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La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ultima la investigación del mayor delito telemático en España

  • Escrito por El Confidencial

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Según informa El Confidencial citando fuentes de la investigación, los detenidos llevaban diez años operando a través de catorce sociedades pantalla, ubicadas en seis locales distintos, con decenas de trabajadores y con un beneficio de 22 millones a costa de estafar pequeñas cantidades a más de dos millones de españoles afectados en el mayor delito telemático en España hasta la fecha.

Son las cifras de la estafa de los SMS Premium, el mayor delito telemático registrado en España hasta la fecha, cuya investigación ha entrado en la fase final. Según el informe que la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, no cabe duda de que el fraude se planeó a gran escala y se llevó a cabo durante una década con absoluta impunidad.

El sistema es bien conocido. La red enviaba millones de mensajes a móviles, tanto SMS como Whatsapp, con distintos engaños que picaban la curiosidad del receptor. Entrevistas de trabajo falsas, proposiciones sexuales, avisos fraudulentos de Hacienda... si el usuario respondía, se le cobraban inmediatamente 1,2 euros más IVA. A lo largo de los años la red fue depurando una ingeniería social que le permitió obtener mucho dinero, llegando a cometer desfalcos de hasta 8.000 euros en una misma víctima. Aproximadamente 150.000 españoles, al mes, respondían a sus mensajes.

Al frente de la organización estaban los hermanos Simó, Pablo y Antonio, naturales de Alicante, y el abogado de Paterna Daniel Rodríguez. Los Simó están acusados de pertenencia a organización criminal, al parapetarse siempre en sus testaferrros, mientras que Rodríguez tendrá que afrontar los cargos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Alicante al ser las penas solicitadas por la fiscalía superiores a seis años de prisión.

Para la Guardia Civil, los hermanos Simo y Rodríguez eran los líderes de la organización criminalPara la Guardia Civil, los hermanos Simo y Rodríguez eran los líderes de la organización criminal

Su negocio arrancó en 2005 y sobrevivió hasta el año pasado, cuando la Guardia Civil detuvo a todos los implicados en una macrorredada en seis pisos francos. A diferencia de otros negocios relacionados con números de tarificación especial, los Simó urdieron toda una red que incluía la realización de perfiles personales de los estafados, así como el estudio detallado de qué mensajes funcionaban mejor a la hora de engañar al receptor. De entre los 2,4 millones de afectados muchos pagaron solo 1,2 euros, el mínimo por responder al primer mensaje, al tiempo que otros llegaron a perder 4.000 euros al no recibir ningún aviso del coste especial de las comunicaciones.

Tan bien tenían identificados los perfiles que llegaron a elaborar dos bases de datos: una "buena", con 718.628 números, con usuarios que respondían habitualmente a sus campañas, y otra de 1,9 millones, "la mala", que correspondía a aquellos que habían reparado en la estafa.  "Actuaban sin escrúpulos, con preferencia por los discapacitados psíquicos, a los que tenían bien localizados para sacarles el dinero", explica Manuel Merino, letrado de la Asociación de Afectados de Internet, única organización personada en la causa.

En efecto la Guardia Civil destaca varios casos concretos entre la documentación revisada. Uno de los más abyectos corresponde al usuario con el número 63043XXXX, del que las chateadoras, adiestradas por la cúpula de la organización, escribieron en su ficha: "Tiene una minusvalía psíquica del 65%, no puede trabajar, pero recibe 300 euros al mes de pensión". A este usuario, solo en el año 2011, se le condujo con engaños y propuestas sexuales al envío de 4.219 mensajes con un coste de 1,2 euros, resultando un agujero en su cuenta de 4.614 euros.

Los estafadores elaboraron perfiles detallados de, al menos, 666.481 ciudadanos, una información que almacenaban en discos duros y que aprovechaban gracias a un software específico que desarrolló para la ocasión el informático Joaquín Sempere, también procesado en los juzgados de Alicante. El programa reunía en una sola pantalla toda la información necesaria para que las operadoras llevasen a buen puerto el engaño: orientación sexual, detalles personales y profesionales, historial de gasto... en otra ventana, en directo, la conversación. Además, guardaba registros de todas los detalles y las horas de comunicación al efecto de que la cúpula pudiese detectar patrones o erroes con los que extraer más dinero de las víctimas.

Los cebos eran variados. Desde el clásico "¿por qué no te has presentado a la entrevista de trabajo?", que arrasó durante la crisis, a otras artimañas más sofisticadas como posicionar en Google un teléfono como si fuera el de Hacienda en plena campaña de la renta. Los usuarios llamaban y era redirigidos al teléfono real de la Agencia Tributaria sin saber que estaban pagando la conversación con tarificación especial. Sin embargo, de la investigación policial se destila que lo más recurrido era el SMS con proposiciones sexuales. Los Simó llegaron a crear incluso perfiles falsos de chicas, que llamaban "las colombianas de Twitter", en la red social con el objetivo de ganar credibilidad. "Subimos fotos de chicas en ropa interior o desnudas, pero sin la cara. Si nos preguntan decimos que nos da miedo qué puedan hacer con las fotos", dice Pablo Simó en una circular a sus trabajadoras.

Pablo Simó, cabecilla de la trama, reconoce en un correo que el objetivo es que no se percaten 'de que es un cuento'

Pablo Simó, cabecilla de la trama, reconoce en un correo que el objetivo es que no se percaten 'de que es un cuento'

 

Una estafa 'crowdfunding'

Este tipo de engaños se popularizaron a comienzos de siglo. De hecho, la legislación, a la que pilló con el paso cambiado, apenas exigía incluir un aviso final con el precio del mensaje. Así hicieron negocio, por ejemplo, los tarotistas televisivos de la madrugada y, un poco antes, los politonos o los chats eróticos. Los Simó elevaron la apuesta: no solo abrían ellos el canal de comunicación con el usuario, sino que evitaron expresamente la coletilla legal, reconociendo en correos internos que se trataba "de un engaño puro y duro". Durante los primeros años alternaron campañas legales con otras de carácter claramente fraudulento, pero al tiempo se rindieron a las segundas por pura rentabilidad.

Mensajes que enviaban las empresas de la redMensajes que enviaban las empresas de la red

Así, en diez años obtuvieron un beneficio neto de 22.536.986 euros que invirtieron, en parte, en la compra de inmuebles y vehículos de gama alta. Pudieron operar libremente al estafar pequeñas cantidades a los usuarios que normalmente no les movían a denunciar. En su investigación, la Guardia Civil considera que el daño final sobre el usuario es mayor y señala directamente a las operadoras, que han ejercido de convidado de piedra en esta fiesta: "Estos elevados importes de lucro, que son solo una parte de consecuente perjuicio directo que se ha causado a los usuarios de telefonía móvil, toda vez que de cada 1,2 euros+IVA por SMS que se le factura a la víctima, su operador de telefonía detrae una media de 0,40€ por servir de canal de comunicación".

En comunicaciones internas también se revela la presión que ejercía la cúpula sobre las chateadoras, a las que tenían en jornadas maratonianas, siempre vigiladas por cámaras web, por 700 euros mensuales. Los Simó marcaron un mínimo volumen de facturación por cada trabajadora, de modo que si no se cumplía, el despido era inmediato. No obstante, las que superaban la media de ingresos eran bonificadas, quizá porque eran las que más implicadas estaban con las prácticas ilegales de la empresa. 

Hacienda les devolvía dinero

Los hermanos Simó crearon, gracias a los conocimientos de financieros de José Luis Uríos, también procesado, una red de sociedades pantalla que se cruzaban facturas falsas con el objeto de compensar el IVA y no tributar prácticamente nada. En algunos casos las empresas contribuían con menos de 1.000 euros; en otros, directamente Hacienda les devolvía dinero. Los investigadores corroboraron que los traspasos entre la red no están respaldados por facturas a proveedores: "Para evitar el pago a la Agencia Tributaria, blanquear el capital y eludir un posterior rastreo del dinero, emitieron facturas ficticias justificativas de los movimientos bancarios", reza el texto.

Reproducción de uno de los mensajes que más estafados consiguió Reproducción de uno de los mensajes que más estafados consiguió

En diez años las quejas, incluso alguna demanda, se han ido acumulando, aunque las únicas instituciones en levantar la voz han sido la CNMC y la asociación de consumidores Facua. Nunca se presentó una demanda colectiva al ser los estafados, en su mayoría, afectados por cuantías que no superan los diez euros. De hecho, a estas alturas de la instrucción, con el comienzo del juicio a las puertas, el juzgado no posee una lista de afectados entre los que reintegrar las cuentías estafadas.

"Tal era su sensación de impunidad de los autores", dice la UCO en su informe, "que, pese a ser conocedores de que este Grupo de Delitos Telemáticos se encontraba investigando el presente fraude masivo continuado, no dudan en enviar al testaferro Joaquín Pedro Domínguez, junto con el abogado Ildefonso Mundina, a comparecer ante el Jusgado Instructor a fin de que el dicho testaferro y su sociedad sirvieran de pantalla ante las presentes actuaciones".

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