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La Guardia Civil de Ávila detiene a tres personas acusadas de trata de seres humanos para su explotación laboral

  • Escrito por Redacción

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La Guardia Civil ha detenido en Arévalo (Ávila) a tres personas acusadas de un delito de trata de seres humanos en explotación laboral por engañar a personas de nacionalidad rumana, que contrataban para trabajar en régimen de semi esclavitud. También se les acusa de los delitos de usurpación, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Los arrestados son un empresario, su compañera sentimental y un asesor fiscal y laboral, según han informado fuentes de la Benemérita.

La investigación en agosto por parte de tres víctimas a las que la Agencia Tributaria había reclamado el pago de cuantías y presentaciones de declaraciones tributarias por haber efectuado cambios de domicilio fiscal y declarado operaciones mercantiles con terceras personas físicas y jurídicas por importe de 102.280 euros, cuando en realidad no habían mantenido ninguna relación comercial, mercantil ni personal con ellas.

Los autores de los delitos se dedicaban a captar personas de nacionalidad rumana a las que prometían trabajo estable en una empresa y les ofrecían documentación española. Cuando en España veían que los contratos eran precarios y trabajaban una temporada en pésimas condiciones, se iban del país, pero los acusados seguían haciendo uso de las documentaciones de las personas afectadas.

Las contrataciones eran de media jornada y con duración de entre cuatro a cinco horas, pero en realidad hacían jornadas de entre 12 y 14 horas. Cuando tenían que salir fuera de la residencia de la empresa, se les buscaba alojamientos con habitaciones donde se hacinaban entre seis y ocho personas, y los viajes eran largos, para lo que tenían que dormir en el propio vehículo con otros trabajadores.

El principal investigado se dedicaba a adquirir propiedades en su país de origen, Rumanía, sin que tuvieran ningún bien a su nombre en España, por lo que también se le acusa de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones por la participación posterior de diversos organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Junta de Castilla y León, además de las autoridades rumanas.

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