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Guardia Civil, asociación frente a sindicato

  • Escrito por Redacción

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Una nueva y polémica propuesta de Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos, guardia civil en excedencia, en esta ocasión por la presentación de una proposición no de ley en el Congreso en el que desde Podemos se insta al Gobierno a reconocer a los agentes del cuerpo el derecho a sindicarse.

Y aquí tendríamos que preguntarnos, cual es la diferencia entre una asociación profesional con “finalidad reivindicativa” y un sindicato, porque en la práctica la diferencia es casi nula, o no existe.

La propia Constitución Española no deja clara esa diferencia, mantiene en su artículo 22 que las asociaciones con finalidad reivindicativa, son aquellas que persiguen la defensa de fines económicos, sociales o profesionales de sus miembros, como es el caso de las asociaciones en la Guardia Civil, es decir lo mismo que los sindicatos tipificados en al artículo 28.1 pero encubiertos bajo la máscara de asociaciones tipificadas en el artículo 22 ya mencionado.

Es decir, asociación reivindicativa sería toda asociación profesional, al entenderse que los fines perseguidos por la misma son los de todo sindicato, con una única diferencia, el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, diferencia que incluso ratifica el Tribunal Constitucional en su Sentencia 219/2001, de 31 de octubre, donde mantiene sobre este particular, que la diferencia entre un sindicato de trabajadores y una asociación profesional militar, en este caso de guardias civiles, no se encuentra en el carácter reivindicativo de los intereses que cada una de estas reivindicaciones defiende, -que vienen a ser en ambos casos los mismos-, la defensa socio-económica y profesional de sus afiliados frente a la Administración, sino que estriba en los medios de acción que se integran dentro del contenido esencial de la libertad sindical, medios que en el caso de la relación de especial sujeción que une a los guardias civiles, en el caso que nos ocupa, con la Administración General del Estado son completamente inidóneos.

En cuanto a la pretensión, también recogida en el proyecto no de ley presentado por Delgado en nombre de Podemos, de convertir las actuales asociaciones profesionales de la Guardia Civil en sindicatos, “que con las limitaciones imprescindibles, proporcionadas y motivadas que pudieran acordarse, adquieran un nivel de protección y participación semejante a los sindicatos que ya existen en la Policía”, habría que decir que las atribuciones, derechos y deberes que las asociaciones profesionales en la Guardia Civil, expuestas en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil y los derechos que mantienen los sindicatos policiales según recoge la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional vienen a ser los mismos, la defensa de los derechos económicos, sociales y profesionales de guardias civiles y policías, incluso ambos cuerpos policiales deben regir sus actuaciones de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que demuestra que desde una asociación profesional se puede luchar perfectamente por los derechos de los guardias civiles en aquellos ámbitos que más les puedan afectar, evidentemente la ley excluye, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, por cuestiones obvias, las reivindicaciones relativas al servicio.

Habla el diputado de Podemos, Juan Antonio Delgado de “movimientos para impedir” el pleno desarrollo y aplicación de los derechos fundamentales de los guardias civiles, como serían los expedientes abiertos a los dirigentes de AUGC, por “hacer uso de la libertad de expresión”, tras consultar diferentes asociaciones profesionales, estas ignoran cuáles serían esos “movimientos”, ya que aseguran que de no existir libertad de expresión, no se entenderían las declaraciones que habitualmente vienen realizando los dirigentes de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, incluso cuestionan que los expedientes se deban a esa “falta de libertad de expresión” a que alude Delgado, anterior portavoz de AUGC, cuando la realidad es que la mayoría de ellos se han iniciado por ausentarse o no acudir al Consejo de la Guardia Civil, hay que recordar que los representantes de los guardias civiles acuden al Consejo en “comisión de servicio”, la ausencia o la no comparecencia al mismo equivaldría y sería sancionada tal y como se sanciona la ausencia o la no comparecencia de cualquier guardia civil que no acude a la vista de un juicio oral a la que se le ha citado en calidad de testigo o de perito sin una causa justificada o a un curso, por poner tan solo dos ejemplos, la no asistencia, por tanto, implicaría repercusiones disciplinarias para todos ellos.

No podríamos decir que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil no actúen como verdaderos sindicatos, no después de la manifestación convocada por AUGC el pasado 14 de noviembre, sobre todo teniendo en cuenta que una asociación profesional no puede plantear un conflicto colectivo y un sindicato si puede hacerlo, por lo tanto es difícil creer que los guardias civiles y sus asociaciones tengan mermados sus derechos hasta el punto que mantiene el diputado Delgado y el partido al que representa, al menos las asociaciones profesionales que defienden y luchan desde el marco legal del Consejo de la Guardia Civil no lo entienden así.

Y por último, condena Podemos en el texto presentado “el empecinamiento de extender sin límites la aplicación del Código Penal Militar, incluso a las actividades de la vida privada de los guardias civiles”, cosa que tampoco es cierta, mantienen las asociaciones consultadas que es una falacia decir que se aplique el código castrense en situaciones familiares, y afirman que es igualmente incierto afirmar que el Código Penal Militar se aplique en situaciones profesionales enmarcadas en la actuación policial o profesional de los miembros de la Guardia Civil, donde en realidad se viene aplicando el Código Penal ordinario, que por otro lado suele tener consecuencias más graves para el guardia civil que el propio Código Penal Militar, y así lo entendió el secretario general de AUGC, Alberto Moya, quien en mayo de 2014 pidió ser juzgado por un tribunal castrense y la aplicación por tanto del Código Penal Militar que en aquel caso le era más favorable.

Quizás no se trate de un deseo de acometer una supuesta falta de derechos en cuanto a reivindicaciones profesionales o laborales, que por otro lado ya hemos visto cubierta por las propias asociaciones profesionales, sino mas bien el deseo de una reivindicación histórica y declarada en varias ocasiones, tanto por parte de Podemos, como por parte de la asociación de la que era portavoz el ahora diputado y del propio Delgado, la desmilitarización de la Guardia Civil, o quizás simplemente el deseo de liberarse.

Antonio Mancera Cárdenas, guardia civil retirado.

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