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Militares, guardias civiles y policías heridos en acto de servicio acuden a Estrasburgo para que se les reconozca la pensión íntegra

  • Escrito por El Confidencial Digital

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Ex miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas que fueron heridos e incapacitados en acto de servicio llevan años pleiteando contra la administración para que esta elimine una normativa de los años 80 que consideran obsoleta.

Ya han pasado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Constitucional. Pero sus recursos fueron rechazados. El motivo de su protesta es una Ley de 1983 que aún se aplica y que limita la cuantía máxima que pueden percibir los miembros de las clases pasivas.

Se trata de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 1984, que dispuso que el importe de la pensión de clases pasivas sola o en concurrencia con otras no podría exceder de 187.950 pesetas mensuales abonables en 14 mensualidades. Esta ley sólo se aplica a militares, guardias civiles y policías nacionales.

“Se sienten discriminados con los pensionistas de actos terroristas. Quieren cobrar sus pensiones íntegras, sin que haya limitaciones” explican desde el bufete Osuna, que ha recogido en una demanda colectiva la reivindicación de 300 ex militares y agentes de Policía y Guardia Civil.

Este tope a las pensiones que establece la ley de 1983 se ha venido repitiendo todos los años en las sucesivas Leyes de Presupuesto –actualizándose en base al IPC-. Los demandantes piden en Estrasburgo que se obligue al gobierno español a eliminar esa normativa “discriminatoria” en los próximos presupuestos, de forma que puedan percibir la misma pensión que cualquier otro civil en su misma situación.

Existe una salvedad entre sus compañeros de las Fuerzas de Seguridad: aquellos que fueron incapacitados en un atentado terrorista. En ese caso, el gobierno ha suprimido esta limitación en las pensiones.

Sin embargo, según denuncian, el resto de miembros incapacitados en acto de servicio –no por atentado terrorista- no tienen ese derecho pese a encontrarse en situaciones físicas y psicológicas “peores incluso” que sus compañeros víctimas del terrorismo.

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