicos y acrecientan su inconsistencia conceptual y, desde luego, su falta de legitimidad política, entre otros motivos porque tal concepto exigiría definir conceptos tan indefinibles como los de “nación” y “pueblo”.5 Robert Dahl afirma que si bien no hay “una” definición de pueblo, “la presunción de que ya existe “un pueblo” y los demás supuestos que ella genera forman parte de la teoría difusa de la democracia”.

Sin embargo, la práctica jurídica y política se ven influidas por principios y, estos, van adquiriendo forma jurídica. Así la Resolución 1514(XV) de 14 de diciembre de 1960 estableció: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. La Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970 decía: “ En virtud del principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia interna, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar ese derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta”. Estas resoluciones pudieran hacer doctrina jurídica si se definiera el sujeto de las mismas, siempre indeterminado dentro de un orden jurídico escasamente formalizado y con condicionantes políticos muy fuertes, siendo consideradas por los críticos como una respuesta a la gran descolonización que tiene lugar entre los años 40 y 70.

Afirmar o negar que hay derechos colectivos exige responder a dos cuestiones según Nicolas López Calera:

1.- La primera es el sentido y valoración de las comunidades en las que se inserta el ser humano: las comunidades como determinantes de la constitución de los órdenes normativos para la realización individual.

2.-La segunda es el sentido y valoración que puede tener la tesis de que las comunidades tengan derechos: la cuestión de si los sujetos colectivos pueden ser titulares de derechos.

Michael Hartney profundiza de forma crítica en el concepto de derechos colectivos preocupado por las confusiones que existen sobre este concepto.

Realiza el análisis partiendo del sentido de las comunidades desde el punto de vista sociológico, ético y jurídico y, particularmente, de la relación colectividades-derechos.

Los defensores de los derechos colectivos suelen hacer la siguiente argumentación:

1.- Las comunidades son bienes, tienen valor.

2.- Por ello, las comunidades deben ser protegidas.

3.- Por ello, las comunidades tienen derechos (a la existencia, etc).

Los dos primeros argumentos pueden resolverse sin necesidad de utilizar la terminología de los derechos colectivos. El tercer argumento implica tres cuestiones:

1ª.- ¿Tiene sentido hablar de los grupos como titulares de derechos?.

2ª.- ¿La protección de los grupos debe tomar la forma de ciertos derechos legales colectivos?.

3ª.- ¿Se podría reconocer la importancia moral a ciertas comunidades, aceptar la existencia de derechos colectivos morales y al mismo tiempo negar la conveniencia de reconocerles derechos legales?.

A la primera de las tres cuestiones nos responde J. Raz, dentro de su respeto a la teoría liberal, cuando mantiene que los derechos colectivos existen sólo cuando sirven a los intereses de los individuos. Raz afirma que los intereses colectivos son una mera forma de hablar, una forma de atender los intereses individuales que surgen de la pertenencia de los individuos a las comunidades.

La segunda y tercera cuestión la trata Hartney, siendo su punto central la cuestión conceptual, estos es, si los derechos colectivos son posibles, tratando muy superficialmente la cuestión sustantiva, esto es, si deben existir, si las comunidades deben tenerlos.

La cuestión fundamental de este debate sobre la existencia de derechos colectivos está en la misma conceptuación y valoración de la “comunidad” en la conformación de la vida humana, esto es, en la naturaleza de los grupos y las comunidades. Hay comunidades que simplemente son necesarias y otras, en cambio, llegan a estar ligadas a la identidad de los sujetos individuales. Tal concepción es lo que se puede llamar, según Hartney, “el individualismo como valor”. Sólo la vida de los seres individuales tiene un valor último y las entidades colectivas derivan su valor de su contribución a las vidas de los individuos. En oposición a esta teoría tenemos la que se denomina “colectivismo como valor”, que sostiene que una entidad colectiva puede tener valor independientemente de su contribución al bienestar de los individuos, que es lo que afirman los comunitaristas.

Según López Calera, N., los bienes colectivos pueden ser muy diversos, siendo alguno de ellos de disponibilidad colectiva, en el sentido de que no se pueden poseer sino desde una determinada constitución social. Son bienes cuya característica es la “no exclusividad”. Otros bienes, continúa este autor, consisten en una actividad colectiva. Son los que Reaume llama “bienes participatorios. Y, por último hay unos bienes que se determinan por la pertenencia a un grupo, bienes de los que sólo se puede disponer colectivamente, como sería la autodeterminación de un grupo étnico.

Ahora bien, no todos los bienes o intereses generan derechos legales. Por ello Dworkin rechaza la idea de que la sociedad pueda tener el derecho a hacer cualquier cosa en beneficio público, porque ello significaría aniquilar los derechos individuales. Es más, el bien común no tiene mayor peso que los derechos individuales. La comunidad no tiene intereses distintos de sus miembros: “no hay tales intereses”.

En opinión de Hartney, hay tres circunstancias que suelen ser consideradas como determinantes de que un derecho no pueda ser considerado como individual:

1.- Cuando el objeto del derecho es colectivo.

2.- Cuando el interés protegido por el derecho es colectivo, y

3.- Cuando el ejercicio del derecho es colectivo.

En el primero de los casos se pueden dar tres posibilidades:

1º.- Si hay un derecho a un bien que se caracteriza porque sólo puede tenerlo un grupo, entonces el derecho tiene que pertenecer al grupo. Según Hartney esta posibilidad tiene consecuencias no aceptables; así, un sistema penal justo es algo que sólo puede tener un grupo, de lo que se desprende que los individuos no tienen ningún derecho a un sistema penal justo y ningún derecho individual sería violado si el sistema penal fuera injusto.

2º.- Si hay un derecho a un bien público, entonces no puede pertenecer al individuo. Raz establece, en este caso, que es una contingencia entre la naturaleza pública del bien y la naturaleza individual de un sujeto: depende de la carga que otros tengan que soportar para asegurar tal bien.

3º.- Si hay un derecho a un bien participatorio derivado de una actividad colectiva, entonces no puede pertenecer a un individuo. En este caso se reduce a una decisión individual a participar de ese bien, por ejemplo jugar al mus con unos amigos, y a una aceptación individual de los otros tres componentes de aceptarlo como jugador y por lo tanto este tipo de derechos es otra contingencia, pues depende de la aceptación individual de los cuatro participantes.

En el segundo de los casos, cuando el interés protegido por el derecho es colectivo, tanto Hartney como Rainer Baubök afirman que “hay una gran diferencia entre decir que la pertenencia individual a un grupo es intrínsecamente valiosa y sostener que es intrínsecamente valioso el propio grupo”. 

En el tercero de los casos, cuando el ejercicio del derecho es colectivo, en el que cualquier derecho que no pueda ser ejercido individualmente, afirman los colectivistas, no puede ser individual, Hartney entiende que este principio es demasiado amplio. Cuando a los individuos se les impide reunirse o asociarse con otros, es el derecho individual el que se viola, no el de la colectividad.

En conclusión, la teoría de Hartney es crítica respecto de los llamados derechos colectivos y se resume en que hay muchas confusiones en torno al concepto de derechos colectivos y que tal concepto sirve, pues, para intereses políticos contradictorios, por lo cual no es un concepto positivo para la teoría y la práctica jurídica y en consecuencia debe ser criticado: “Por tanto, no parece ser que haya alguna clase de derecho que no pueda, en principio, ser propia de los individuos. Y así la conclusión es conceptualmente ésta: que no hay derechos morales que sean propios de las entidades colectivas”.

Opinión de la que participo y que tendrá una gran trascendencia en las tesis que se defienden en los siguientes subcapitulados.

Por otra parte, los defensores de los derechos colectivos suelen relacionar a estos el término “minorías”, lo que polariza el problema a una parte singular de la colectividad.

Es realmente significativo que no se entre en la discusión por parte de estos colectivistas de la esencia del problema, es decir, en la cuestión de si debe haber derechos colectivos para todos o sólo para una parte de los individuos de la Sociedad que forman un colectivo o un grupo minoritario.

Paolo Comanducci entiende por “minorías” “los conjuntos de individuos que, sin ser necesariamente más numerosos que otros conjuntos de individuos (piénsese en las mujeres) se encuentran por razones históricas, económicas, políticas o de otro tipo en una situación de desventaja (de subalternidad, de menor poder, etc) frente a otros conjuntos de individuos de la misma sociedad.

Cataporti introduce una serie de elementos subjetivos a esta definición como es que el grupo debe mostrar un sentido de solidaridad dirigido a preservar su cultura o tradiciones; elemento subjetivo que tiende a “politizar” el concepto y orientarlo sólo a las minorías culturales y étnicas, sin tener en cuenta que existen muchos más grupos en la sociedad. Por tanto es un problema de influencia política inter-grupos lo que nos ocupa y no un problema de definición en la filosofía del Derecho.

Se hace necesario, por su trascendencia, entender este concepto desde una óptica sicosocial, disciplina que estudia las relaciones ínter grupos e individuos-grupos, pues es el caballo de batalla de toda la teoría colectivista. Con respecto a esta disciplina se deben tener en cuenta las siguientes definiciones que justifican su empleo en esta tesis por ser asépticas a cualquier interés político:

I. Estudio de las influencias que las personas tienen sobre las creencias o la conducta de otros.

II. Un intento por comprender cómo el pensamiento, los sentimientos o la conducta de los individuos están influidos por la presencia actual, imaginada o implícita de los demás.

III. Estudio científico de las manifestaciones de comportamiento de carácter situacional suscitadas por la interacción de una persona con otras personas o por la mera expectativa de tal interacción, así como de los estados internos que se infieren lógicamente de estas manifestaciones.

Estas tres definiciones, ordenadas simplemente en un orden creciente de extensión, son plenamente convergentes y enfatizan sobre dos fenómenos: la interacción y la influencia. La interacción se define como la conducta o comportamiento de un conjunto de individuos en los que la acción de cada uno está condicionada por la acción de otros. Este concepto alude, en consecuencia, a un proceso en que una pluralidad de acciones se encuentran recíprocamente referidas. En cuanto a la influencia, se define como un proceso en el que unas personas inducen o provocan cambios en las creencias, opiniones, actitudes o comportamientos de otras personas. Hablamos, pues, de la capacidad que unas personas tienen para determinar los comportamientos de otras, aún cuando muchas veces éstas no tengan conciencia de ello. Interacción e influencia son, por tanto, conceptos fuertemente relacionados. Ambos forman parte del objeto de estudio de la Sicología Social, y es difícil distinguirlos o separarlos tajantemente. Aquí se encuentra el punto de partida para esta disciplina. A continuación observamos que las tres definiciones señalan como foco de interés las consecuencias o cambios que son resultado de la interacción o la influencia. Concretamente, se dirige la atención hacia aquellos cambios que afectan a las creencias, sentimientos o la conducta manifiesta de las personas. Plantear las cosas de esta manera significa incluir prácticamente todas las dimensiones del cambio. Al hablar de creencias, pensamientos, sentimientos o estados internos, tal como ocurre en las diferentes definiciones, se está aludiendo a aspectos internos del comportamiento, que no pueden ser observados directamente. En tanto que con la expresión manifestaciones de comportamiento, o conducta manifiesta, se involucra lo que las personas hacen, las acciones abiertas a la observación. Todos estos cambios, que pueden ser internos o externos, son estudiados desde una perspectiva que considera la interacción social y los fenómenos de influencia. Es decir, se estudian procesos interpersonales, personas en relación con otras personas, formando parte de grupos, y no personas aisladas. Otro aspecto destacado en dos de las definiciones propuestas, nos indica que la influencia social puede ocurrir aún cuando no exista una interacción concreta, o una presencia física de otra persona. Podemos observar que Allport dice: presencia actual, imaginada o implícita de los demás; y Rodrígues: interacción de una persona con otras personas o por la mera expectativa de tal interacción. En ambos casos se hace la distinción entre una interacción actual, que ocurre en un momento o contexto específico convirtiéndose en fuente de influencia; y una interacción posible, que puede tener el mismo poder de influencia en la medida en que las personas se preparan para ella, actuando conforme a consecuencias esperadas o a una probabilidad subjetiva . Finalmente, es preciso reparar en la expresión carácter situacional. Esta hace referencia a un aspecto central y muy característico de los estudios de Sicología Social, orientados permanentemente a armonizar un enfoque individual con un enfoque social. Desde esta perspectiva, se considera exagerado pretender que se puede explicar el comportamiento exclusivamente a partir de características personales, debido a que, en la práctica, buena parte de lo que hacen las personas está gobernado por estímulos que son propios de las circunstancias. Los seres humanos son profundamente sociales, y sus opiniones sobre lo que deben hacer o sobre lo que es apropiado, dependen de alto grado de presiones tanto latentes como manifiestas del ambiente y del grupo. El carácter situacional del comportamiento es, por tanto, un aspecto que interesa a la Sicología Social en forma prioritaria. Esto es coherente, ya que cada interacción, considerándola en su contexto y en toda su variedad, equivale a una situación de influencia específica.

No se llega al mundo con una dotación de creencias o con un repertorio de comportamientos específicos. A diferencia de los animales, cuya existencia está determinada genéticamente, y en algunos casos en forma rígida, los seres humanos pueden actuar de numerosas y variadas maneras. Una simple mirada a través de varias culturas, permite apreciar que el comportamiento humano no sigue siempre el mismo patrón. Las diferencias pueden ser sorprendentes, incluso en aspectos significativos de la experiencia como la religión, el gobierno, el matrimonio o la educación. Todo esto revela la naturaleza extraordinariamente plástica del comportamiento humano, y el hecho de que éste no depende fundamentalmente de ningún factor anterior a la existencia social. Cuando se enfatiza sobre conceptos como herencia o instinto para explicar el comportamiento, se busca disminuir la importancia de la interacción y del ambiente, centrándose en variables no sociales. En la actualidad, la mayor parte de la evidencia acumulada, apunta en el sentido de que el comportamiento se adquiere en el contacto con los demás, de modo que tiene un origen social. En una frase, es en las interacciones, y con más propiedad, en los procesos de influencia que se desarrollan al interior de ellas, en donde podemos encontrar las causas efectivas del comportamiento. Esto no significa que carezca de sentido hablar de herencia o código genético, pero es preciso no sobredimensionar su valor. De esta manera, un estudio riguroso de la interacción social y de los procesos de influencia que se producen ligados a ella, nos permitirá una perspectiva suficiente como para comprender y explicar el comportamiento humano. Este es el propósito de introducir la Sicología Social en esta parte del análisis.

El conflicto es una consecuencia propia y obligada de la innovación social, aunque la intensidad en que se presenta depende del tipo de grupo y de factores situacionales. Cuando la influencia se ejerce en el sentido del cambio, y el consenso grupal queda cuestionado, el desacuerdo surge en forma inevitable aparejado con percepciones de amenaza y sentimientos de incertidumbre. Una manifestación típica de estas situaciones, es el rechazo de las posiciones minoritarias bajo la creencia de que sólo es un producto de particularidades personales. Se produce así un determinismo psicológico según el cual la posición planteada no tiene valor, carece de realidad, es impropia, y se explica por unas características individuales. Esto es lo que se llama psicologización. Adicionalmente, tiende a negarse toda verosimilitud al discurso minoritario, se rechaza que tenga fundamentos sólidos, coherencia, razón. A esto último se llama denegación. Psicologizar y denegar son estrategias interpersonales para enfrentar el conflicto y defender el espacio familiar amenazado por las nuevas ideas. Permiten al grupo construir una inmunidad respecto de los desviados, restándoles credibilidad y evitando la obligación de evaluar la racionalidad de los juicios comprometidos. La psicologización puede adoptar diferentes formas. En sentido estricto está presente cuando se atribuye la conducta de alguien a su personalidad o locura, bajo la forma de biologización, cuando las cosas se explican porque es negro o mujer, o como sociologización, cuando se dice que es político, judío, comunista, nacionalista o español que es el caso que nos ocupa.

Llegados a este punto es pertinente establecer las influencias entre los grupos mayoritarios y minoritarios que no son otra cosa que el sistema de progreso natural en toda sociedad, así como su definición desde el punto de vista de esta disciplina:

1.- Grupos de influencia mayoritarios. Diremos que se trata de una situación de influencia mayoritaria siempre que el blanco, el objetivo de influencia, se vea a sí mismo en una posición inferior a la fuente (origen de la influencia).

2.- Grupos de influencia minoritaria. Diremos que se trata de una situación de influencia minoritaria siempre que el blanco de influencia se vea a sí mismo en una posición superior a la fuente.

Sentados los conceptos sobre los que vamos a analizar el problema de las relaciones Inter.-grupos, podemos afirmar que el problema derivado de los derechos colectivos de las minorías se encuentran perfectamente explicadas en sicología social, siendo los que nos ocupa en este análisis de los denominados y admitidos como movimientos sociales:

Los Movimientos Sociales son formas de conducta masiva que se diferencian del resto de las mismas por ser mucho más duraderas e influyentes en sus efectos. Su fuerza es tan evidente que algunos de ellos han alterado la legislación en temas sustantivos. Es de destacar que estos movimientos expresan un alto nivel de preocupación por un problema (Zurcher y Snow, 1981) y que se definen como “una actividad organizada a largo plazo para promover o asegurar, al margen de la esfera institucional establecida, un interés u objetivo común a través de la acción colectiva”. (Giddens, 1991) Están causados por condiciones sociales que generan tensión, frustración y quejas y se distingue también de la conducta colectiva por la combinación de un alto grado de organización interna, por tener una duración mayor, de varios años, y de constituir en sí mismos un intento deliberado de modelar la organización misma de la sociedad. Su diferenciación de las organizaciones es difícil, ya que, a veces acaban siendo una organización. (El MLNV., MOC., las ONG,s. han sido calificadas como movimiento, etc.)

De modo similar, no siempre es fácil separar los movimientos sociales de los grupos de interés o influencia o asociaciones, grupos minoritarios, formados para influir en los procesos políticos de forma que favorezcan a los miembros del Movimiento. Entonces, ¿Porqué otorgar a esas minorías unos derechos adicionales que no posee la mayoría para influir en la Sociedad que democráticamente los ha relegado a ser grupos de influencia políticos minoritarios? Es de destacar que cualquier problema público puede servir de base al desarrollo de un movimiento social y su contramovimiento.

Movimientos y contramovimientos que, en principio, utilizarán en mayor o menor medida la Ingeniería social.

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