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No es país para víctimas

  • Escrito por Redacción

MIGUEL-RODRIGUEZ

Tras más de diez años dedicándome al Derecho penal internacional todavía sigue sin dejar de sorprenderme la persistencia en España de varias gravísimas situaciones de impunidad enquistada, y que afectan a miles de seres humanos y a sus familias, y la falta de altura de miras institucional, "de Estado", que una y otra vez emerge en este país cuando se trata de la defensa de los derechos humanos; anteponiéndose, una y otra vez, colores políticos, "preferencias" o "comprensiones" hacia unos u otros verdugos o víctimas, o incluso meras conveniencias electorales coyunturales del momento.

Sorprende casi tanto como la ausencia de una auténtica política amplia, integral, "de derechos humanos" en las distintas formaciones políticas del país, en todas ellas, sin que la cuestión de los derechos humanos haya pasado por el momento de otra cosa que "eslogan", o mera invocación "de conveniencia" fragmentariamente utilizada por el partido A o B para "sus" propias víctimas de abusos y atrocidades, aquellas con las que, se supone, se identifica la "marca" del partido o su imagen. Y es que, esa es la realidad, la cuestión de los "derechos humanos" ha terminado siendo una mera cuestión de marketing electoral. 

Y como desde hace años he venido trabajando con víctimas de crímenes de lesa humanidad del franquismo o de crímenes de lesa humanidad de ETA, con víctimas de desapariciones forzadas infantiles antes y después de la Constitución española de 1978, y con otros colectivos olvidados como más recientemente también las víctimas del Polisario, he tenido ocasión de constatarlo en docenas de ocasiones y en muy distintas instituciones nacionales, autonómicas y locales, ejecutivas, legislativas y judiciales, y en reuniones personales y directas con algunos de los principales actores políticos de este país y sus asesores jurídicos, habitualmente estos últimos más perdidos que un pingüino en un garaje en materia de Derechos Humanos.

España, simplemente, no es país para víctimas. 

Y menos aún en aquellos casos en los que éstas aparecen débiles o divididas, sin criterios claros y persistentes de acción o recurriendo a instrumentos completamente equivocados como "denuncias" (sic) que no sé si en otro país de la Unión Europea podrán dar lugar a algo, pero que en España nunca he visto que lo dé para este otro tipo de casos y atrocidades.

Y exactamente lo mismo va para los medios de comunicación, que del mismo modo que nuestros políticos y las instituciones públicas que estos detentan, muestran su simpatía o antipatía por unas u otras víctimas -cuando todas lo son de atrocidades aberrantes que conmueven el alma y que ningún ser humano debería poder padecer- y ello hasta niveles que llegan a sobrecoger. La realidad es que en este país de fuertes polarizaciones en torno a unas u otras víctimas de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cada activista en una u otra causa sabe muy bien que hay medios a los que nunca podrá acudir, o hacerlo y esperar un trato informativo equitativo en el caso de aquellos pocos que, al menos, guardan unas mínimas apariencias. 

O por citar un ejemplo reciente en primera persona, una conocida mía, periodista, me lo dejó bien claro este mismo verano en El Escorial cuando me explicó que sus compañeros de redacción nunca votarían recoger una información en la que se explicasen los crímenes de expulsión forzada de población de lesa humanidad de ETA. Así, sin más. Evidentemente fue el mismo día que decidí dejar de colaborar con artículos en ese medio "de izquierdas" (sic) radicado en Barcelona, y en el que había publicado en años pasados alguna información relativa a víctimas del franquismo. Y es que quien crea que es sólo determinada prensa "de derechas" (sic) la que discrimina víctimas y que la prensa supuestamente "de izquierdas" resulta más sensible a los derechos humanos, está muy equivocado. Y así, en este país hay decenas de miles de víctimas que nunca tendrán cabida en ese medio "progresista" (ay) y que hace falsa bandera de ello y de su supuesto "compromiso con los derechos humanos" (de sainete), y ello de igual modo que otras decenas de miles de víctimas nunca tendrán cabida en otros medios "de derechas". Son exactamente iguales unos que otros, sólo que unos, además, nos intentan vender la moto de su supuesto compromiso "guay" con los derechos humanos, pero a la miles de víctimas de ETA -entre 60.000 y 200.000 seres humanos huidos a la fuerza del País Vasco y Navarra según datos del Instituto Vasco de Criminología-, a los 379 asesinatos todavía sin resolver, que les den tila... Ciertamente podrán seguir con su mentira, pero, desde luego, yo no contribuiré a ella una vez constatada. 

En todo caso ese medio informativo radicado en Barcelona no es ninguna excepción, sino una mera parte más de la "norma" general imperante: tal es la praxis en nuestro país en demasiados casos. El mero ejemplo en cuestión quizá decepcione un poco más por ser un pretendido medio "de izquierdas" (ya les gustaría) que pretende hacer gala, además, de lo que después resulta que carece: de un normal compromiso con los derechos humanos, sin prejuicios ni tristes discriminaciones en contra de todo un colectivo de víctimas. De ahí esa sensación de engaño, de "estafa". Pero ellos no son la causa, sino un mero efecto más de algo, de fondo, que en este país está singularmente mal y que en algún momento habrá que empezar a arreglar.

En algún momento víctimas tan distintas como las del franquismo, de ETA, de los bebés robados, o del Polisario habrán de ser tratadas igual, desplegando el Estado, de verdad, todos los medios a su alcance; y tratadas con igual consideración y respeto por unos u otros partidos (hablo de consideración y respeto real, no de meras invocaciones que enmascaran la praxis discriminatoria posterior).

En algún momento el conjunto de medios de comunicación de este país deberá llegar a un pacto y compromiso básico con los derechos humanos y con las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y realmente efectivo (a diferencia de alguna fórmula precedente fallida, al menos, eso sí, intentada, lo que no deja de ser motivo para la esperanza). 

En algún momento habrá de articularse un auténtico pacto de Estado para que las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos queden fuera, y muy por encima, de estrategias y lucha política. 

No me parece ciertamente imposible nada de ello, y, por el contrario, sí que me parece algo imprescindible para poder hacer posible un país algo mejor aunque sea sin tirar cohetes; al menos en lo tocante a tema tan excepcional y sensible como éste, y de modo que se vayan dando unos cambios significativos y tangibles, siquiera de mínimos, en la actual -desoladora- situación de desamparo de tantas, y tantas víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos humanos olvidadas en este país pero que, día a día, siguen viviendo su dolor y su soledad, situadas ante la disyuntiva de emprender una durísima lucha abandonadas por sus propias instituciones democráticas, o rendirse y resignarse a la impunidad.

Miguel Ángel Rodríguez Arias - Abogado, Experto en Derecho Penal Internacional

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