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EL PASE A RETIRO POR INSUFICIENCIA DE CONDICIONES PSICOFÍSICAS

  • Escrito por Redacción

graciela

De acuerdo con el art. 94 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil (en adelante, Ley de personal), el cese en la relación de servicios profesionales de un guardia civil se produce entre otros supuestos, por insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo.

Pasar a retiro supone dejar de estar sujeto al régimen general de derechos y obligaciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y la normativa disciplinaria del Instituto.

A partir de ese momento, tendrán la consideración de guardia civil retirado, en la que disfrutarán de los derechos de Seguridad Social que les correspondan, mantendrán los asistenciales en el ámbito del Régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de otro orden reconocidos en las leyes, y podrán usar el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, de acuerdo con lo que se determine.

Dispondrán, si lo solicitan, de la correspondiente tarjeta de identificación y se les facilitará el acceso a información sobre prestaciones a las que tienen derecho y otros asuntos que puedan ser de su interés.

El art. 59 d) de la Ley de personal, dispone que los guardias civiles serán evaluados para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas. Continúa el art. 60 indicando que para llevar a cabo las evaluaciones a que se refiere el artículo precedente, “se analizarán las circunstancias de los interesados en los aspectos de su personalidad, aptitudes, condiciones psicofísicas, competencia y actuación en el ejercicio de su profesión, relacionados con el objeto de la misma, considerando la siguiente documentación:

1. a) El historial profesional.

2. b) La información complementaria aportada por el interesado a iniciativa propia sobre su actuación profesional, que fuera de interés y pudiera no estar reflejada en su historial profesional.

3. c) Las certificaciones a que se refiere la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre.

4. d) Cualquier otro informe complementario que estime oportuno el órgano de evaluación.”

Completa el Capítulo III dedicado a las evaluaciones, el art. 61, ocupándose de los órganos encargados de las mismas.

Desarrolla el contenido de estos artículos, el art. 7 del Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como el art. 14 de la Orden de 2 de junio de 1999 por la que se establecen las normas para la evaluación y clasificación del personal de la Guardia Civil. El cuadro de condiciones psicofísicas (enfermedades y lesiones) para determinar la aptitud del personal del Cuerpo de la Guardia Civil será el mismo que para las Fuerzas Armadas; sin embargo, los baremos de evaluación para calificar la aptitud psicofísica de los Guardias Civiles serán los previstos en el anexo I-A del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Es el art. 100 de la Ley de personal y el art. 7 del Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil el que plantea el esquema del procedimiento para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, todo ello a efectos de comprobar la aptitud para el servicio del interesado, de acuerdo con el cuadro de condiciones psicofísicas correspondiente y, en su caso, la limitación para ocupar determinados destinos o su pase a retiro.

La secuencia del procedimiento es la siguiente: tras la notificación de la incoación del procedimiento al interesado, evaluación por parte de una junta de evaluación (la denominada Junta Médico Pericial) o por el Consejo Superior de la Guardia Civil, si afecta a Oficiales Generales, la que valorará el expediente en

que constarán los dictámenes de los órganos médicos competentes, elevándose posteriormente al Director de la Guardia Civil que a su vez, propondrá al Ministro de Defensa la resolución que proceda.

En tanto que procedimiento administrativo, se tramitará el expediente respetando los principios y garantías recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/1992), pues hemos de recordar que conforme a nuestro texto constitucional (art. 105), la Administración actúa a través de procedimientos.

El acto administrativo dictado por el Ministerio de Defensa con que concluye el procedimiento contendrá necesariamente alguna de las siguientes tres declaraciones: el pase a retiro (en acto o no de servicio), la utilidad o la utilidad con limitaciones del guardia civil. Vencido el plazo máximo (seis meses) sin haberse dictado resolución expresa, el silencio de la Administración tendrá efectos desestimatorios, sin perjuicio de su obligación de resolver (art.42 de la Ley 30/1992).

Cuestión de gran relevancia dentro del procedimiento, la constituye el trámite de audiencia al interesado. Contemplada en la Constitución española en el art. 105, se erige en auténtica garantía de defensa en el marco de un procedimiento administrativo. Siguiendo el mandato constitucional, el legislador se ocupó de ella en la Ley 30/1992, concretamente en su art. 84, donde se establece para el interesado la posibilidad de: “formular las alegaciones y aportar los documentos y justificaciones que estime pertinentes”.

Una vez nos sea notificado en tanto que interesados el mencionado trámite de audiencia, es importante no desdeñar la posibilidad de aprovechar esa garantía que nuestro ordenamiento nos ofrece para reforzar nuestra posición en el procedimiento, y aportar para el caso que nos ocupa, cualesquiera documentos acreditativos de nuestro estado psicofísico, como por ejemplo, un informe pericial elaborado por un profesional en la materia.

En caso de que recaída resolución en el procedimiento administrativo, decidamos acudir a la jurisdicción contencioso – administrativa para hacer valer nuestras pretensiones ante los tribunales, debemos tener en cuenta que las alegaciones que formulamos en su momento, formarán parte junto con el resto de documentos correspondientes, del denominado expediente administrativo, que en el ámbito de la jurisdicción contencioso – administrativa, el órgano judicial reclama y el administrativo remite a fin de formar parte de la prueba documental del pertinente proceso.

El guardia civil que siendo evaluado, se encuentre disconforme con el acto administrativo dictado por el Ministerio de Defensa con que concluye el procedimiento, y estando interesado en que se declare el pase a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas, al margen de hacer uso del sistema de recursos en vía administrativa, puede plantear recurso contencioso – administrativo, que se tramitará por las reglas del procedimiento abreviado del art. 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Habrá de valerse para ello de abogado y procurador, presentándose la demanda ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso – Administrativos sitos en la ciudad de Madrid, competentes en la materia de conformidad con lo dispuesto en la ley anteriormente mencionada.

A la hora de probar la insuficiencia de condiciones psicofísicas que impidan seguir desempeñando con normalidad las funciones propias del Cuerpo de la Guardia Civil, y si bien puede el demandante valerse de cuantos medios probatorios admitidos en Derecho estime oportunos, cobra singular importancia y así ha sido una constante en la práctica, el informe pericial realizado por un profesional en la materia.

El informe pericial, que habrá de aportarse junto con la demanda a la hora de plantear el recurso contencioso – administrativo, deberá ser ratificado por el perito en el acto de la vista oral, respondiendo además a las preguntas que formule tanto el juzgador como las partes (una de ellas el Abogado del Estado en representación y defensa de la Administración).

El objeto de la práctica de la prueba pericial en este caso, no es otro que destruir la denominada presunción iuris tantum de veracidad de los tribunales médico militares, siendo jurisprudencia constante

la que recuerda que el Tribunal Constitucional en, entre otras, Sentencia 34/1995, de 6 de febrero, ha reiterado la legitimidad de la llamada “discrecionalidad técnica” de los órganos de la Administración, en cuanto promueven y aplican criterios resultantes de los concretos conocimientos especializados, requeridos por la naturaleza de la actividad desplegada por el órgano administrativo, de forma que las modulaciones que encuentra la plenitud del conocimiento jurisdiccional sólo se justifican en una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. Presunción “iuris tantum” que puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del poder razonable que se presume en el órgano calificador.

Sobre la importancia de la prueba pericial, destacar tanto la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 211/2000, de 18 de septiembre, relativa a la importancia de su práctica, como la Sentencia de la Audiencia Nacional – Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 5ª, de 18 de noviembre de 1999, (recurso n° 641/1997) en relación con la Sentencia nº 16, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección 6º, de 14 de enero de 1999, (recurso nº 54/96) “(….) en casos como el presente cobra especial importancia la prueba pericial practicada en autos, cuando la misma venga revestida de las correspondientes garantías procedimentales y en la que, previa descripción detallada de las secuelas padecidas por el examinado, sus consecuencias, etiología y previsible evolución, se establezca una conclusión razonada consecuente con ello, prevaleciendo, en tal caso, sobre la valoración realizada en vía administrativa por el Tribunal Médico, cuando esté huérfana de una descripción de las secuelas tan minuciosa como la reflejada en el informe forense (…)”.

Respecto de los dictámenes emitidos por la Junta Médico Pericial gozan de la denominada presunción iuris tantum, si bien como enuncian entre otras la Sentencia nº 299/2010 del Juzgado Central de lo Contencioso – Administrativo nº 6, de 15 de octubre de 2010 “(…) no impide sea desvirtuada articulándose la precisa prueba en sede jurisdiccional, si con ella se acredita la infracción que se denuncia o el desconocimiento del plus de razonabilidad que se presume en el órgano calificador. (STS 10.7.1998, y Sentencias de la Audiencia Nacional de 17.12.98, 31.03.99 y 22.04.99, entre otras).”

La prueba pericial es, “la única prueba que pudiera desvirtuar aquella presunción” (la iuris tantum de la Junta Médico Pericial), “si alcanza el grado de convicción suficiente”, según tiene establecido la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (sección 5º), en su Sentencia de 22 de mayo de 1999 (recurso nº. 1532/1996), y confirma la doctrina contenida en otras anteriores, como son las Sentencias de 26 de septiembre de 1998 y 2 de octubre de 1996, y también en la STS de 8 de Abril de 1994.

Por otra parte, si al margen de pretender se declare la insuficiencia de condiciones psicofísicas pretendemos a su vez se declare que la misma se ha producido en acto de servicio, deberá probarse la relación de causalidad entre el mismo y la patología padecida, respecto a lo cual, la jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido afirmando que: “Esta Sala (la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional) ha declarado, al tratar el tema de la relación de causalidad entre la enfermedad determinante, en su caso, de la inutilidad permanente para el servicio y su catalogación como acto de Servicio de las Armas, entre otras, en Sentencia de 17 de septiembre de 1998, recurso 2349/95, que “La situación jurídica, cuyo reconocimiento se pretende, exige que se dé el nexo causal entre el accidente o el riesgo y el acto militar, su ocasión o consecuencia. Es decir que el militar se inutilice en acto de servicio, o con ocasión y consecuencia del mismo, y que el evento determinante del hecho sea accidente o riesgo específico del cargo (S.T.S. de 11 de julio de 1983, 10 de marzo de 1990 y 20 de abril de 1992 , entre otras). Tal es en definitiva lo que exige el art. 47.2 del R.D. Legislativo 670/87 de 30 de abril, “Que la incapacidad, sea por accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia del mismo. En caso de la enfermedad causante de la inutilidad, esta deberá constar como adquirida directamente en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 7 de marzo de 2007 (nº de recurso 149/2007)).

Por último, por acto de servicio, debe entenderse: “aquél inherente a la concreta actividad que en razón a su cargo debe efectuar el funcionario, es decir, aquellas prestaciones que deriven de su relación estatutaria con la Administración” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 2006 (nº de recurso 223/2005)).

Es criterio de quien suscribe, llevar a cabo un estudio pormenorizado de cada caso en concreto, debido al amplio abanico de posibilidades que pueden abocar a un agente de la guardia civil, a verse incurso en un expediente por insuficiencia de condiciones psicofísicas. Igualmente, se plantea la necesidad de que la tarea de asesoramiento en tanto que abogado, de comienzo tan pronto sea notificada la incoación del procedimiento administrativo, y no únicamente en un momento posterior, en el caso de tener que acudir a los tribunales para hacer valer la pretensión de que se trate.

Graciela Rodríguez Pérez - Abogado

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/

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