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EL DERECHO DE REUNION EN LA GUARDIA CIVIL

  • Escrito por Redacción

gabriela

El derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental reconocido en el art. 21 de la Constitución española, que establece:

“1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.”

En nuestra historia constitucional, hace su aparición por vez primera en la Constitución de 1869, para continuar reconociéndose, con mayor o menor amplitud, en los textos de 1876, 1931 e incluso, con las limitaciones propias de la etapa dictatorial, en El Fuero de los Españoles de 1945, para continuar en la época de la transición española, en la Ley 17/1976, de 29 de mayo. Finalmente, de la mano de la Constitución española de 1978, se erige en derecho fundamental.

Destacar asimismo, su reconocimiento en el art. 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, texto este último donde se llega afirmar lo que se puede calificar como una puerta abierta a las limitaciones de que trata este artículo, cuando se dice: “El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado.”

En nuestro país, desarrolla el contenido de este derecho fundamental la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. En su artículo 5, la ley establece ciertas limitaciones, disponiendo que la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones: “d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio , de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre , reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.”

Esta letra d) del art. 5 fue introducida por la disposición final sexta de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Las limitaciones a las que respecto de los miembros de la Guardia Civil se refiere el mencionado artículo, son las contempladas en el art. 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (en adelante, LO 11/2007). Por lo tanto, en caso de no infringir las limitaciones que impone el art. 8 de la ley de derechos y deberes, la autoridad gubernativa, en virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 9/1983, no podrá proceder a suspender ni mucho menos disolver, reuniones y manifestaciones de miembros de la Guardia Civil, si además, ésta se desarrolla en los términos constitucionalmente establecidos para el ejercicio del derecho: reuniones pacíficas y sin armas.

En el marco de la LO 11/2007, su art. 1 al tratar de la cuestión del objeto y ámbito de aplicación de la ley, habla de: “las particularidades derivadas de su carácter de Instituto Armado de naturaleza militar” al tiempo de abordar los derechos que corresponden y los deberes que son exigibles a los miembros de la Guardia Civil en desarrollo del régimen de los derechos y libertades públicas establecidos por la Constitución, y de los principios del Estado social y democrático de Derecho.

Es el art. 8 anteriormente mencionado, el que se encarga de la cuestión del derecho de reunión, definiéndolo y limitándolo de la manera siguiente:

“1. (Derogado)

2. Las reuniones de Guardias Civiles en dependencias oficiales deberán ser comunicadas previamente al jefe de la unidad, centro u órgano correspondiente, quien podrá no autorizarlas por causa del funcionamiento del servicio.

3. En todo caso no podrán asistir a manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme reglamentario, ni portando armas y deberán respetar las exigencias de neutralidad propias de la condición de Guardia Civil.”

El apartado primero, actualmente derogado, negaba a los Guardias Civiles la posibilidad de organizar manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Este apartado fue derogado por la Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

A su vez, como de la propia lectura deducimos, será de aplicación a los miembros de la Guardia Civil el art. 13.1 de la LO 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Dicho art. 13.1 que trata del derecho de reunión establece:

“1. El militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical.

Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo.

A la luz de lo anterior, se ha pasado de derogar el apartado primero del art. 8 de la LO 11/2007 en que únicamente se prohibía la organización de reuniones de carácter político o sindical, al escenario en que no sólo se prohíbe la organización sino además, la participación activa en las mismas. Por todo ello, la evolución legislativa al respecto se ha caracterizado por una fuerte limitación en lo que al ejercicio del derecho fundamental de reunión se refiere para los miembros de la Guardia Civil.

A las limitaciones expuestas en el párrafo anterior, el legislador añade las de prohibir asistir a dichas reuniones o manifestaciones uniformados o portando armas, y en todo caso, que durante el desarrollo de las mismas, sean respetadas las exigencias de neutralidad propias de la condición de Guardia Civil.

A todo este respecto, destacar el contenido altamente ilustrativo de una recientísima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se exponen los fundamentos jurisprudenciales del asunto que nos ocupa.

Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 13148/2015, que trae causa del recurso contencioso administrativo nº 738/2015, seguido por los trámites del proceso especial para la defensa de los derechos fundamentales de la persona regulado en el art. 122 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, relativo al derecho de reunión y manifestación, habiendo sido parte la Administración demandada y el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad, interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), contra la resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid de fecha 27 de octubre de 2015 que acordaba la no celebración de una manifestación convocada por AUGC para el día 14 de noviembre de 2015. En esta sentencia, se estiman las pretensiones de AUGC, en base a los fundamentos jurídicos que a modo de resumen expongo en los párrafos siguientes.

Como primera conclusión de la citada sentencia: “los guardias civiles tienen reconocidos por la ley orgánica una serie de derechos profesionales , derechos que se refieren, como no podía ser de otra manera, al contenido y circunstancias de la prestación de su servicio, así como el derecho a fundar asociaciones que promuevan la defensa de sus intereses en relación con tales derechos y, al mismo tiempo, se les prohíbe formar parte de sindicatos y desarrollar una actividad sindical, luego debemos concluir que el término sindical no abarca toda la realidad profesional, pues de lo contrario resultaría que la normativa entraría en una contradicción interna insalvable en la medida en que reconoce la posibilidad de actuar para promocionar unos derechos profesionales pero considera ilegal dicha actuación al tener siempre carácter sindical.

Resulta por lo tanto evidente, a juicio de la Sala, que profesional y sindical son dos realidades distintas”. Igualmente: “la actividad sindical prohibida a los guardias civiles y que no pueden promocionar sus asociaciones profesionales abarca, de una parte, la formación o integración en sindicatos, o agrupaciones o federaciones de tales organizaciones, y de otra el ejercicio del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de las mismas, la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo.”

Sobre la neutralidad exigible a los miembros del Cuerpo, respecto de la cual se exige su observancia en el ejercicio del derecho de reunión, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 18 de la LO 11/2007:

“1. Los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales.

2. En el cumplimiento de sus funciones, los Guardias Civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

A este respecto, afirma la mencionada sentencia que la referida neutralidad (política y sindical) sólo puede predicarse de la adhesión a la actuación o a las proclamas de una organización de esta naturaleza (política o sindical), pero no respecto de la defensa de los propios intereses profesionales.

Por otra parte, continúa afirmando la sentencia: “aunque es cierto que el art. 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas en su apartado segundo también prohíbe la posibilidad de organizar, participar o asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones "... de carácter político, sindical o reivindicativo... ", por lo que pudiera pensarse que se ha ampliado la prohibición a las reivindicaciones de carácter profesional, tal interpretación no puede ser acogida. En primer lugar, porque dicha extensión solo opera según el tenor literal del precepto cuando el ejercicio de estos derechos se realice "vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar", (…). Ni tampoco puede identificarse el "hacer uso de la condición de militar" con el mero hecho de que los organizadores sean guardias civiles o la convocatoria este dirigida a este colectivo, pues por esta vía se estaría prohibiendo todo ejercicio del derecho de manifestación a los miembros de este Cuerpo, lo que sería contrario al núcleo esencial del derecho en los términos que ya hemos señalado anteriormente dejando además sin contenido alguno el apartado primero del precepto.

En segundo lugar y fundamentalmente, porque el término " reivindicativo" no puede comprender cualquier tipo de reivindicación pues ello excluiría toda reivindicación de carácter profesional, social o económico que, como ya se ha indicado, están amparadas como contenido mínimo del derecho de asociación. Lo contrario dejaría vacío de contenido el derecho de reunión y manifestación (ex art. 21 CE ) de los miembros integrantes de la Guardia Civil (…). O, dicho de otro modo, en todo ejercicio del derecho de reunión y manifestación que – no ha de olvidarse- es una manifestación a su vez del derecho a la libertad de expresión, hay inevitablemente un componente de reivindicación, pero para respetar un contenido mínimo del derecho fundamental que se ejercita (máxime si se trata de su ejercicio por una asociación profesional) se habrá de diferenciar entre la reivindicación meramente profesional, social o económica de la netamente sindical o política, pues en otro caso toda reunión profesional resultaría per se excluida del ejercicio del derecho y, por ende, se dejaría vacío de todo contenido el derecho esencial que se examina.”

Graciela Rodríguez Pérez - Abogado

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/

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