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LA DIGNIDAD DE LA GUARDIA CIVIL

  • Escrito por Redacción

CARTILLA

La Cartilla del Guardia Civil, aprobada el 20 de diciembre de 1845, en tanto que verdadero código deontológico y de carácter integrador, contiene en la primera, de las dos partes en que se divide, las normas colectivas de fuerte carácter moral, dando cabidas a conceptos como el honor, la honradez, la dignidad y el cumplimiento del deber, y también a aquellos principios que han de regir el servicio, como la serenidad, el trato respetuoso a los ciudadanos, la firmeza o la imparcialidad.

Así, destaca entre ellos art. 4 de la Cartilla del Guardia Civil: “Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas, solo consigue malquistarse con todos”.

El contenido de este artículo, al igual que el resto de artículos de la primera parte de la Cartilla, ha sobrevivido hasta el día de hoy, y los principios que refleja continúan siendo fuente de inspiración para el legislador, que los mantiene en el cuerpo normativo aplicable a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.

Tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Con fundamentación directa en el artículo 104 e indirecta en el artículo 8, ambos de la Constitución, la Ley declara, a todos los efectos, la naturaleza de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que corresponde al Cuerpo Nacional de Policía –nacido de la integración de los Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional– y al Cuerpo de la Guardia Civil.” Es en dicha ley orgánica donde en su artículo 5.1 c) se establece respecto no tan solo de la Guardia Civil sino de la generalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tanto tales: “Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.

Se puede comprobar por tanto, cómo un principio como el de dignidad que nace para un cuerpo determinado como es el de la Guardia Civil, se hace extensible al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entendidas por tales, las enumeradas en el art. 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La dignidad impuesta a los miembros del Benemérito Instituto por su propio código moral termina convirtiéndose al mismo tiempo, en la propia dignidad del Cuerpo y a su vez, en bien jurídico protegido por las normas sancionadoras. De esta forma, encontramos la referencia más relevante al principio de dignidad de la Institución en el art. 8.1 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, donde se tipifica como falta grave, y siempre que no constituya delito o falta muy grave: “La comisión de actos que atenten a la dignidad de las instituciones o poderes del Estado, de las Comunidades Autónomas o Administraciones Locales, a las personas o autoridades que los encarnan o a sus símbolos; así como la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil.

En tanto que falta grave, las sanciones que pueden imponerse por su comisión, de acuerdo con el art. 11 de la citada ley orgánica son: suspensión de empleo de un mes a tres meses; pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones; pérdida de destino.

En todo caso, de acuerdo con el art. 19 de la ley de régimen disciplinario: “las sanciones que se impongan en ejercicio de la potestad sancionadora atribuida por esta Ley guardarán proporción con la gravedad y circunstancias de las conductas que las motiven y se individualizarán atendiendo a las vicisitudes que concurran en los autores y a las que afecten al interés del servicio.” Asimismo, se aplican en el marco de un procedimiento sancionador que recoge la mencionada ley ilustrado por unos principios recogidos en el art. 38: (legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, celeridad, eficacia, publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, individualización de las sanciones y culpabilidad, derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia), todos ellos fiel reflejo de los constitucionalmente establecidos.

Con todo ello, el principio de dignidad se termina erigiendo en el bien jurídico protegido por el tipo disciplinario. En relación con este último: “observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil.”, es doctrina del Tribunal Supremo (por todas STS 3797/2015, de 11 de septiembre) la que establece que para encontrarnos frente a su comisión y por tanto, frente a la vulneración del bien jurídico que protege (la dignidad del Cuerpo), es preciso que concurran una serie de requisitos:

a) La ejecución de actuaciones que revistan una cierta continuidad o de una sola de especial gravedad. Ha de tratarse de conductas externamente manifestadas que lesionen o pongan en peligro el bien jurídico protegido por la norma de referencia, pues como ha dicho el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 116/93, refiriéndose a esta falta, para imponer una sanción administrativa acorde con los postulados que indudablemente se desprenden de esta última forma de organización, no basta con la presencia de cierto modo de vida, por muy censurable que sea, si no va acompañado de actos externos mediante los que se lesione o ponga en peligro un interés jurídicamente protegido.

b) Que se trate de conductas próximas en el tiempo y que, además, sean homogéneas, es decir, de estructura típica parecida que afecten directa y no periféricamente al bien jurídico protegido por la norma que, no olvidemos, es la dignidad …

c) Que dicha conducta sea reprobable, indecorosa o indigna. A la hora de determinar qué se entiende por indigna o indecorosa, habremos de atenernos – según el Tribunal Constitucional ( STC nº 151/97 )- a los valores generalmente admitidos y conocidos socialmente, depurados desde la perspectiva del Ordenamiento Jurídico y especialmente, desde la Constitución.

d) Que los hechos tomados en consideración no hayan sido objeto de sanción previa. Como se llegó a matizar en la sentencia de 29 de marzo de 2004, no se pueden tener en cuenta hechos aislados de carácter leve que pudieron ser susceptibles en su día de reproche disciplinario valorados a posteriori al solo efecto de aplicar la norma citada, so pena de desvirtuar la naturaleza del tipo en cuestión.

e) Que con tal o tales comportamientos se afecte real o potencialmente a la dignidad de la Guardia Civil …”, tras lo que se añade que ” el bien jurídico protegido es la dignidad institucional, concepto jurídico indeterminado equivalente al prestigio, crédito, buena fama o buen nombre de la Institución, a concretar conforme a los valores generalmente admitidos y conocidos socialmente, es decir, en base a criterios objetivables en la medida de lo posible».

Además, también es preciso que concurra otro requisito, cual es, la trascendencia externa, esto es, a personas ajenas a la Guardia Civil.

Es necesaria asimismo la pluralidad de actos que habrán de estar temporalmente próximos entre sí y que guarden cierta homogeneidad; ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha aceptado de forma excepcional, que una sola acción pueda ser valorada disciplinariamente e integrar el término «conductas», cuando tal acción sea muy reveladora y transcendente reflejando una determinada línea de conducta. Además, el tipo exige que las «conductas» (que debemos traducir a actos o acciones) sean graves. Esta gravedad va dirigida al bien jurídico protegido, esto es, han de ser graves para el mismo, lo que implica que lo lesionen o afecten de forma importante.

Por último, sobre el concepto de dignidad se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 31 de marzo de 2010, 4 de febrero de 2011 y 5 de diciembre de 2013 , que siguen a su vez la reiteradísima doctrina sentada en las de 06.10.1989 , 05.12.1990 , 05.02.1991 , 18.05.1992 , 11.07.1996 , 09.12.1998 , 12.07 y 29.11.1999 , 07.03.2000 , 22.09.2003 y 24.01.2005, donde se afirma lo siguiente: “la dignidad militar en general, cuyo sentido se ha precisado por esta Sala en diversas sentencias, es, como dice la de 11-6-1996, una especificación de la más amplia categoría del honor al que se refiere el art. 1º del Reglamento Militar de la Guardia Civil que lo proclama como divisa del Cuerpo. Representa, pues, el decoro que debe esperarse del comportamiento habitual del Guardia Civil. Y la dignidad de la Institución de la Guardia Civil es la honorabilidad alcanzada por su actuación en el tiempo, ampliamente mayoritaria, de ejemplar comportamiento y abnegado servicio en el cumplimiento de las misiones y fines que determinaron su creación. A esa dignidad de la Institución ha de acomodarse la de sus miembros en cuanto al propio decoro de su conducta. Y esta exigencia de dignidad se convierte en deber jurídico cuando viene impuesta por los preceptos legales y reglamentarios, como el art. 42 de las RROO de las Fuerzas Armadas y los artículos 2 y 10 del Reglamento para el Servicio del Cuerpo y, principalmente, cuando su conculcación se tipifica en el derecho disciplinario, conminándose con las correspondientes sanciones. Los miembros de la Guardia Civil están obligados, pues, a comportarse con esa integridad que demanda la propia dignidad del Cuerpo a que pertenecen, de tal forma que no es preciso, para ejecutar actos contrarios a la dignidad de la Institución, que objetivamente se vea desprestigiada la del Cuerpo por la conducta de uno de sus miembros -aunque en muchos casos puede darse, también, ese desprestigio, al que nos hemos referido en diversas sentencias pudiendo bastar solo, para estimar una conducta individual contraria a aquella dignidad, que desdiga de la que demanda su pertenencia al Benemérito Instituto, porque el precepto no exige que la conducta afecte a la dignidad de la Institución y la desprestigie, sino solo que sea contraria a esa dignidad”.

Graciela Rodríguez Pérez - Abogado

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/

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