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Más de diez mil sirios han entrado a España por Melilla

  • Escrito por Redacción

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En cuestión de meses, y con tres millones de refugiados aporreando las puertas de Europa, el modelo de gestión de los flujos migratorios de Melilla ha pasado de ser cuestionado y criticado a ser un ejemplo a seguir, reflejado en medios de comunicación internacionales y publicitado por ministros y comisarios europeos.

En menos de un año, las llamadas “devoluciones en caliente”, que el Consejo europeo entendía como una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, pasaban a ser “compatibles con su directiva de retorno”.

La presión migratoria ya no era solo una cosa de los países del sur de Europa y llevaba a la canciller Angela Merkel el pasado 8 de marzo a negociar, a cara de perro y hasta la madrugada en Bruselas, con su homólogo turco Erdogán para dar forma a un acuerdo que sonrojaba a toda Europa: Turquía acogería todos los refugiados devueltos desde Grecia a cambio de 6.000 millones de euros (en dos tandas), visados para los turcos a partir de junio y facilidades para su eventual ingreso en el club de los 28.

La crisis humanitaria más importante desde la Segunda Guerra Mundial relativizaba todas las regulaciones migratorias existentes. Y donde una comisaria de Interior sueca, Cecilia Malmström, había señalado “una violación de la legislación” de los derechos humanos en Melilla, su sucesor, el griego Dimitris Avramopoulos, aplaudía en febrero la creación de la oficina de asilo en su frontera con Marruecos y avalaba las devoluciones masivas desde España hacia el país vecino de inmigrantes de terceros países, tal y como iban a empezar a producirse después en Turquía con los sirios, incluso teniendo estatus de refugiados.

Dos países, Marruecos y Turquía, con menos cortapisas legales y una menor protección de los inmigrantes, para hacer el trabajo más incómodo de España y Europa respectivamente. Las contraprestaciones, sin embargo, no son tan claras y explícitas en el caso marroquí y dan lugar a circunloquios entorno a un tema tabú y sagrado para el reino alauí: el Sáhara Occidental. “Sin Turquía Europa no podría hacer frente al drama de los refugiados”, admite el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz. Y, ante los cuestionamientos por el respeto a los derechos humanos, zanja: “Yo tengo que decir que, igual que Turquía es un país seguro, Marruecos es un país seguro”.

“No se puede resolver este asunto de forma limpia porque los estándares legales que los países de la Unión Europea se han dado a sí mismos lo hacen prácticamente imposible”, reconoce Carmen González Enríquez, investigadora principal del área de migraciones del Real Instituto Elcano. “Nuestras propias normas nos impiden gestionar el proceso como querríamos y por eso necesitamos países donde las normas no sean tan rígidas y permitan eso que aquí no podemos hacer”, explica. “Cualquier país en África con el que cualquier estado europeo llegue a un acuerdo de este tipo va a plantear ese tipo de dilemas”, analiza. Y recuerda: “Ya se planteaban cuando Italia tenía esos acuerdos con Túnez o con la Libia de Gadafi, o ahora con Turquía".

La eficacia del rechazo

El caso es que, a tenor de los resultados de esas políticas, primero repudiadas y luego alabadas, el modelo de contención y rechazo melillense es un éxito. Y frente a esa repetida idea de que son solo 18 los refugiados que ha acogido España —en referencia al cupo de reasentados—, en realidad son más de 10.000 (8.000 solo en 2015) los sirios que han entrado en el país por Melilla entre 2012 y 2015, y solo 400 en lo que va de año, según datos oficiales. El 90%, según las mismas fuentes y las ONGs responsables de su acogida, han continuado su viaje hacia el norte de Europa, principalmente hacia Bélgica y Alemania, donde encuentran mejores coberturas sociales. Incluso algunos han preferido regresar a Marruecos.

Por otra parte, de los 22.000 subsaharianos que se encaramaron a la valla en los 70 saltos, de unas 300 personas cada uno, registrados a lo largo del 2014, solo 2.000 lograron su primer objetivo: el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Tan común era que saltasen 300, que en el argot policial "un 300" equivale a "un salto", aunque pronto quedó superado por avalanchas de miles de personas. "Comunicar por radio "un 300-1.000" resultaba contradictorio", recuerda el comandante Arturo Ortega.

En 2015, en cambio, sólo hubo 11 saltos, en los que un centenar de personas consiguieron entrar. Y en lo que va de año solo ocho personas se han colado en suelo español, sorteando a los agentes de las fuerzas especiales desplegadas por la Guardia Civil, en el único salto —de los cinco registrados— que se ha culminado, según fuentes oficiales.

El sistema resulta disuasorio para los inmigrantes que quieren llegar de manera irregular y se sustenta en tres pilares. Por un lado, una triple valla, reforzada en distintas etapas desde el inicio de su construcción en 1997, con una inversión global de 48 millones de euros, según datos de Amnistía Internacional.

Por otra parte, en los rechazos masivos y forzosos de inmigrantes subsaharianos en frontera aceptados por Marruecos de buen grado desde 2006, aunque nadie sepa decir qué pasa después con ellos: “Me consta que muchos son enviados hacia Rabat, probablemente porque allí en la capital le pueden dar mejor solución”, apunta sin seguridad el delegado del Gobierno de Melilla, Abdelmalik El Barkani.

Por último, la limitada capacidad de acogida que no llega a mil personas —tras la reciente ampliación del CETI— y que condena a un incómodo hacinamiento a los inmigrantes por un máximo de seis meses no anima demasiado a los inmigrantes a elegir España como destino. Y, a la luz de los datos y de que el objetivo es evitar la entrada de inmigrantes irregulares, es eficaz, funciona.

Las vallas ya se han replicado en las fronteras de media Europa y la empresa malagueña Security Fencing (ESF) que las fabrica ha hecho su agosto, pero ¿hasta qué punto es este modelo es exportable o extrapolable?. Según El Barkani, “la experiencia de tantos años de Melilla es digna de tener en cuenta” pero, dice, “los melillenses, y yo como melillense, español y europeo, no nos podemos resignar a que este sea el modelo de inmigración, o ¿es que no somos capaces de generar una forma en que los inmigrantes de distintos países lleguen con su documentación e incluso con un contrato de trabajo a este territorio?”.

El asunto es peliagudo. Y no hay una respuesta unívoca. “Estos son los pilares”, resumía el ministro del Interior: “Cooperación en origen con los países de origen y tránsito, cooperación operativa y también equipos policiales conjuntos, ayuda al desarrollo y también, para facilitar todo esto, apertura de embajadas y antenas diplomáticas en todos estos países de origen y tránsito. Esa es la política para luchar y hacer frente y gestionar de manera adecuada los flujos migratorios”. Y aseguraba: “En la agenda comunitaria ya se habla de cooperación con los países de origen y tránsito, es decir, todo lo que nosotros hemos desarrollado con no pocos países: Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea Conacry, Guinea Bissau, Gambia, Cabo Verde, Mali y Nigeria y, donde ya teníamos embajadas abiertas, pues consejerías de Interior. Eso hay que hacerlo porque eso es lo que te permite después gestionar todas esas políticas”.

Pero lo que en el modelo español resulta difícilmente aplicable al caso actual de la crisis de refugiados, como señala Enríquez, “es que en el modelo español no hay refugiados”, y los que llegaron se fueron. “Nuestra inmigración es esencialmente económica y sus normas son claras: si un país europeo no desea recibir inmigrantes porque considera que no tiene un hueco en su mercado laboral, tiene todo el derecho a negarse. En el refugio entran en juego unas valoraciones morales, una obligaciones legales, que no se tienen respecto a la migración económica”, explica. “Pero hay que tener en cuenta también que dentro de esta oleada de refugiados hay muchos que no lo son. Y en el caso italiano casi el 100% son inmigrantes económicos, en ese caso sí podría ser aplicable este modelo”.

En realidad, “el modelo” no es más que el resultado de las sucesivas respuestas y adaptaciones a las emergencias provocadas por las distintas oleadas de inmigrantes a lo largo de la historia. Entre 2001 y 2003 fueron las pateras desde Marruecos a la costa española, que se cortaron principalmente con el SIVE, el Vistema de Vigilancia Exterior. Entre 2004 y 2005 comenzaron a sucederse los saltos masivos en Ceuta y Melilla, en la llamada "crisis de las vallas". En 2006 fueron los cayucos desde el África Occidental, que desembarcaron a cerca de 40.000 personas en un solo verano en las islas Canarias y que se frenaron radicalmente con una decidida ofensiva diplomática española en Mauritania y Senegal y, en paralelo, el acuerdo con Marruecos para que aceptase las devoluciones de subsaharianos.

Las barcazas empezaron entonces a salir de Libia hacia Italia y colapsaron Lampedusa y después Sicilia. Y la guerra de Siria provocó el gran éxodo de refugiados de Turquía a Grecia camino de los Balcanes para alcanzar los países del norte de Europa, a la que se han sumado también inmigrantes económicos.

Se cierra una vía y se abre (o se reabre) otra. “Si ya no se habla del Mediterráneo Occidental es porque forma parte de la solución”, asegura Fernández Díaz. Pero advierte: “Esto son vasos comunicantes: si tu taponas el Mediterráneo Oriental y Central, vendrán al Occidental”.

Patricia Ortega Dolz

EL PAIS

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