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Malestar policial por las críticas a la operación contra Torres Hurtado

  • Escrito por Redacción

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El comunicado de la Fiscalía General del Estado en el que denunciaba "medidas intrusivas" en alusión al registro de la casa del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha causado malestar entre los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según han informado fuentes policiales.

A las críticas de la Fiscalía se ha sumado también el propio alcalde de Granada, quien ha cuestionado su detención, los registros practicados y, sobre todo, la intervención de efectos personales como ordenadores y teléfonos.

Sin embargo, fuentes policiales han indicado que todas sus actuaciones fueron ordenadas y supervisadas por la juez de Instrucción número dos de Granada que investiga este presunto caso de corrupción urbanística en la ciudad. Se remiten al auto emitido por la magistrada el día 12 dentro de las diligencias declaradas secretas en el que acordaba la entrada y registro en 28 domicilios.

En ese listado figuraba en primer lugar el del alcalde de Granada detallando su dirección de la calle Obispo Hurtado de la ciudad nazarí. Las fuentes argumentan además que la jueza ordenó expresamente todos estos registros se realizasen de forma simultánea y con la presencia de letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales).

La hora fijada por la juez para iniciar esta operación eran las 7.00 horas del miércoles 13 de abril hasta que terminasen los agentes. Para ello, la titular del Juzgado habilitaba la noche de ese miércoles e incluso el día siguiente en caso de que fuese necesario. Otra de las actuaciones autorizadas por la juez era el registro de todos los teléfonos móviles y el acceso a los correos electrónicos.

Recuerdan las fuentes policiales consultadas que este auto fue remitido a la Fiscalía sin que el Ministerio Público manifestase su deseo de recurrirlo (opción para la que había habilitados tres días de plazo) por lo que realizaron la operación al día siguiente siguiendo las instrucciones del Juzgado.

La Fiscalía señaló en su comunicado que las 17 detenciones practicadas no fueron ordenadas por la autoridad judicial, sino que se hicieron "a iniciativa de la fuerza policial".

Las fuentes consultadas explican que cuando se realiza un registro, el dueño del domicilio tiene que estar presente. Dado que esos registros se pueden prolongar durante horas, es habitual que para justificar legalmente su retención en ese lugar, se les lean sus derechos y queden formalmente detenidos por los mismos delitos por los que luego quedan en libertad en calidad de investigados.

Según estas fuentes, eso es lo que ocurrió en este caso en el que todos los detenidos quedaron en libertad a lo largo del miércoles, incluyendo el alcalde. Recuerdan estas fuentes que la Policía tiene competencia para llevar a cabo esas detenciones.

EL MUNDO

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